El Ministerio de Transporte acaba de poner en marcha el procedimiento para contratar obras valoradas en unos 19 millones de euros (IVA incluido) en los túneles del tramo más oriental de la autovía A-7 a su paso por la provincia de Málaga. El motivo de la intervención no es otro que la necesidad de adecuar estas infraestructuras a las exigencias de seguridad que vienen marcadas en un decreto de 2006.

Pese a que la aprobación de la citada normativa es de hace 15 años, no es hasta ahora cuando se activa el mecanismo para ir adelante con las actuaciones necesarias. Los puntos en los que se van a llevar a cabo estas obras son los pasos de Capistrano, Tablazo, Lagos, Torrox y Frigiliana. 

El citado Real Decreto 635/2006 fijaba la necesidad de "garantizar un nivel suficiente de seguridad a los usuarios en los túneles de la red estatal de carreteras", buscando con ello "prevenir situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio ambiente y las propias infraestructuras".

De acuerdo con el contenido del proyecto de intervención, así como el pliego de condiciones que rige este concurso, son numerosos los incumplimientos detectados en estos pasos soterrados. De manera genérica, la empresa o empresas que se hagan con este importante contrato tendrán que instalar alumbrado de emergencia, sistemas de ventilación de sobrepresión en galerías emergentes, adecuar las instalaciones de comunicaciones, así como el sistema eléctrico.

Otras actuaciones a desarrollar serán la adecuación de los sistemas de extinción de incendios, de los sistemas CCTV y DAI, del pavimento en todos los túneles, del cableado a resistente al fuego en el alumbrado de seguridad y del sistema de ventilación. Al tiempo, tendrán que ser resueltas las anomalías detectadas en la obra civil en los túneles, adecuar la señalización según normativa y otras obras menores de acondicionamiento.

De manera específica, el proyecto incluye otras acciones como la ejecución de galería de emergencia en el túnel de Lagos y la creación de un sistema de drenaje de líquidos tóxicos en los de Capistrano y Torrox.

La envergadura de la operación queda reflejada no solo en el volumen económico, sino en el plazo de materialización, que se fija inicialmente en 35 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 8 de octubre próximo para presentar sus propuestas.