Procesado el alcalde de Arroyomolinos, sucesor de la 'número 3' del PP de Madrid, por supuesta malversación

La investigación al alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, sigue su curso. El juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha decidido procesar al sucesor de Ana Millán, número 3 del PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, por una supuesta comisión de delitos como prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación,

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado decide proseguir con el procedimiento judicial contra Quiroga y María Isabel Santamaría Alonso, quien es la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos.

El trámite en el procedimiento implica que se ha finalizado la investigación, permitiendo así que se inicie la fase intermedia antes de un posible juicio.

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Por su parte, desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos indican a Madrid Total que este trámite mantiene al alcalde como investigado.

Los hechos que se están investigando se remiten a los tiempos en los que Quiroga era concejal del Ayuntamiento y presidente del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, Quiroga, junto a Santamaría Alonso, quien ocupa el cargo de secretaria del Consejo de la Empresa de Gestión de Servicios de Arroyomolinos —una empresa de titularidad 100% pública—.

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En ese momento, ambos acordaron modificar "de común acuerdo y con anterioridad al 26 de septiembre de 2019" el acta de la sesión del Consejo de dicha mercantil. Esta sesión tuvo lugar el 19 de julio de 2019, donde I. R. fue cesado como secretario del Consejo y se designó a la investigada como su reemplazo.

Los investigados, en concreto, "introdujeron que además María Isabel asumiría el cargo de adjunta a la presidencia, en virtud del cual cobraría un salario diferente al de Secretaria, y se nombraron a otros dos adjuntos a presidencia, que igualmente percibirían un salario".

"Todo ello, prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los Estatutos Sociales de Emuvisa, S.A.", recoge el auto del que se ha hecho eco Europa Press.

Se concluye, a partir de las diligencias realizadas, que existen indicios suficientes de criminalidad en relación con los investigados. Además, se determina que están presentes todos los elementos necesarios para considerar que se han cometido delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación.

De la documentación presentada en el expediente se pueden extraer tales indicios, destacando el acta de la reunión del Consejo de Administración de Emugesa, S.A.U., que fue firmada por la investigada en calidad de secretaria y por el investigado como presidente del Consejo.

El certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, junto con el Documento de liquidación y finiquito, así como las nóminas proporcionadas por la representación legal de la investigada, también respaldan esta situación.

Visión del alcalde

Por su parte, el alcalde ha enviado un comunicado en el que ha negado que el procedimiento haya evolucionado a este paso, puesto que no "tiene constancia de que el Juzgado haya dictado auto de procesamiento. Únicamente existe un auto, trasladado a las partes el pasado 23 de julio, en el que se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado".

De hecho, Quiroga ha solicitado al Juzgado el sobreseimiento de la causa, dado que el procedimiento "no tiene fundamento y se basa en una denuncia falsa".

"Se trata de un asunto que tiene su origen en 2020, a raíz del despido de un trabajador de EMUGESA, decisión que fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Consejo de Administración de la empresa, entre los que se encontraban concejales de la oposición que aún son ediles de la Corporación. Esos mismos concejales respaldaron en sede judicial la decisión que tomó el Consejo de Administración y negaron que el alcalde hubiese alterado cualquier documento", ha argumentado. 

En el Ayuntamiento insiste en que las acusaciones vertidas contra el alcalde, "sin fundamento alguno", sólo buscan "causar un daño personal y político, se refieren exclusivamente a un asunto de carácter administrativo y, bajo ningún concepto, guardan relación con cuestiones económicas ni con el dinero del contribuyente al tratarse del cese de un empleado".