Yolanda Díaz se desgañitó en el Congreso. Acusó a Junts de capitalista, anti-obrero, incluso de anti-independentista.
Todo porque Junts, consciente de los intereses de sus votantes, en gran parte pequeños y medianos empresarios, y también de los intereses de sus empleados, votó en contra de la ley que pretendía implantar la jornada de 37,5 horas de trabajo semanales de manera general a todas las empresas y en todo el territorio.
Para rematar, la vicepresidenta/ministra de trabajo usó el peor de los posibles insultos a Junts: ¡ustedes pertenecen, es más, son una de las tres derechas!
En este país hay mucha gente para los que calificar a una persona con la palabra “derecha” supone el máximo insulto; el desprecio más absoluto.
Se puede ser independentista, golpista, contrario a la convivencia en la patria común, incluso herederos de gobiernos de comportamientos poco claros (¿CiU?), … Todo eso es tolerable … Con los que son y hacen esas cosas, se puede pactar, apuntalar gobiernos, negociar amnistías, establecer quitas de deudas, tolerar la defunción lenta de la lengua común, acordar una moción de censura, … y comprender sus posturas.
¡Ser de derechas! Eso NO ¡Es intolerable!
Pero ¡Ser de derechas! Eso NO ¡Es intolerable!
Es intolerable porque, para las izquierdas y sus líderes, ellas son las tienen el monopolio de la verdad, de la razón, de la defensa de los intereses de los desfavorecidos.
No importa que el diputado Cervera (Junts) indicase que esta ley perjudicaría al 90% de las empresas catalanas que son pymes y microempresas, que verían subir sus costes salariales, sin aumentar el salario de sus empleados.
Tampoco que todo el mundo sepa que las grandes empresas ya tienen convenios colectivos con menos horas de trabajo semanal y que, para sus empleados, esa ley es inane; ni que, con esa medida, se aumenta el salario mínimo interprofesional, sacando del mercado de trabajo a los menos preparados que se verán abocados al desempleo por ser poco productivos.
Estos argumentos no tienen validez porque: ¡son esgrimidos por un partido de derechas! ¡Y la ministra/vicepresidenta se acaba de enterar de que está en ese cargo porque le ha apoyado un partido de derechas!
Los sindicatos aumentarían su afiliación; al aumentar la base, sus líderes deberían ser más responsables y moderados
Si fuera consistente, hoy mismo debería dimitir, irse a la oposición con todos los diputados de Sumar y, más aún, en un arranque de honestidad, irse a su casa ¡Resulta que está en el poder gracias a una inefable derecha! Bueno, gracias a una de las tres derechas.
Mientras tanto, los representantes sindicales abandonaban la tribuna y se iban a una iglesia a protestar.
Unos representantes sindicales que junto con el Gobierno imponen sus criterios en el llamado “diálogo social” olvidando que la palabra “diálogo” supone tener en cuenta los argumentos de todas las partes. Entre ellas los de la CEOE-Cepyme. Argumentos que ni sindicatos, ni gobierno, pueden tener en cuenta porque: ¡son de derechas, representantes del capitalismo!
Unos representantes sindicales que no están dispuestos a renunciar a la ayuda estatal y pasar a vivir exclusivamente de las cuotas de sus afiliados.
La ministra de trabajo no aborda una reforma del sindicalismo. Algo necesario para modernizar el país.
Es muy sencillo, bastaría una sola medida: que en las negociaciones de convenios, sólo los afiliados a los sindicatos recibieran los beneficios de la negociación.
Así, los empleados verían útil su pertenencia a los sindicatos. Los sindicatos aumentarían su afiliación; al aumentar la base, sus líderes deberían ser más responsables y moderados. Con ello no necesitarían depender de las ayudas del Gobierno y serían independientes de él.
Entonces se reforzaría el diálogo social, que de verdad sería tripartito y no, como hasta ahora. La negociación de la jornada laboral se establecería donde debe estar: en cada convenio, sectorial o de empresa.
Es donde se conoce la realidad de las empresas y sus empleados; donde se puede acordar con realismo la jornada sensata. Donde esta decisión se hace teniendo en cuenta la productividad y la competitividad de cada empresa.
Porque los empresarios y las derechas no se niegan a reducir la jornada laboral. Se niegan a hacerlo de manera tan general que perjudique a los más desfavorecidos: los empleados y los empleadores de pymes y microempresas.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
