Banderas de Francia
Honestamente, hay advertencias que preferiría haberme ahorrado. Hace tres semanas, en esta misma tribuna, escribía sobre el riesgo de que Francia cediera bajo el peso de sus cuentas. La señal estaba en la prima de riesgo.
El 2 de octubre, el diferencial de su bono a diez años frente al alemán superó los 158 puntos básicos, su máximo desde finales de 2011. La rentabilidad francesa rozó el 5%. Después llegó un pequeño respiro financiero. En la calle, el alivio ha durado bastante menos.
Francia ha estallado. El sábado, cientos de miles de personas se manifestaron mientras grupos violentos incendiaban edificios y saqueaban comercios. Las imágenes del ayuntamiento de Limoges ardiendo, donde recientemente estuve, causan verdadero pavor y, en mi caso, una profunda impresión. No encuentro razón que justifique un cóctel molotov, ni acepto que quienes lo lanzan se apropien de la voz de quienes protestan pacíficamente.
Las imágenes que nos llegan no es que parezcan, es que son de guerra. Precisamente por su gravedad, conviene explicar qué está rompiéndose sin convertir esa imagen en un diagnóstico de guerra civil.
Mi lectura es que el malestar desborda a Macron y cualquier recorte concreto. Los estudiantes que reclaman profesores, las familias que apenas llegan a fin de mes y los trabajadores que perciben el deterioro de los servicios están cuestionando una promesa: entregar una parte considerable de su renta al Estado a cambio de seguridad y oportunidades.
El progresismo consiste en una política por la que acallar el desencanto sale electoralmente más barato que corregir sus causas
Muchos de esos jóvenes han nacido este siglo. Han crecido escuchando que cada problema exigía más presupuesto y contemplan un presente que no responde a las expectativas de sus padres. Es lo que llamaría una vida zombificada, seguir cumpliendo obligaciones sin poder imaginar una mejora.
Sería cómodo despachar su frustración como ignorancia económica. Tan irresponsable como creer que otro cheque público puede resolverla.
La dimensión del esfuerzo merece analizarse. Entre 2001 y 2025, el gasto de las administraciones francesas promedió unos 18.600 euros por habitante y año, según el cálculo sobre las series de Eurostat. Son euros corrientes, sin corregir la inflación. En 2025 fueron cerca de 24.800 euros por persona: 1,7 billones en total.
Desde la crisis financiera de 2008 todos los países europeos han pasado por ajustes, rescates y emergencias que justificaron intervenciones extraordinarias. La política descubre que aprobar gasto resulta más agradecido que revisar su utilidad, y que endeudarse permite aplazar la discusión sobre quién paga.
El progresismo consiste en una política por la que acallar el desencanto sale electoralmente más barato que corregir sus causas. Hasta que deja de salir barato en el mercado.
El Estado ha extendido cheques que su bolsillo no podía pagar. Si alguien se sentía maltratado, se anunciaba una partida; si faltaban ingresos, se recurría al déficit; si crecía la deuda, se confiaba en que el crecimiento o el siguiente gobierno arreglaría las cuentas.
A junio de 2026, Francia debía 3,595 billones de euros, el 119% de su PIB. Al cierre de 2001 estaba en el 59,3%. La factura ha sobrevivido a todos los relevos políticos.
El precio de esa herencia se ve en los intereses ya que en 2025 las administraciones francesas pagaron 64.700 millones, un 11,2% más que el año anterior. Para ponerlo en perspectiva, la sanidad y la educación absorbieron, respectivamente, 261.000 y 149.000 millones en 2024. Contrariamente a lo que pasa en Estados Unidos, la carga financiera todavía sigue siendo menor, pero consume un margen creciente sin añadir profesores ni reducir listas de espera. Además, la deuda antigua va venciendo y debe refinanciarse a las condiciones que acepte el mercado.
Aquí viene la contradicción política. Los ciudadanos reclaman servicios mejores mientras el Estado necesita gastar más para sostener decisiones anteriores. La dificultad de atender lo básico ya no puede explicarse automáticamente como un recorte de la derecha.
El progresismo que identifica justicia social con aumentar partidas tiene que responder por su eficacia. Y las derechas que han gobernado sin corregir esa dinámica tampoco pueden presentarse como observadoras inocentes. Francia ha conocido ambas cosas.
Hace treinta años Europa prometió disciplina compartida y prosperidad mediante la convergencia. Los límites del 3% de déficit y el 60% de deuda sobre el PIB debían contribuir a sostener esa confianza.
Se han incumplido demasiadas veces como para sorprenderse de que los inversores exijan ahora una prima mayor. Y es que el riesgo francés importa mucho más allá de Francia. La moneda común transmite confianza, pero también vulnerabilidad.
Ese desgaste ofrece terreno a quienes prometen romper con todo. Le Pen en Francia, Vox en España. Cada lector encontrará su calificativo. A mí me preocupa que el fracaso de la gestión termine funcionando como argumento suficiente para entregar el poder, sin exigir a los aspirantes una explicación solvente de sus propias cuentas.
Revisar qué gasto funciona, proteger los servicios esenciales y dejar espacio a la inversión que genera renta son tan importante como escuchar al que susurra al ejecutivo que así no, aunque lleve el carné del partido.
Cuando la lealtad se mide por la disposición a callar, la incompetencia acaba encontrando una protección institucional. El votante debería premiar a quien le explique lo que viene, aunque le incomode, y desconfiar de quien vuelva a ofrecerle tranquilidad a crédito.
Paul Valéry escribió, tras la Primera Guerra Mundial, sobre la mortalidad de las civilizaciones. Un siglo después, en abril de 2024, Macron recuperó aquella advertencia en la Sorbona: Europa puede morir.
Añadió que dependía de nuestras decisiones. Hoy resulta difícil escuchar esas palabras sin pensar que los gobernantes europeos han dedicado demasiado tiempo a preparar el discurso del funeral y demasiado poco a evitarlo.
