Desde los inicios de la moderna ciencia económica, el papel de las instituciones ha sido siempre una de las variables fundamentales para explicar y comprender el auge y la decadencia de las naciones.
Por añadidura, ese enfoque ha tenido un importante desarrollo con los trabajos de la denominada Nueva Economía Institucional con exponentes de la talla de Douglas North u Oliver Williamson por citar a dos de sus más notables referencias.
Cuestiones como la seguridad jurídica, la eficiencia judicial, la transparencia o la existencia de una burocracia profesional eficaz están en el centro de los factores determinantes del progreso o del atraso de los países.
Un país puede soportar y sobrevivir a malos e incompetentes gobiernos pero, si el marco institucional funciona de una manera eficiente, los daños causados por aquellos son mucho menores que si eso no sucede y la posibilidad de repararlos es más fácil y rápida.
Las instituciones son el conjunto de las reglas del juego político, social y económico de cualquier sociedad y, por tanto, su importancia es decisiva en tanto condicionan o, para ser precisos, establecen el sistema de incentivos que determina el comportamiento de los individuos en sus facetas públicas y privadas.
Es decir, en sus decisiones de trabajar, de ahorrar e invertir, de innovar o de no hacerlo, de crear o no crear empresas, de hacerlas crecer o no, de de fomentar o reducir el riesgo de corrupción.
En suma reducen los costes de transacción o los aumentan y, en consecuencia, estimulan o penalizan el crecimiento de la economía y de la productividad.
En el Informe Anual del Banco de España de reciente publicación se dedica un recuadro, el número 8, a analizar la calidad institucional existente en España mediante la elaboración de dos indicadores: el primero (IND1), agrupa a los países de la OCDE con un nivel de desarrollo similar al español.
Ahí incluye todas las variedades de calidad institucional disponibles (IND1) y asigna una especial ponderación a temas como la capacidad del Estado para la gestión de los asuntos públicos y la percepción de los ciudadanía sobre la incidencia de la corrupción.
Un país puede sobrevivir a malos gobiernos, pero si el marco institucional funciona los daños son mucho menores
El segundo (IND2) sólo con los estados de la UE y con variables de calidad institucional referidas exclusivamente a la efectividad del Gobierno, la calidad de las leyes y la independencia de las instituciones públicas. El período analizado abarca desde el 2000 al 2021.
¿Cuáles son los resultados? Entre la primera década y la segunda década de este siglo, los dos indicadores comentados han sufrido un deterioro mucho más acusado en España que en el resto de los estados contemplados en la muestra.
De los 32 considerados, es el quinto que ha sufrido una mayor caída si se acude al IND1 sólo superado por Hungría, Polonia, Estados Unidos e Islandia.
Si se emplea el IND2 España es, junto a Grecia y Hungría, el que obtiene peores resultados. Pero ahí no termina la historia, porque la calidad institucional influye sobre la evolución de la productividad de la cual depende la capacidad de una economía de elevar el nivel de vida de los individuos.
El trabajo del Banco de España muestra que las ganancias de productividad que podrían derivarse de una mejora de la calidad institucional son sustanciales.
Si España lograse situar aquella en los niveles de la existente en Dinamarca de acuerdo con el IND1, por ejemplo, el incremento de la productividad en los cinco años siguientes aumentaría, ceteris paribus, un 5,5 por 100.
El mismo ejercicio, realizado con el IND2, sugiere que el aumento en ese mismo espacio temporal podría ser un 19 por 100. En otras palabras, España y sus ciudadanos están pagando un alto precio por tener un marco institucional manifiestamente mejorable.
España y sus ciudadanos están pagando un alto precio por tener un marco institucional manifiestamente mejorable
El espacio temporal de la nota del antiguo instituto emisor no llega hasta la actualidad. Se queda anclado en 2021 y, en consecuencia, no es capaz de reflejar el enorme deterioro institucional que se ha producido y se sigue produciendo en España dese aquel año ni de establecer comparaciones con lo acaecido en otros estados de la OCDE y de la UE.
Habrá que esperar al año que viene para saber si se extiende el período de análisis hasta 2024 o si, como ha sucedido con otras secciones del Informe Anual del Banco de España, la aquí comentada pasa a mejor vida para no molestar al Gobierno.
En este sentido, es irónico y muestra la escasa pericia de quienes han revisado y re redactado el Informe que a lo largo de sus páginas hayan resaltado como una ventaja competitiva de la economía española su calidad institucional cuando en el recuadro comentado en estas páginas se destruye esa tesis con una brillante contundencia.
O los “censores” han querido hacer una mala pasada al Gobernador de la entidad o, sencillamente, se les ha escapado el mantenimiento de un análisis crítico que, a diferencia de en lo acaecido durante el mandato del Sr. Hernandez de Cos, ha desaparecido del texto elaborado por el Banco de España.
