“Power wolves beset your door, hear them stalking, soon you'll please their appetite, they devour” James Hetfield.
Las doce tramas cuantificadas, los contratos opacos y el gasto político superfluo bastarían para cerrar casi todo el déficit sin subir un solo impuesto y, de hecho, poder bajarlos.
El Gobierno de Sánchez presume de haber cerrado 2025 con el déficit más bajo en dieciocho años. La realidad es muy diferente. Las administraciones públicas gastaron 40.330 millones de euros más de lo que ingresaron, el 2,39% del PIB una vez incluido el coste de la DANA, una cifra que Eurostat redondea al 2,4%.
El propio Ministerio de Hacienda admite que, sin intereses y sin la DANA, el superávit primario apenas llegó a 3.534 millones. La factura de intereses de la deuda ronda los 40.300 millones, prácticamente lo mismo que el déficit. España se endeuda cada año para pagar los intereses de lo que ya debe, y lo hace con unos ingresos públicos récord del 42,9% del PIB y un esfuerzo fiscal confiscatorio, el más alto de nuestra historia.
La realidad es que el déficit estructural de España no se ha reducido, ha aumentado, según la AIReF, y además la moderación de la ratio viene solo de registrar más inflación y gasto público en el denominador, que es el PIB nominal.
Las administraciones públicas gastaron 40.330 millones de euros más de lo que ingresaron
Funcas estima que los intereses pasarán de 43.500 millones en 2026 a una horquilla de entre 63.700 y 72.300 millones en 2031 si no se corrige la trayectoria. Mientras, el Gobierno insiste en que no hay dónde recortar.
Sí lo hay. El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar, como anexo a su informe Blindaje democrático, El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista. A partir de más de 2.300 informaciones periodísticas contrastadas, identifica 22 tramas de ámbito nacional vinculadas al Gobierno o al PSOE.
Doce de ellas tienen una cifra económica asociada y suman 5.432 millones de euros, de los que 2.166 millones corresponden a hechos confirmados por sentencia firme, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o rescates ya concedidos, y 3.266 millones a investigaciones en curso de la UCO o la Fiscalía.
La lista es larga. El caso Koldo-Ábalos acumula 700 millones en obra pública bajo sospecha y la trama de Santos Cerdán y Servinabar, 537 millones en adjudicaciones con presunta comisión. La UCO valora en 750 millones el perjuicio de los rescates de la SEPI en los que Plus Ultra es la pieza central, el caso por el que la Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero.
Forestalia suma 500 millones de plusvalía en un parque eólico, los rescates de Air Europa y Duro Felguera rondan los 616 millones, la Fiscalía Europea investiga 465 millones de fraude con fondos del Plan de Recuperación y el fraude del IVA de hidrocarburos ronda los 300 millones.
A ello se añaden 148 millones en contratos y ayudas a empresas de familiares de altos cargos, 133 millones en el caso Leire Díez, 1.250 millones en pérdidas contables de Correos, 25 millones en el CNIO y 8 millones en el contrato de Barrabés vinculado al caso Begoña Gómez. Fuera de ese total quedan otros 5.000 millones en contratos adjudicados sin concurrencia pública durante la legislatura.
![Una vivienda en alquiler.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11376081.jpg?p=w:320\/h:240&h=pajBPmxy"])
Conviene recordar que las causas abiertas están sujetas a la presunción de inocencia y no todo ese importe es dinero que pueda volver al Tesoro.
Sin embargo, la cifra mide algo esencial, que es el precio de una administración que adjudica sin competencia y controla peor.
El Informe sobre el Estado de Derecho 2026 de la Comisión Europea señala que el 34% de las licitaciones evaluadas en España se cerró con una única oferta.
Cada licitación sin competencia es un sobrecoste que pagan los contribuyentes.
La realidad es que el déficit estructural de España no se ha reducido, ha aumentado.
Las tramas cuantificadas y los contratos opacos suman unos 10.400 millones, aproximadamente una cuarta parte del déficit de 2025. Y la corrupción es solo la parte más indignante. Debajo está el despilfarro.
El gasto de las administraciones públicas pasó de 503.193 millones en 2018 a 725.001 millones en 2024, un 44% más, y en 2025 aumentó en otros 39.883 millones. José Ramón Riera ha calculado, con la clasificación funcional COFOG de la IGAE, que los que él denomina servicios políticos de la Administración Central alcanzaron 216.205 millones en 2022, 2,2 veces lo que costaban con Aznar, la mayor parte en transferencias entre administraciones.
También hay que considerar las 4.996 mayores subvenciones concedidas entre 2021 y 2025 y suman 49.329 millones a fondo perdido, en torno a 10.000 millones al año, de un universo de 14,6 millones de ayudas registradas.
La AIReF ya advirtió en su primera revisión del gasto de que unos 14.000 millones anuales en subvenciones carecían de rendición de cuentas sobre sus resultados. Los gastos en Agenda 2030, 4.500 millones anuales, Transición Ecológica, 10.000 millones anuales cuando las renovables no necesitan subvenciones, 4.000 millones en “Asuntos Económicos” y casi 100 millones en Presidencia destacan como elementos de despilfarro evidente.
El Gobierno de Sánchez presume de haber cerrado 2025 con el déficit más bajo en dieciocho años
Sánchez ha disparado el gasto político mientras el gasto público per cápita real en educación, sanidad, infraestructuras y servicios no se ha movido en los últimos ocho años, como refleja la Universidad Hespérides.
La estructura política también se ha hinchado. El gasto en asesores del Gobierno alcanzó 44,6 millones en el primer semestre de 2026, un 79,7% más que en el mismo periodo de 2019, con 959 nóminas de personal de confianza.
Sumando altos cargos, la factura anual supera los 170 millones. Esa partida no cuadra por sí sola las cuentas, pero retrata las prioridades de un Gobierno con 22 ministerios.
He cuantificado en varias ocasiones las partidas que podrían eliminarse de inmediato. Hablamos de 4.500 millones al año en Agenda 2030, 10.000 millones en transición ecológica para unas renovables que no necesitan subvenciones y más de 4.000 millones en Asuntos Económicos, a los que se suman 5.500 millones en empresas públicas ruinosas y 10.000 millones en subvenciones cuestionables.
Son 34.000 millones anuales, el 2% del PIB, equivalentes al 84% del déficit de 2025. Si añadimos el coste de las tramas prorrateado en los ocho años de mandato, cerca de 1.300 millones anuales, y la grasa de la estructura política, nos acercamos al 90% del agujero. Sin tocar pensiones, sanidad ni educación, y sin subir un solo impuesto.
La protección de los vulnerables es una obligación del Estado y debe financiarse con presupuesto público y parque social
Queda lo más importante, el dividendo de la calidad institucional. El estudio de Francisco Alcalá y Fernando Jiménez para la Fundación BBVA y el IVIE estimó, en su escenario más prudente, que elevar la calidad de las instituciones españolas al nivel que corresponde a nuestro desarrollo aumentaría la renta por habitante a largo plazo un 10,7%.
Aplicado al PIB de 2025, son unos 181.000 millones de euros adicionales cada año, 3.660 euros por habitante.
Con el peso actual de los ingresos públicos, esa renta adicional generaría unos 77.600 millones de recaudación sin subir ningún tipo impositivo, casi el doble del déficit. Basta con que se materialice una décima parte de ese efecto para cerrar el hueco restante.
El punto de partida es muy malo. España obtuvo en 2025 su peor registro histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con 55 puntos y el puesto 49, y ocupa el puesto 30 de las 37 economías de la OCDE en entorno legal y político.
![José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10752661.png?p=c:1277:958:nowe:228:2\/w:320\/h:240&h=zgxmzdXw"])
El 92% de los españoles considera que la corrupción está extendida, frente al 71% de media en la UE. Esa desconfianza se traduce en inversiones que no llegan y empresas asfixiadas.
España sufre un problema de gasto y de calidad institucional que ninguna subida de impuestos va a corregir. Hay que cortar la sangría de gasto político, supresión de las partidas ideológicas, reducción de ministerios y organismos de control verdaderamente independientes.
Con estas medidas el déficit desaparecería en una legislatura, se podrían bajar impuestos de manera generalizada y la deuda dejaría de crecer.
La factura de la corrupción y del despilfarro la pagamos todos los ciudadanos con salarios reales netos estancados e impuestos récord.
Atacarla, además de una exigencia moral, es la reforma fiscal más rentable para España. El sanchismo le sale muy caro a los españoles.
