Tras la calma, nunca llega la paz. Eso es lo que debe de pensar el Gobierno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de conocer que las calles de su capital vuelven a calentarse para una nueva revuelta social.

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Después de haber conseguido apaciguar el debate de la sanidad pública consiguiendo desconvocar la huelga de la Atención Primaria con un acuerdo que ha agradado, y mucho, a los médicos; la educación sale a la calle.

La Marea Verde va a teñir las calles de Madrid este próximo 25 de marzo en defensa de la educación pública. Una manifestación que no viene marcada por ningún problema reciente entre la región y el sistema educativo, pero que, seguramente, será usado por la oposición de Madrid para aumentar la presión del Ejecutivo.

Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea. Efe

A escasas semanas de las elecciones municipales y regionales, la Marea Verde vuelve a salir a la calle. Sus reclamaciones no son nuevas, pero intentarán que se escuchen en un momento crucial para el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La última vez que se manifestaron fue el 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En ese momento, miles de personas convocadas por la Marea Verde por la Educación se movilizaron pidiendo más inversión en la educación pública.

Bajo el eslogan "No a la privatización de la educación pública", docentes y ciudadanos están llamados a movilizarse a partir de las 18.00 horas en Neptuno. La manifestación no tendrá un recorrido muy largo, puesto que irá desde dicha plaza hasta la consejería de Educación, que está en la Calle Alcalá, pasando por Cibeles.

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En el manifiesto de la convocatoria de la marcha, Marea Verde Madrid recuerda que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso "es el que menos invierte en Educación Pública".

Además, lo contraponen con el hecho que se destina "cada vez más dinero público" a centros privado-concertados, beneficiando a "familias que ingresan más de 100.000 euros con cheques para que sus hijos e hijas estudien Bachillerato y Formación Profesional en la privada" e incrementando un 15% el presupuesto "para gastos de funcionamiento y para la contratación de personal no docente".

Del mismo modo, Marea Verde asegura que la CAM ha repartido "entre centros privado-concertados" 1,9 millones de euros de los fondos Next Generation al programa PROA+, pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado vulnerable.

El portavoz del Gobierno madrileño y consejero de Educación, Enrique Ossorio.

Entre las reivindicaciones históricas que estarán presentes en la marcha destaca la de que la inversión en Educación sea el 7% del Producto Interior Bruto y una bajada de ratio a un máximo de 15 estudiantes por clase, "sin pérdida de grupos ni de ninguna plaza".

En una línea muy similar a la que la oposición ha llevado durante los últimos meses, reprochan que la Comunidad "regala suelo público" y construye "pocos nuevos centros públicos y además en varias fases".

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Dicen que Ayuso y su consejero de Educación, Enrique Ossorio, favorecen "el negocio educativo con dinero público en zonas donde hay una gran movilización y demanda de plazas públicas", como el Ensanche de Vallecas, Valdebebas y El Cañaveral, haciendo centros concertados.

Pese a que uno de los grandes hitos de la presidenta esta legislatura ha sido ampliar el número de plazas de Educación Infantil, que además es gratuita por primera vez, Marea Verde reclama "la creación de más Escuelas Infantiles de 0-6 años públicas de gestión directa".

En la anterior convocatoria muchas plazas de Formación Profesional quedaron vacantes por no resultar atractivas para el alumnado, tras dejar fuera a muchos demandantes. En este sentido, otra de las reclamaciones va a ser crear "más plazas públicas de Formación Profesional y Universidad y una supresión de tasas ya".

Como ha ocurrido en el debate sanitario, la Marea Verde también se va a centrar en los docentes y la necesidad de ampliar las plantillas, sobre todo en lo que respecta a orientadores, docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y de Compensatoria; profesorado de Servicios a la Comunidad, técnicos Educativos y técnicos de Integración Social.

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Una de las grandes guerras de esta legislatura de Isabel Díaz Ayuso con el Gobierno central de Pedro Sánchez ha sido blindar a la Comunidad de Madrid de la nueva ley educativa LOMLOE, conocida como Ley Celáa.

Para ello, la Consejería de Educación puso en marcha la ley Maestra con la que la Marea Verde se muestra en desacuerdo, ya que aseguran que "atenta contra los principios de inclusión y de aumento de las plazas públicas que se defienden en la LOMLOE".

Reclaman su derogación porque, a su parecer, "fomenta la segregación y blinda el negocio de las empresas de la privada-concertada en detrimento de la Educación Pública".