Llegan buenas noticias para el Gobierno central en forma de sentencia del Tribunal Supremo. El órgano judicial ha dictado sendos fallos que, de facto, libra a la Administración General del Estado a tener que compensar con casi 50 millones de euros a las empresas explotadoras de las dos autopistas de peaje de la provincia de Málaga.

Así consta en las resoluciones, fechadas los pasados 21 y 22 de diciembre. Conforme a lo recogido en ambos documentos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, rechaza de plano las pretensiones de las empresas privadas concesionarias de ambas carreteras.

En ambos casos, se trata de demandas con las que las concesionarias buscaban reparar el impacto negativo que tuvo la entrada en vigor del estado de alarma acordado por el Ejecutivo al inicio de la pandemia de la Covid. Los diferentes decretos estatales incluyeron importantes restricciones en la movilidad de los ciudadanos.

La demanda de mayor impacto económico es la formulada en su momento por Autopista del Sol Concesionaria Española, S. A., responsable de la gestión de la vía que une buena parte de la Costa del Sol y que llega hasta la provincia de Cádiz. Su representación legal había exigido el pago de una indemnización por valor de 40,6 millones de euros.

El paso judicial de la entidad tuvo lugar el pasado 2 de marzo de 2022, cuando se presentó un recurso contencioso contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación que, previamente, había formulado el 20 de julio de 2020 ante el Consejo de Ministros. 

A ojos de la entidad privada, desde que entró en vigor el Decreto aprobado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia de la Covid (17 de marzo de 2020) hasta el 8 de mayo de 2021, "adquirió un derecho a percibir una compensación igual a los ingresos dejados de percibir a consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado y otras Administraciones públicas para luchar contra el Covid-19". 

Según se refleja en la sentencia del Supremo, la concesionaria considera que el citado decreto del Gobierno "expropió derechos consolidados", lo que le hace merecedora de una indemnización por parte del Estado. Una interpretación que es rechazada por el Supremo.

Algo semejante ocurre con la demanda interpuesta por Autopista del Guadalmedina, Concesionaria Española, S. A., que recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 2022, "por el que se resuelven determinadas solicitudes de reequilibrio económico que, por razón del COVID-19".

En este caso concreto, la entidad solicitó del Gobierno una importante compensación, valorada en 8,6 millones, "por la pérdida de ingresos sufrida como consecuencia de las medidas de lucha frente al Covid-19". De manera precisa, se reclamó 3.269.255,46 euros correspondientes a los ingresos dejados de percibir desde el 15 de marzo hasta el 20 de junio de 2020; 3.176.442,65 euros por el periodo entre el 21 de junio y el 31 de diciembre de 2020; otros 1.123.675,12 euros por el periodo entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2021, y otros 1.083.807,97 euros por el periodo entre el 15 de marzo y el 8 de mayo de 2021. 

Asimismo, "subsidiariamente" a la pretensión anterior, reclamó el derecho a que se ampliase el periodo concesional en 244 días a partir del 28 de septiembre de 2044, cuando está prevista la terminación del contrato vigente, por la pérdida de ingresos sufrida durante entre el 15 de marzo y el 8 de mayo de 2021.