La okupación o el allanamiento ilegal de viviendas, locales comerciales u otro tipo de inmuebles en la provincia de Málaga ha obligado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a realizar más de 3.000 intervenciones desde el año 2015 hasta finales del pasado ejercicio.

Así lo constatan los datos oficiales facilitados por el Gobierno central en contestación a una pregunta formulada meses atrás por los diputados nacionales del Partido Popular.

Atendiendo a las cifras formales, que no tienen porqué coincidir con el número real de inmuebles okupados o allanados, el año con mayor número de actuaciones ha sido 2021, con 429, superando incluso las 371 de 2020, ejercicio claramente marcado por la crisis sanitaria de la Covid.

En el caso de la anualidad más reciente, 2022, la estadística está actualizada hasta el mes de noviembre. En esos primeros once meses, según la contestación, han sido 415 las actuaciones, con una media cercana a las 38 mensuales. Este parámetro supera la media de 2021, cuando fue algo superior a las 36.

Se explica en la contestación emitida por el Ejecutivo, fechada el pasado 7 de febrero, que la consideración de "okupación de inmuebles" se corresponde con los delitos del Código Penal, incluyendo el allanamiento de morada (artículo 202) y la usurpación de inmuebles (artículo 245), "sea con violencia o no, y sean residenciales o no".

"Cabe indicar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia", se precisa.

Aclaran desde la Administración estatal que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada. 

"Aquí el proceder de las FCSE está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso las FCSE si pueden desalojar los casos de usurpación en el momento", agregan.

La información que viene facilitando el Gobierno central en los últimos meses no sitúa a Málaga como la provincia con más casos. Los datos correspondientes a 2021 otorgaban ese dudoso honor a Barcelona, con 5.483 actuaciones policiales, casi cuatro veces más que Madrid (1.660), situada en segunda posición.

En tercera posición se encontraba Girona, con 976 okupaciones. Y tras ella, Valencia, con 960; Sevilla (777); Tarragona (643); Murcia (628), Alicante (595), Baleares (509), Toledo (485) y Málaga (429).