Málaga

El actual mandato de Francisco de la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga está marcado a fuego por dos operaciones de dimensión superlativa: el Plan Litoral, valorado en unos 400 millones de euros, y la vía perimetral, cuyo presupuesto podría rondar los 1.000 millones.

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Pero mientras en el primero de los proyectos el camino parece algo más expedito, con la previsión incluso de empezar a dar forma en pocos meses a los primeros proyectos constructivos, en el segundo la secuencia está más atascada. 

Por eso De la Torre quiere reactivar la maquinaria de una iniciativa que puso sobre la mesa hace ahora más de tres años y medio. Con este objetivo, el veterano mandatario se ha reunido este lunes con representantes de los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Cártama, Coín, Marbella, Moclinejo, Ojén, Pizarra, Rincón de la Victoria, Totalán y Vélez-Málaga, así como responsables de la Junta de Andalucía, la Diputación y la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.

Un encuentro que ha permitido hacer seguimiento de los avances logrados y, sobre todo, escenificar la existencia de un frente institucional común en favor de esta infraestructura. La carretera planteada tendría unos 50 kilómetros de longitud y permitiría enlazar desde Chilches hasta la altura de Fuengirola. 

Varias fuentes consultadas confirmaron que la cita le va a permitir a De la Torre "rearmarse" para "presionar" al Gobierno central, al que viene reclamando, por ahora sin éxito, su aval a la intervención, así como el uso de fondos Next Generation. Y ello se antoja clave cuando tiene previsto solicitar una reunión con la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar el proyecto.

Fuentes municipales han destacado que todos los ayuntamientos están de acuerdo con la infraestructura propuesta. Uno de los objetivos es que los ayuntamientos dispongan en sus planes generales las reservas de suelo necesarias para hacer posible esta carretera en caso de que se vaya adelante con ella. "Lo que queremos es anticiparnos a los problemas de movilidad futuros", han dicho.

"El problema es el coste"

Entre las voces que avalan la iniciativa está la del alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE). "El problema es el coste porque se habla de unos 1.050 millones", ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga, confirmando la imposibilidad de que la financiación pueda ser asumida en exclusiva por las arcas públicas.

A la espera de mayor precisión por parte del Gobierno, clave en la planificación de esta infraestructura, Gallardo sí ha indicado que la idea es que los costes de las expropiaciones, valorados en 40 millones, sean asumidos por el Ejecutivo. Asimismo, ha indicado que el propósito es que se puedan empezar las obras en 2024. 

Otro de los alcaldes asistentes ha sido Joaquín Villanova, de Alhaurín de la Torre (PP), quien no duda respecto a la necesidad de esta actuación. "Me preocupa que al final no tengamos el apoyo del Estado", ha explicado.

De acuerdo con su testimonio, el ministerio parece esquivar un compromiso cierto. "Sólo contempla arreglar unos problemas de saturación de tráfico en las carreteras que son de competencia estatal", ha indicado. 

El regidor se ha mostrado "escéptico" ante el futuro de esta infraestructura, señalando que más allá de la necesidad de contar con actores privados, también será necesaria la aportación pública.