El año 2025 ha marcado un récord en la emisión global de deuda verde y sostenible. Según Bloomberg, la emisión agregada de bonos y préstamos verdes a nivel global ha alcanzado en torno a los 947.000 millones de dólares, el mayor volumen anual registrado hasta la fecha.
Este hito se produce, además, en un contexto de creciente fatiga ESG, retrocesos regulatorios en algunas jurisdicciones y un debate político cada vez más polarizado en torno a la transición energética. A primera vista, esta combinación podría parecer contradictoria: ¿por qué el capital sigue fluyendo hacia instrumentos etiquetados como verdes cuando el impulso normativo parece perder fuerza?
La respuesta es más sencilla, y más incómoda para algunos, de lo que suele admitirse. El auge de la deuda verde ya no responde a una narrativa ESG ni a una moda regulatoria, sino a una transformación estructural de la economía: la transición energética es el vector que señala activos esenciales.
La electrificación de la economía, el despliegue masivo de energías renovables, la modernización de las redes eléctricas y el crecimiento exponencial de la demanda asociada a los centros de datos y a la inteligencia artificial han creado una necesidad física de inversión sin precedentes. Las previsiones citadas por Bloomberg apuntan a un crecimiento cercano al 4% anual de la demanda global de electricidad, impulsado por electrificación, digitalización y nuevos usos intensivos en energía.
Desde el punto de vista financiero, esta necesidad se traduce en proyectos claramente financiables. Se trata de inversiones que tienen demanda, generan ingresos, reducen costes estructurales o habilitan actividad económica futura y que, por tanto, se estiman tasas internas de retorno positivas y relativamente visibles.
Los fondos captados se destinan mayoritariamente a transporte limpio, eficiencia energética y energía y redes
No se financia porque sea “verde”; se etiqueta como verde porque es una actividad sostenible, pero se financia porque hay retorno financiero. La etiqueta no crea la demanda, pero ayuda a hacerla visible, trazable y analizable en los mercados de capitales, aportando una narrativa económica clara en un contexto de elevada incertidumbre.
Por ejemplo, el programa de bonos verdes de la Unión Europea, en el marco de NextGenerationEU, ilustra con especial claridad este cambio de paradigma. Desde su lanzamiento, la Comisión Europea ha emitido 78.500 millones de euros en bonos verdes, con el objetivo de financiar hasta el 30% del programa NextGenerationEU mediante este instrumento.
Se trata de uno de los mayores programas de bonos verdes soberanos del mundo y de una referencia indiscutible en términos de escala y diseño institucional.
Los fondos captados se destinan mayoritariamente a transporte limpio, eficiencia energética y energía y redes. Desde esta perspectiva, la financiación del programa NextGenerationEU no es una política climática financiada en los mercados mediante bonos verdes, sino una auténtica política industrial que adopta esta etiqueta cuando los proyectos generan un impacto climático o ambiental positivo.
Esta lógica ayuda también a explicar la resiliencia del mercado de deuda verde en un contexto de mayor incertidumbre política y regulatoria. Incluso cuando se relajan estándares ambientales o se cuestionan determinadas políticas climáticas, el apetito inversor se mantiene. La razón es que el mercado ya no depende exclusivamente del impulso normativo.
La competitividad de muchas tecnologías limpias, la necesidad de reforzar infraestructuras críticas y la presión de la demanda final han generado un desacoplamiento parcial entre regulación y financiación. Cuando la inversión se vuelve necesaria y rentable, el capital no espera a que el marco político sea perfecto.
Más allá de la etiqueta, uno de los mayores valores de la deuda verde en el ciclo actual es su carácter finalista. En un entorno de elevada incertidumbre macroeconómica, endeudarse exige una justificación cada vez más sólida, tanto para emisores como para inversores.
Los bonos verdes ofrecen algo especialmente valioso: claridad sobre el destino del capital. Indicar de forma explícita que los fondos se destinan a redes eléctricas, rehabilitación energética o transporte limpio reduce la ambigüedad, facilita el análisis de riesgos y permite evaluar mejor la coherencia económica del endeudamiento.
El crecimiento de la deuda verde en los últimos años no debería interpretarse, por tanto, como una anomalía ni como el resultado de un exceso de entusiasmo ESG. Es el síntoma financiero de un cambio mucho más profundo: la transición energética ha pasado a formar parte de la infraestructura básica de la economía. En este nuevo escenario, el capital fluye hacia lo que es necesario, financiable y comprensible.
*** Ricardo Pedraz es profesor de Afi Global Education.
