Importante operación de la Policía Nacional contra la explotación sexual de mujeres en la provincia de Málaga. La intervención ha permitido liberar a 20 mujeres explotadas por una red criminal cuyos integrantes las sometían a una férrea vigilancia, a través de un sistema oculto de cámaras de grabación. 

La operación, bautizada como Muralla, ha permitido la detención de 34 personas como por su presunta participación en delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra la salud pública, ocupación ilegal de inmuebles, tenencia ilícita de armas, entre otros. 

Según las pesquisas, la trama obligaba a las víctimas a prostituirse durante jornadas maratonianas y, además, las forzaban a vender drogas entre los clientes. Durante la actuación se han realizado 14 registros en Málaga capital, en Marbella y Estepona, y en Algeciras (Cádiz).

Los mismos han permitido intervenir 82.000 euros en efectivo, 600 gramos de hachís, varias dosis de cocaína y de tucsi (cocaína rosa), un coche robado, armas prohibidas, cámaras de grabación, teléfonos móviles y documentación fraudulenta.

Según detalla la Policía Nacional, la investigación se inició en 2021 a partir de una información que apuntaba a la existencia en la costa malagueña de un grupo organizado, con ciudadanos de origen español y sudamericano, que captaba mujeres, sobre todo de Colombia, en situación de vulnerabilidad. La finalidad era explotarlas laboral y sexualmente mediante falsas promesas laborales. 

Engañadas y endeudadas 

De entre las 20 mujeres liberadas, dos habían sido engañadas en su país de origen y habían contraído una deuda con la organización por el pago del viaje hasta España, que tenían que saldar ejerciendo la prostitución. 

Para vigilar la labor de estas mujeres, en las casas de citas había instalados sistemas ocultos de cámaras de video que grababan a las trabajadoras y a los clientes. Y todo ello sin su consentimiento ni conocimiento.

La organización conseguía beneficios no sólo con la explotación laboral y sexual (las mujeres tenían que estar disponibles las 24 horas del día), sino también de la venta de sustancias estupefacientes y la ocupación ilegal de inmuebles, que, a través de contratos fraudulentos de alquiler, explotaban como prostíbulos. 

Los investigados utilizaban un entramado de empresas interpuestas, dando apariencia de legalidad, que usaban para delinquir, entre los que se encontraban varios negocios de reparación y desguace de vehículos ubicados entre Málaga y Algeciras.