Pedro Sánchez en La Moncloa.
En esta tribuna ruego al lector que perdone que hoy eleve el tono, porque esto ya no va de matices técnicos sino de honestidad intelectual. El Gobierno anuncia a bombo y platillo un “fondo soberano” de 10.500 millones para “trascender al año 2026” (sic) y extender el legado de los Next Generation “más allá de 2026” repitiendo la misma idea en la misma frase, como quien rellena un examen sin estudiar. Ese desliz lingüístico es casi poético: nadie “trasciende al año 2026”, pero sí se puede trascender el pudor.
La situación real es que cuando el Gobierno no sabe ejecutar, inventa un envoltorio nuevo. Y cuando la realidad le contradice, cambia el nombre del paquete y vuelve a presentarlo. Ayer fue España Puede, hoy es España Crece. Mañana, quién sabe.
Lo que sí sabemos es que el Plan de Recuperación se presentó hasta nueve veces, elevando expectativas para luego dejar confusión y frustración en ls empresas. La propaganda es barata, la ineficiencia nos cuesta dinero a los españoles.
La Moncloa reconoce sin querer, el origen real del invento: “ante el fin de los fondos Next Generation este año” se crea el “vehículo” España Crece. Traduzcamos: se acerca el precipicio del calendario, agosto del 2026, y hay que evitar devolver fondos europeos del NextGen o reconocer el fracaso de la ejecución.
Esto no es un “fondo soberano” al estilo de los países que ahorran excedentes y profesionalizan la inversión; es más bien un salvavidas construido con los préstamos sin ejecutar y urgencias.
Si el Gobierno realmente hubiese descubierto la piedra filosofal de la coinversión público-privada, no necesitaría rebautizarla cada año
Y, como todo salvavidas, llega acompañado de propaganda. Sánchez promete movilizar 120.000 millones a través de deuda privada e inversores, gestionado por el ICO, coinvirtiendo con el sector privado y priorizando una lista kilométrica de sectores (vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, seguridad…). Los mismos sectores de PERTES fracasados (Ciclo del agua, Descarbonización, VEC, Economía Circular, Perte CHIP, Perte de Vivienda). ¿Qué clase de bromas es esto?
Muchas palabras vacías, pero nada concreto: ¿tasa de retorno objetivo, criterios de adicionalidad, límites de riesgo, gobernanza independiente, métricas trimestrales? Silencio.
La situación hace que me vuelva hacia James Buchanan: cuando la política controla la asignación de recursos, la pregunta no es ¿qué intentan hacer?, sino ¿qué incentivos crea para quienes deciden?. Un fondo así es el sueño del intervencionista: discrecionalidad, titulares, y un reparto del capital donde el criterio puede terminar siendo la cercanía al poder, no la productividad.
El Gobierno ya venía preparando el terreno. En diciembre de 2024 se aprobó la transformación de SEPIDES en entidad pública empresarial gestionar fondos (2.930 millones de euros del Plan de Recuperación), incluyendo PERTES. Es decir, antes de “España Crece”, ya se ha cambiado el instrumento para estirar la ejecución y poder seguir gestionando más allá de los plazos y de la falta de presupuestos generales del Estado.
Si el Gobierno realmente hubiese descubierto la piedra filosofal de la coinversión público-privada, no necesitaría rebautizarla cada año. Porque ya existe el FOCO, el Fondo de Coinversión gestionado por COFIDES, con una dotación de 2.000 millones, también de los fondos europeos.
El propio diagnóstico que circula en el debate público es más directo: incapacidad de ejecutar, falta de demanda por burocracia, retrasos acumulados
Esto desmonta el relato de la novedad. España ya tenía vehículo, ya tenía narrativa, ya tenía “transición verde y digital”. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué aporta España Crece que no aporten FOCO, SEPIDES, ICO y el resto del entramado? Si la respuesta es más escala, seguimos en lo mismo: más dinero en manos políticas sin corregir los fallos de ejecución.
La contradicción es casi obscena. Mientras se anuncia un fondo para “continuar” el impulso, España ha renunciado a 60.454 millones de euros en préstamos del NextGen, recortando la ambición financiera del plan de forma drástica. De 163.054 millones iniciales a un máximo de 102.560 millones, una reducción del 37,1%.
¿Y cómo se vende esto? Como “simplificación”, como “prioridades estratégicas reformuladas”, como si recortar fuese sinónimo de planificar mejor.
Pero el propio diagnóstico que circula en el debate público es más directo: incapacidad de ejecutar, falta de demanda por burocracia, retrasos acumulados. Si no puedes correr una maratón, no anuncies que vas a hacer un triatlón.
La guinda del pastel es la promesa de Sánchez: con 10.500 millones se movilizarán 120.000. Eso supone un multiplicador de más de 11 veces. Es un salto de fe en un país donde el Gobierno, según su propio diseño inicial, aspiraba a un efecto arrastre muy inferior (4 euros privado por cada euro público del Plan de Recuperación) y, en la práctica, ni siquiera se acercó a las expectativas de coinversión que se vendieron para el Plan.
El liberalismo no es negar al Estado, sino exigirle límites, reglas y control
Aquí es donde la crítica económica debemos centrarla: si Sánchez no logró una movilización mínima con el plan original, ¿por qué creer que ahora sí… sin cambiar los incentivos, sin reducir la burocracia y sin someterte a control parlamentario real? Porque esa es otra: el Gobierno anuncia y el lunes “dará detalles”. Primero el titular, luego, el contenido.
Y llegamos a la última pregunta: ¿para qué quiere el Gobierno un nuevo fondo? La Moncloa ya desliza la respuesta cuando habla de atraer capacidades “alineadas con el interés nacional y comunitario” y de un comité específico para inversiones estratégicas.
Las palabras importan: “alinear” no es “facilitar”. “Alinear” es orientar desde arriba, como si el tejido productivo fuese plastilina, es hacer que los intereses de las empresas se amolden a los de Sánchez.
El liberalismo no es negar al Estado, sino exigirle límites, reglas y control. Juan de Mariana advertía, con siglos de ventaja y clarividencia lo que ocurre cuando el poder se considera dueño del patrimonio colectivo, termina tratándolo como propio. A esto añadan que el problema del gasto público no es solo cuánto se gasta, sino cómo se decide y quién paga el error.
En un fondo con instrumentos de capital, avales y préstamos, el error se paga doble. Si sale bien, se apuntará el tanto el Gobierno; si sale mal, se socializa la pérdida. Es el terreno perfecto para el capitalismo de amiguetes, ese que deberían detestar tanto los defensores del mercado como cualquier demócrata con instinto de higiene institucional.
Por eso vuelvo al tono: esto se parece demasiado a una estafa intelectual. No porque la coinversión sea mala, es útil si está bien estructurada, sino porque se usa como cortina de humo para no admitir lo evidente: no han sabido gastar a tiempo y ahora se improvisa un artefacto para no perder lo que queda.
Lo que corresponde no es un lunes de propaganda. Es una auditoría inmediata, pública e independiente, de ejecución real, adicionalidad, retrasos y calidad del gasto. Decía Hayek que el poder necesita límites porque incluso los bien intencionados que saben poco sobre lo que diseñan, y el daño que provocan cuando creen saber demasiado.
Y aquí el problema no es solo que crean saber: es que prefieren hacer anuncios mientras se niegan a rendir cuentas.
España no necesita “trascender al año 2026”. Necesita trascender la política económica de este gobienro: menos fuegos de artificio y más reformas que aumenten productividad, reduzcan trabas y devuelvan al mercado, y a la sociedad civil, el protagonismo que un Gobierno sin mayoría y sin presupuestos lleva años sustituyendo por relato.
*** Santiago Sánchez es economista.
