Embalse de Los Melonares.

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Opinión

Agua en las ciudades: el éxito social y el riesgo de la complacencia

Gonzalo Delacámara
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El escritor británico G.K. Chesterton, en su ensayo La falacia del éxito (1908), alertaba de que la verdadera tragedia de la vida no es fracasar, sino acomodarse al éxito.

La complacencia tiende a ser aliada de la inacción.

A finales de los ochenta del pasado siglo, España logró un hito sin precedentes: la cobertura universal en el suministro de agua potable y saneamiento, uno de tantos logros convertidos por inercia en derechos adquiridos, una realidad percibida como inmutable.

Según el informe más reciente del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, publicado en julio de 2023, en 2022, sólo 59 países habían alcanzado una cobertura universal de acceso a servicios básicos de agua potable. 

Este logro fue posible gracias a un modelo de inversión centrado en la expansión de infraestructuras, financiado en gran parte por fondos europeos y estatales.

España cuenta con más de 248.000 km de redes de distribución de agua y 189.000 km de redes de saneamiento

Sin embargo, el contexto actual, marcado por el cambio global y la necesidad de gestión sostenible de los recursos hídricos, exige una revisión profunda de este modelo y, desde luego, no sólo en España.

Muñoz Molina mostraba en Sefarad (2001) cómo los traumas del pasado de la historia de España podían haber influido en la percepción colectiva, conduciendo a una mirada pesimista sobre nuestra realidad, que en algún momento posterior él llamaba “noventaiochismo amargo”.

Intentaré evitar esa inercia para que señalar el desafío no se convierta en parte del problema.

El modelo de inversión que permitió la expansión de las redes de abastecimiento y saneamiento en los años ochenta y noventa se basaba en la construcción de infraestructuras físicas: kilómetros de tuberías, estaciones de tratamiento y depuración, colectores...

Este enfoque fue eficaz para alcanzar la cobertura universal, pero presenta limitaciones significativas en el contexto actual. Según datos de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), España cuenta con más de 248.000 km de redes de distribución de agua y 189.000 km de redes de saneamiento, además de 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y más de 2.000 depuradoras de aguas residuales (EDAR).

El desafío actual no radica en seguir expandiendo las redes, sino en garantizar la seguridad hídrica a largo plazo en un contexto de cambio climático

Sin embargo, el ritmo de renovación de algunas de esas infraestructuras es alarmantemente bajo, con una tasa de reemplazo anual inferior al 0,2% de las redes, por ejemplo. Esta situación pone en riesgo la calidad y continuidad del servicio, especialmente ante fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

De hecho, a ese ritmo de reposición, se tardaría 500 años en reemplazar todas las redes: un 39% tiene más de 30 años.

El desafío actual no radica en seguir expandiendo las redes, sino en garantizar la seguridad hídrica a largo plazo en un contexto de cambio climático. Esto implica adoptar un enfoque más integral, que incluya eficiencia en el uso del agua, digitalización y tecnologías emergentes, así como la diversificación de fuentes de oferta de agua.

La reducción de pérdidas en las redes de distribución es esencial. La incorporación de sensores, micromedición, Internet de las Cosas (IoT), gestión de big data e inteligencia artificial permite una gestión más eficiente y proactiva de los recursos hídricos.

Estas tecnologías facilitan la detección temprana de fugas, la optimización del consumo y la mejora en la toma de decisiones.

La transición hacia un modelo de gestión hídrica más sostenible requiere inversiones significativas

La reutilización de aguas regeneradas y la desalación de agua de mar y salobre son alternativas clave para reducir la dependencia de fuentes convencionales. España es líder europeo en reutilización de agua, con una producción de entre el 7% y el 13% del total del agua residual generada.

Además, el Real Decreto 1085/2024 establece nuevas condiciones para fomentar la reutilización de aguas tratadas, siguiendo legislación europea con criterios uniformes para la reutilización en los 27 Estados miembros de la Unión.

La transición hacia un modelo de gestión hídrica más sostenible requiere inversiones significativas. Según estimaciones del propio sector, el déficit de inversión en infraestructuras del agua en España supera los 5.000 millones de euros anuales.

En este contexto, las finanzas sostenibles emergen como una herramienta clave para movilizar recursos sin comprometer la estabilidad fiscal. La inclusión del agua en la Taxonomía de Inversiones Sostenibles permite canalizar recursos hacia proyectos que contribuyan a la adaptación al clima y la protección del agua. Iniciativas como los bonos verdes y los fondos de inversión sostenible están comenzando a tener impacto, pero la brecha entre necesidades y recursos sigue siendo profunda.

La colaboración público-privada, en muchos sentidos una obviedad, debe reforzarse con marcos regulatorios estables que permitan a los inversores actuar con certidumbre y alinear objetivos individuales con objetivos colectivos, de modo que los intereses privados y la protección de bienes públicos no sigan sendas divergentes.

En este marco, la aprobación de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica el pasado 4 de junio representa una oportunidad para alinear las políticas nacionales con los objetivos europeos en materia de gestión del agua.

Esta estrategia, que llega para llenar un vacío evidente en el Pacto Verde Europeo, busca abordar la escasez de agua, la contaminación y la eficiencia en el uso del recurso, fomentando la innovación, la economía circular y la seguridad hídrica como activo económico.

El Parlamento Europeo ha adoptado recomendaciones para fortalecerla, haciendo hincapié en la necesidad de una acción más audaz y coordinada por parte de la UE para abordar los crecientes desafíos relacionados con el agua. Su implementación requerirá una colaboración estrecha entre los Estados miembros, el sector privado y la sociedad civil.

En definitiva, el modelo de inversión que permitió a España alcanzar la cobertura universal de servicios de agua potable y saneamiento fue exitoso en su momento, pero resulta en buena medida obsoleto ante los retos actuales. Pensemos en los costes de actuar, claro, pero no ignoremos que éstos incluyen los costes de la complacencia.

*** Gonzalo Delacámara es experto mundial en economía de los recursos naturales, profesor de IE University y conferenciante de Thinking Heads.