El fin de semana pasado, Miguel Anxo Bastos dio una charla en el Andorra Economic Forum en la que planteaba que, si bien los liberales, siguiendo la estela de la magna obra del escocés Adam Smith, Investigación sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones, nos planteamos cómo aumentar la riqueza, nunca abordamos el desafío inverso, es decir, cómo acabar con la pobreza.
Bastos, que no suele endulzar las cosas, recordó algo elemental y a la vez escandaloso para cierta sensibilidad política de cierto regusto hipócrita: para acabar con la pobreza hay que lograr que desaparezcan los pobres.
Y los pobres salen de pobres trabajando, ahorrando y comerciando libremente, no porque un Estado benevolente redistribuya lo ajeno. Mencionó varias iniciativas que ayudaban a promover la actividad económica de quienes no tienen nada y que, a lo largo de los siglos, han ido apareciendo espontáneamente.
Lo que no quiere decir que surgieron por arte de magia, sino fruto del libre pensamiento y de la agencia y el ingenio humanos. Su diagnóstico no es nuevo, pero sigue siendo incómodo: la pobreza no se supera desde el poder, sino desde la libertad.
Esta misma semana, en la reunión de la Mont Pélérin en Marrakesh, hablando con Deirdre McCloskey, me dijo algo que iluminó esa misma idea desde otro ángulo. Según ella, el liberalismo no se define tanto por la defensa de la propiedad privada o de la igualdad de oportunidades, sino por algo más sutil y profundo: la igualdad de permiso (equality of permission). Ese término, que podría pasar inadvertido en inglés, encierra una revolución moral.
La igualdad de permiso no significa que todos debamos tener los mismos bienes o las mismas condiciones de partida. Significa que nadie debería necesitar permiso para intentarlo. Que todos, sin importar origen, clase o credo, tengamos derecho a probar, a crear, a comerciar, a fracasar y volver a intentarlo, siempre que no vulneremos la libertad de los demás. Esa es la semilla del progreso moderno.
Durante décadas, se ha asumido que el ideal era la “igualdad de oportunidades”. Pero esa expresión se ha vuelto ambigua. En la práctica, muchas políticas que dicen promoverla buscan igualar los resultados, no los derechos. Se confunde eliminar barreras con redistribuir ventajas. Y, con la excusa de nivelar el punto de partida, se multiplican los controles, las subvenciones y los permisos administrativos.
El resultado es paradójico: al querer ofrecer oportunidades, se termina restringiendo la libertad. Lo que era una igualdad de reglas se convierte en una igualdad de permisos concedidos desde arriba. Justo lo contrario de lo que propone McCloskey: el progreso no necesita guardianes ni autorizaciones, sino confianza en las personas.
En su trilogía sobre los valores burgueses, McCloskey sostiene que la verdadera revolución no fue industrial, sino moral. Durante siglos, los comerciantes y emprendedores eran vistos como sospechosos: ni nobles ni santos, sino “vulgares”. A partir del siglo XVIII, en algunos países europeos comenzó a cambiar esa percepción. La sociedad empezó a otorgar permiso moral a quienes buscaban prosperar mediante el intercambio libre y el ingenio.
La igualdad de permiso no significa que todos debamos tener los mismos bienes o las mismas condiciones de partida. Significa que nadie debería necesitar permiso para intentarlo.
Esa legitimación cultural, ese “puedes hacerlo” implícito, abrió la puerta al crecimiento sostenido, a la innovación y al ascenso de millones de personas. Donde la iniciativa individual se celebró, florecieron las ideas y la riqueza. Donde siguió prohibida o despreciada, se mantuvo la pobreza. La diferencia no fue tanto el capital inicial, sino la libertad para acumularlo. No fue el Estado, sino la sociedad la que decidió dejar de avergonzarse del éxito ajeno.
La igualdad de permiso no se decreta: se cultiva cuando la gente deja de mirar con recelo al que prospera. Ambos autores coinciden en algo esencial: la pobreza no es solo una carencia de recursos, sino de libertad de acción.
Bastos lo observa desde la práctica: sin seguridad jurídica, sin propiedad y sin incentivos para el trabajo y el ahorro, ningún país sale adelante. Y el primer empujón no implica la existencia de un gobierno invasivo. McCloskey lo enmarca en un relato cultural: sin dignidad para el comerciante, sin respeto por el emprendimiento, la libertad económica no se sostiene.
En el fondo, Bastos representa la arquitectura institucional de la libertad; McCloskey, su alma. Uno denuncia las trabas prácticas que asfixian a los pobres; la otra, las trabas morales que impiden que la sociedad los vea como agentes de su propio destino.
La igualdad de permiso no se decreta: se cultiva cuando la gente deja de mirar con recelo al que prospera.
La historia respalda esa visión doble. Inglaterra, Holanda o Estados Unidos no se hicieron prósperos por tener más recursos naturales ni mejores reyes, sino porque dieron permiso social y político para innovar. España o América Latina, en cambio, alternaron periodos de dinamismo con oleadas de desconfianza hacia el mercado.
Y cuando el mérito se convierte en sospechoso, la pobreza regresa, por muy buenas que sean las intenciones del Estado. ¿Y hoy en día? ¿Qué hace la Unión Europea con la innovación y las nuevas tecnologías? Lamentablemente, las cosas no van por el buen camino.
En tiempos donde todo parece necesitar una autorización, defender la igualdad de permiso suena casi subversivo. Pero es fundamental. Porque significa que nadie tiene que pedir perdón por prosperar ni disculparse por tener éxito. Significa que la cooperación voluntaria, y no la coacción, es el mecanismo civilizador más potente que hemos descubierto.
Por eso la libertad no se “concede”, se respeta. Y el progreso no se “reparte”, se permite.
