"Somos la capital de Andalucía, lo dice el Estatuto, voy a reivindicar la capitalidad a través de una ley: como Zaragoza, Palma, Madrid, Barcelona, Mérida o Logroño. Exijo que se tramite esa Ley de Capitalidad en el Parlamento de Andalucía". Estas palabras las pronunciaba el actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en el mitin de Pedro Sánchez el pasado sábado en el barrio hispalense de Pino Montano.

Muñoz volvía a poner en el debate una propuesta que el exalcalde del PP Juan Ignacio Zoido planteó hace quince años. Entonces, se hablaba de una fractura entre dos alcaldes populares: el citado Zoido y Francisco de la Torre en Málaga. Sevilla exige una ley que le permita contar con más recursos, algo que desde Málaga se ve con recelo.

Tanto es así que en este asunto no hay visión conjunta de partido, sino que en cada extremo de la A92 hay una interpretación común a izquierda y derecha: en Sevilla PP y PSOE abogan por esa Ley de Capitalidad; en Málaga niegan la mayor y la rechazan de plano.

En el caso de los socialistas malagueños, su secretario general, Daniel Pérez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga, asume que esta "no es una propuesta nueva, viene de la etapa de Zoido", al mismo modo que considera que su compañero en Sevilla, Antonio Muñoz "puede hacer las peticiones que crea conveniente".

Así, Pérez indica que desde el PSOE de Málaga se entiende "que no hay nada que compensar a Sevilla, ya que no existe agravio económico". De hecho, el económico es el principal motivo que han argüido socialistas y populares sevillanos para reivindicar esta norma que diferencie a Sevilla del resto de ciudades de Andalucía.

Pérez, además, cree que "la propuesta es innecesaria" y "no está justificada ni aporta nada a Andalucía". La opinión del líder de los socialistas malagueños concuerda en buena parte con la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que hace unas semanas decía no encontrar "ninguna razón" para esta exigencia ya que ser capital "ya es una ventaja brutal" con respecto a otras ciudades.

De este modo, De la Torre confesaba que no entendía "sea quien sea el alcalde, una compensación económica por ser capital administrativa, si no tiene más que ventajas". Como en ocasiones anteriores, el regidor malagueño recordaba que, según su criterio, la conformación de la autonomía andaluza en términos administrativos es "100% centralista".

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, zanjó en agosto el tema diciendo que "no hace falta" la Ley de Capitalidad porque "el compromiso de la Junta con Sevilla está demostrado".

Unión en Sevilla

Si el sucesor de Juan Espadas en la Alcaldía hispalense, Antonio Muñoz, ha hecho de esta reivindicación su bandera, la respuesta de los populares no se ha hecho esperar. El candidato del PP a gobernar la ciudad de Sevilla en las próximas municipales, José Luis Sanz, reivindicó la autoría intelectual de esta petición: "Zoido abanderó la Ley de Capitalidad desde el año 2007, siendo rechazada tanto por el PSOE municipal de Monteseirín como por la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas".

Aunque de partida, ambos candidatos estén en el mismo barco, Sanz recrimina a Muñoz que su decisión de traer al debate público de nuevo esta medida "huele más a estrategia electoral que a verdadero interés en conseguirla", en referencia a los próximos comicios de mayo de 2023.

Sin citar a Málaga en sus intervenciones, Sanz -ferviente admirador de las políticas de De la Torre- sí ha confirmado que en su partido "siempre hemos apostado por una Ley que no discrimine al resto de capitales de provincia de Andalucía, pero que reconozca a Sevilla como capital e incluya financiación para ejercer las competencias, así como un mínimo de inversiones en infraestructuras".

Funcionarios en Sevilla

Uno de los beneficios que se deslizan de la capitalidad, sin necesidad de ley alguna, es la cantidad de funcionarios. Según el informe del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno, la provincia de Sevilla (principalmente su capital) cuenta con un total de 121.254 empleados públicos. De estos, 74.784 -25.549 hombres y 49.235 mujeres- corresponden a personal bajo el descriptor de "sector público de las comunidades autónomas".

Por su parte, en la provincia de Málaga hay un total de 82.680 puestos de empleo público, de ellos 50.319 -16.658 hombres y 33.661 mujeres-, se le imputan a la Administración autonómica. La diferencia es casi de un 50% más funcionarios autonómicos en Sevilla.