Petróleo, Venezuela y la lógica del mercado: inversión, expectativas y geopolítica

Todo lo demás es, en última instancia, secundario. Sin embargo, cuando se adopta una perspectiva geopolítica, el enfoque cambia de forma significativa ya que tan importante como disponer del recurso es evitar que otros lo controlen. El acceso —o la exclusión— al petróleo sigue siendo una palanca decisiva en la configuración del statu quo del mercado energético global.

Este doble plano ayuda a entender por qué Venezuela ocupa un lugar tan singular en el debate energético internacional. El país cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, un 17% del total, con estimaciones que superan los 300.000 millones de barriles concentradas en su mayoría en la Faja del Orinoco.

Se trata de un volumen que situaría a Venezuela como un actor central en cualquier escenario de largo plazo que permitirían a Estados Unidos convertirse ahora sí en el antagonista de la OPEP+.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la mera existencia de reservas no equivale a capacidad real de influencia en el mercado si no va acompañada de inversión, tecnología, estabilidad institucional y credibilidad jurídica.

Los datos del sector apuntan a que cualquier aumento relevante de producción necesita plazos mínimos de entre 18 y 24 meses, y eso únicamente bajo supuestos optimistas de estabilidad política y disponibilidad de capital

Precisamente por ello, el interés geopolítico no reside únicamente en extraer ese petróleo, sino en controlar —o limitar— quién puede hacerlo y en qué condiciones.

Nada de lo ocurrido en el corto plazo en relación con la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha tenido, ni previsiblemente tendrá, un impacto inmediato y directo sobre los precios del crudo. El petróleo es un activo distinto a otros porque su precio no se explica únicamente por el equilibrio puntual entre oferta y demanda, sino por las expectativas incorporadas en los mercados de futuros.

El precio relevante no es tanto el spot como el forward, el de entrega futura, donde se descuentan escenarios de producción, inversión, riesgo político y evolución macroeconómica. Por ello, la primera reacción del mercado suele ser limitada y, tras el evento, los precios tienden a estabilizarse una vez que las expectativas se ajustan y se separa el ruido político de la realidad operativa de la industria.

Esa realidad operativa es bien conocida por quienes conocemos el sector. Incrementar de forma significativa la producción petrolera no es una cuestión inmediata ni sencilla. Incluso en escenarios favorables, elevar la producción hasta niveles que puedan alterar el equilibrio del mercado requiere inversiones masivas en infraestructuras, mantenimiento de campos maduros, tecnología específica —especialmente en crudos pesados— y una planificación de largo plazo.

Los datos del sector apuntan a que cualquier aumento relevante de producción necesita plazos mínimos de entre 18 y 24 meses, y eso únicamente bajo supuestos optimistas de estabilidad política y disponibilidad de capital. Según la empresa de inteligencia satelital Kayrros el estado de las instalaciones del país es sencillamente deplorable.

La pregunta geopolítica que surge de manera inevitable es si China aceptará pasivamente esta pérdida de influencia estratégica en un país donde ha estado profundamente involucrada

Según un documento de 2021 de PDVSA, solo la cifra de inversión mínima en sus ductos es de unos 60.000 millones de dólares. Según mis estimaciones, reponer sus tanques llevaría un coste aproximado de 300 millones de dólares, sin contar con las facilidades necesarias de acondicionamiento. Ante ese horizonte, el petróleo adicional simplemente no existe para el mercado, por mucho que las reservas estén ahí.

Es en este punto donde las expectativas políticas chocan con las decisiones empresariales. Las grandes petroleras estadounidenses han sido “invitadas” a participar en un proceso de reconstrucción del sector energético venezolano que, en la práctica, presenta más interrogantes que certezas. La lista de compañías dispuestas a asumir ese reto es sensiblemente más corta de lo que algunos discursos oficiales pretenden hacer creer.

No se trata únicamente de una cuestión ideológica o reputacional, sino de memoria económica. ConocoPhillips ha reconocido pérdidas superiores a los 10.000 millones de dólares derivadas de expropiaciones pasadas, pérdidas que no son recuperables y que pesan de forma determinante en cualquier decisión futura de inversión. ExxonMobil ha calificado el país como “no invertible”. La propia Repsol tiene experiencia en el país en este sentido.

Estas experiencias han erosionado de manera profunda la percepción de seguridad jurídica del país. La imposición de un gobierno títere bajo tutela externa no resuelve ese problema, sino que tiende a prolongarlo en el tiempo.

Sin un marco institucional creíble, sin garantías claras de respeto a la propiedad y sin un proceso político que desemboque en una estructura legítima y estable, la reconstrucción del sector petrolero resulta extremadamente difícil. Imponer normas desde fuera choca frontalmente con la lógica de la reconstrucción económica, que exige confianza, previsibilidad y reglas del juego claras.

En términos estratégicos, resulta legítimo preguntarse qué sentido tiene descabezar formalmente una cúpula si la estructura de poder permanece intacta, una lógica que recuerda a los enfoques de “decapitación piramidal” utilizados en contextos militares, pero de eficacia muy limitada cuando se trasladan al ámbito económico e institucional.

Queda por resolver otra incógnita de importancia capital. En la última década, China importó cantidades significativas de petróleo venezolano, representando una porción relevante de su cesta de importación de crudo y contribuyendo a la financiación de Caracas mediante acuerdos de pago en petróleo por préstamos que, según algunas estimaciones, alcanzan cifras de miles de millones de dólares.

La pregunta geopolítica que surge de manera inevitable es si China aceptará pasivamente esta pérdida de influencia estratégica en un país donde ha estado profundamente involucrada.

Todo ello explica por qué, más allá del impacto mediático, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no altera de forma sustancial ni inmediata el equilibrio del mercado petrolero. Los precios incorporan expectativas, la producción no puede acelerarse por decreto y las inversiones no se materializan sin condiciones mínimas de seguridad y rentabilidad.

En este contexto, el petróleo venezolano sigue siendo, más que una solución inmediata para el mercado, un activo estratégico de largo plazo cuya relevancia depende menos de la cantidad que yace bajo tierra y más de la capacidad —todavía ausente— de convertir ese potencial en una realidad económica sostenible.