Ya está en marcha: Madrid impulsa una ley urgente para crear 18.000 viviendas protegidas en cuatro años

La Comunidad de Madrid aprobará esta semana en el Consejo de Gobierno la nueva Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda Protegida, con el objetivo de crear más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años.

La norma, adelantada el pasado mes de noviembre por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, busca aumentar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción, adaptando el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado.

Entre las principales medidas, el Ejecutivo autonómico contempla incentivos para incrementar la capacidad residencial sin necesidad de consumir nuevo suelo.

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En concreto, se permitirá ampliar hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificabilidad, lo que facilitará aumentar el número de viviendas dentro de una misma promoción.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente entre jóvenes y familias.

La Comunidad de Madrid asegura haber "liderado" la construcción de vivienda pública en España, concentrando más del 40% del total nacional.

Uno de los pilares de esta política es el Plan VIVE, programa de colaboración público-privada orientado al alquiler asequible, que ya ha permitido la entrega de 5.300 viviendas en una veintena de municipios.

14.000 viviendas en 2027

A lo largo de este año está prevista la incorporación de otras 3.200 viviendas en construcción, con el objetivo de alcanzar las 14.000 en 2027.

A estas medidas se suman iniciativas fiscales y de apoyo financiero dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda. Desde 2019, la Comunidad ha aprobado 14 rebajas de impuestos con este fin, muchas de ellas orientadas a menores de 25 años.

Además, se ha ampliado de 40 a 50 años la edad límite para acceder a avales hipotecarios, en un programa dotado con 25 millones de euros.

La región también ha impulsado cambios normativos para incrementar la oferta, como la conversión de oficinas en viviendas de alquiler, una medida que, en un año, ha permitido incorporar más de 8.000 nuevos inmuebles al mercado y beneficiar a unas 20.000 personas.

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El programa Mi Primera Vivienda ha sido reforzado elevando hasta 425.000 euros el importe máximo subvencionable, con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios que pueden acceder a financiación hipotecaria del 100%.

Asimismo, en 2026 la inversión pública en vivienda social crecerá un 24%, lo que permitirá avanzar en la entrega de más de 700 de las 2.100 viviendas previstas esta legislatura para familias vulnerables.

Por otro lado, el Gobierno regional ha dado luz verde a la construcción de vivienda protegida en parcelas privadas mediante el cambio de uso de suelo inicialmente destinado a alojamientos hoteleros.

También ha aprobado nuevas ayudas para familias numerosas y monoparentales, recuperando la figura del alquiler con opción a compra, eliminando tasas en la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos y reforzando la oferta de alquiler en pequeños municipios.