Un edificio "histórico", a dos pasos de la Plaza Mayor y cercano a la Puerta del Sol, se ha convertido en el "ejemplo más palmario" de la "ley de la jungla" de los apartamentos turísticos que funciona en Madrid. Más Madrid califica así la situación del Palacio del Conde de Miranda, construido en el siglo XVIII, y donde "desde hace varios años ya hay 26 apartamentos turísticos ilegales". Ahora, el Ayuntamiento está tramitando un plan para cambiar de uso un edificio donde, según el grupo municipal que lidera Rita Maestre, existe una "orden de cierre" desde 2021. "El propietario está buscando por la puerta de atrás una fórmula para legalizar su situación", ha señalado la portavoz.

El propio delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó la semana pasada que se está tramitando un plan especial, pero que todavía está pendiente de las alegaciones pertinentes y de llevarse al Pleno. Maestre, que ha confirmado que Más Madrid sí que ha presentado alegaciones al plan, ha asegurado que el Consistorio "sabe" que sobre el edificio pesa una "orden de clausura" y que, sin embargo, "no hace nada".

A su juicio, lo que la propiedad pretende con el plan es convertir el edificio en la "formalidad en lo que ya es en la práctica: un hotel". "El Ayuntamiento de Madrid no solo no va a cumplir con su propia normativa cerrando de forma inmediata estos apartamentos turísticos ilegales, sino que está buscando hacer un traje a medida al propietario", ha señalado a los medios de comunicación en declaraciones recogidas por los medios de comunicación delante del Palacio.

[Rebelión vecinal en Legazpi contra una promotora que pone pisos de lujo en bajos: "Pretenden tirar la fachada"]

Según Somos Diario, este grupo considera que el intento de legalizar la actividad del edificio a través de un plan especial incumple lo previsto en la normativa municipal porque el cambio de uso está motivado por "la obtención de lucro económico" y no por la "protección y puesta en valor" de la construcción.

El Palacio, detalla el citado digital, lo compró la empresa Arralde Inversiones en 2014. Dos años después, en 2016, inició su actividad de apartamentos turísticos. Tenía, incluso, el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Pero la aprobación del Plan Especial de regulación del uso en clase de Hospedaje (PEH) de Manuela Carmena supuso que su actividad fuera declarada como ilegal, sin contemplarse el uso turístico de las viviendas.

En sus explicaciones, Carabante criticó a la izquierda por "dar lecciones" cuando la norma de Carmena, aprobada en 2019, es la que se está aplicando para tramitar el plan especial. "Si este plan especial se puede tramitar, es única y exclusivamente porque la izquierda hizo en el año 2019 un plan especial de hospedaje para poder regularlo", manifestó.

Precisamente, el alcalde José Luis Martínez-Almeida avanzó el martes que el Ayuntamiento sacará adelante "en tres o cuatro meses" una nueva normativa sobre los pisos turísticos de Madrid porque la "anterior no ha funcionado". Entre los objetivos de la nueva regulación está la de poner coto a los pisos para turistas que funcionan de manera ilegal.