El programa económico de Vox

En él se pretenden abordar problemas estructurales crónicos como el elevado desempleo y más recientes, el acceso a la vivienda. La primera parte del texto voxita realiza un diagnóstico poco sofisticado pero correcto de la situación socio-económico de España. Sin embargo, las medidas para salir de esa situación certifican el abandono del perfume liberal que destilaba su programa de 2019 en el plano doctrinal y en el técnico presentan serias inconsistencias-interrogantes en el macroeconómico y un sorprendente vacío en el lado de la oferta.

Vox propone una reducción masiva de impuestos, la simplificación del IRPF, la eliminación de Sucesiones y Donaciones, y la rebaja del Impuesto de Sociedades y la reducción de cotizaciones.

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Ello es coherente con el objetivo de aumentar los incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión para estimular la actividad económica; también es deseable y loable en un país, España, convertido en un infierno fiscal pero, las rebajas impositivas no se autofinancian en su totalidad. En consecuencia, si no se ven acompañadas de una estrategia de disminución del gasto, el binomio déficit-deuda se incrementará y, con él, la insostenibilidad financiera de las cuentas públicas.

A diferencia del programa económico de Vox para las elecciones de 2019, el presentado hace unos días se limita a realizar declaraciones genéricas que no se concretan en nada ni se cuantifican en materia de reforma/reducción del gasto público.

Todo se encuadra en la necesidad de reducir el “gasto político”, un verdadero cajón de sastre que sirve para casi todo . Ni siquiera se realiza una estimación genérica de cuánto y en donde habría que recortar. Es más: se proponen políticas, como un masivo plan de construcción de vivienda social, que implican un brutal aumento del gasto público. Pasar del 1,2% al 13% en ese capítulo costaría alrededor de 47.000 millones de euros.

Y, también, subvenciones y deducciones específicas que se traducirían en un aumento adicional de los desembolsos del sector público.

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La escasez y la carestía de la vivienda en propiedad y en alquiler es resultado de las restricciones de oferta generadas por la intervención de los poderes públicos en los mercados del suelo y de los arrendamientos que configuran un escenario cuasi soviético.

En consecuencia, la apuesta de Vox en pro de la construcción masiva de vivienda pública carece de sentido. Además, ello supondría no sólo, como se ha comentado, un incremento brutal del gasto estatal, sino distorsionaría aún más el correcto funcionamiento del mercado, produciendo una ineficiente asignación de los recursos, e incentivaría el favoritismo y, probablemente, la corrupción.

Por otra parte, si bien un aumento de la demanda impulsado por el crecimiento demográfico (incluida la inmigración) puede presionar los precios de la vivienda al alza, la respuesta es eliminar las barreras del lado de la oferta en lugar de restringir la demanda basándose en el origen de las personas.

Y qué decir de las nacional-populistas iniciativas para frenar-impedir la compra de vivienda por extranjeros cuyo peso es muy pequeño y el valor medio de sus propiedades es superior al de las que están en manos de ciudadanos españoles. Con lo que no se produce un efecto expulsión.

La firme defensa 'voxita' de los derechos de propiedad choca con la imposición de restricciones a su uso y transferencia, basadas en la nacionalidad o el estatus migratorio

La firme defensa voxita de los derechos de propiedad choca con la imposición de restricciones a su uso y transferencia, basadas en la nacionalidad o el estatus migratorio de las partes involucradas.  

Por otra parte, el programa de Vox para fomentar la natalidad mediante la introducción de distorsiones en el mercado (préstamos subsidiados, deducciones fiscales etcétera, etcétera, etcétera) para crear las estructuras o tamaños de las familias deseados por un hipotético gobierno voxita es una forma de ingeniería social, una discriminación “positiva” muy parecida a la empleada por la izquierda; es wokismo, eso sí, de derechas.

Y, por cierto, la evidencia empírica muestra la ineficacia de ese tipo de políticas. Hungría es un ejemplo paradigmático. Su tasa de natalidad se situó en 2024 en el 1.38, alcanzando mínimos históricos a pesar de las costosisimas ayudas introducidas por Orban desde 2010.

Por último, el Programa Económico y de Vivienda de Vox omite cualquier referencia a la necesidad de liberalizar los mercados de bienes y servicios en una economía, la española, que es una de las más intervenidas de la OCDE.

Ese es uno de los principales lastres para el crecimiento, para estimular la innovación y para elevar la productividad y, con ella, el nivel de vida de los ciudadanos. Y, sorprendente, no plantea medida alguna de liberalización del marco laboral existente en España, el segundo más rígido de la UE-OCDE cuando considera el desempleo, con razón, uno de los principales problemas de España.

En 2019, Vox planteaba una agresiva estrategia liberalizadora y una rigurosa estrategia fiscal y presupuestaria que han pasado a mejor vida. ¿Cuál es el modelo económico de Vox?