España eliminó la Golden Visa para combatir el encarecimiento de la vivienda, pero la medida no ha reducido los precios ni ha generado el efecto anunciado. Lo que sí ha provocado es un vacío jurídico y administrativo que hoy dificulta la llegada de inversores legítimos y obliga a encajar sus perfiles en permisos que no fueron diseñados para ellos. La política se quedó sin resultados, pero creó un problema nuevo.
Los datos del mercado son claros. Los precios de la vivienda siguen subiendo a pesar de la derogación. Los expertos lo avisaron entonces y la evidencia lo confirma hoy: la Golden Visa -residencia para inversores- tenía un impacto marginal en el mercado inmobiliario.
Era una figura mejorable, pero no una amenaza real para la oferta. Además, se cerraron vías para perfiles otros perfiles de inversión como operaciones en deuda pública o proyectos de interés general que nunca habían generado tensión en el mercado residencial sin una justificación clara. Se sacrificaron instrumentos que no estaban causando el problema que se pretendía resolver.
Y a pesar de todo, los inversores no han dejado de llegar. España sigue siendo un país atractivo para vivir, operar y construir proyectos empresariales. Lo que ha cambiado no es el interés, sino el camino.
Desde abril, actualmente, la tendencia refleja un mayor interés por los permisos como Digital Nomads -Teletrabajadores Internacionales en Remoto-, una figura pensada para profesionales que pueden trabajar en remoto pero que no siempre tiene encaje para inversores o emprendedores, ya que no estaba pensada para ellos. También ha ganado peso la residencia no lucrativa, igualmente alejada de quienes necesitan desarrollar actividad económica en España.
La falta de homogeneidad se convirtió en un obstáculo añadido para familias que tramitaban su residencia de forma regular
El resultado es una distorsión evidente. Inversores reales sin una clara opción migratoria pensada para ellos y que deben recurrir a otras figuras para tener una residencia legal en España, creando una clara disfunción del sistema migratorio que penaliza a estos perfiles y premia otros, enviándose un mensaje equivocado.
A esta disfunción se suma la forma en que se derogó la Golden Visa. La disposición legal contenía errores técnicos y dejaba sin cobertura supuestos esenciales. Un caso especialmente grave es el de los menores no nacidos en España, que quedaron sin encaje normativo claro.
La consecuencia fue trasladar estos expedientes al régimen general. Las Oficinas de Extranjería asumieron ese volumen adicional en un contexto de plazos largos y criterios desiguales entre territorios. La falta de homogeneidad se convirtió en un obstáculo añadido para familias que tramitaban su residencia de forma regular.
La UGE actuó con rapidez y claridad al emitir criterios razonables sobre renovaciones, lo que evitó un bloqueo mayor. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los Consulados ni con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En varios casos se han bloqueado visados de inversores a pesar de contar con resoluciones de residencia ya aprobadas. Resulta difícil justificar que un solicitante autorizado se vea impedido de entrar por interpretaciones restrictivas. La seguridad jurídica quedó comprometida precisamente cuando España debería reforzarla.
La derogación de la Golden Visa no solucionó la vivienda porque ese no era su origen
La pregunta es evidente. ¿Por qué se eliminó la Golden Visa sin diseñar una alternativa seria? La mayoría de los países del entorno han reformulado en 2025 sus programas de residencia por inversión para adaptarse a nuevos estándares sin renunciar a un marco claro para quienes generan actividad económica real. España, en cambio, optó por eliminar sin sustituir. Un inversor que impulsa proyectos, que no es una carga para el Estado y que desea establecerse legalmente merece un marco propio.
No necesariamente vinculado a vivienda, pero sí articulado y transparente. El modelo italiano es un ejemplo útil, pero hay una docena de países europeos que mantienen vías similares que restringen el tema inmobiliario y promueven la inversión en proyectos que interesan a los países.
El resultado actual en España es un escenario donde la regularidad se complica y, en algunos casos, la irregularidad se ve indirectamente favorecida. Esa paradoja no fortalece el sistema. Lo debilita.
Un país que aspira a atraer inversión no puede pedir a los perfiles más contributivos que naveguen entre permisos que no encajan. La migración ordenada se basa en normas claras aplicadas de manera uniforme.
La derogación de la Golden Visa no solucionó la vivienda porque ese no era su origen. Pero sí ha generado incertidumbre para quienes quieren residir, invertir y contribuir en España. Corregir ese vacío no es una cuestión ideológica.
Es una necesidad estratégica. España debe construir un marco migratorio que acompañe su atractivo económico y no que obligue a inversores legítimos a actuar como perfiles que no son. Reformar este espacio consiste en corregir un error que nunca debió cometerse.
***Juan Carlos Lois, socio de Movilidad Internacional de RSM, y Margarita Volkova, manager del departamento.
