Una de las características del franquismo es que las decisiones políticas se imponían sobre las consideraciones económicas, bajo el pretexto del "interés nacional". Este enfoque condujo a políticas autárquicas e intervencionistas que sumieron a España en una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez, el mercado negro y un notable deterioro de las condiciones de vida. Pero, además, políticamente, se generalizó la arbitrariedad y los privilegios de los afines al régimen.
Hoy, observo con preocupación cómo ciertas decisiones económicas se justifican en nombre de la solidaridad y la protección de los más vulnerables. Y me inquieta que puedan estar siendo utilizados como coartada para implementar políticas que, lejos de resolver los problemas estructurales, los perpetúan o incluso los agravan.
Por ejemplo, la gestión de la inmigración y la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) se presenta como un acto de solidaridad. Sin embargo, la falta de control efectivo, de recursos adecuados y de políticas sensatas está llevando a situaciones perjudiciales para los inmigrantes, en general y para las comunidades receptoras.
Estas decisiones, aunque presentadas como solidarias, enmascaran agendas populistas que buscan mantener el poder a expensas de la eficiencia económica y la cohesión social. De la misma forma que el "interés nacional" se utilizó para justificar políticas económicas fallidas, hoy la "solidaridad" puede ser empleada como una coartada para implementar medidas que no resuelven los problemas de fondo y que pueden generar nuevas desigualdades.
La gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) en España se ha convertido en un tema que trasciende lo humanitario, situándose en el epicentro de debates políticos, sociales y económicos. Ya no se trata de acoger a niños que huyen de situaciones terribles. Sabemos que existen redes mafiosas que operan en los países de origen y tránsito, facilitando la llegada de menores a España con fines lucrativos. En ocasiones, incluso secuestran a los menores una vez en territorio español para extorsionar a sus familias, o simplemente traen mayores de edad a los que hacen pasar por menores rompiendo el pasaporte en el vuelo.
La integración real de estos menores requiere más que alojamiento; necesita de políticas educativas, sanitarias y sociales que les permitan desarrollarse plenamente
Por otro lado, la ubicación de centros de acogida en zonas residenciales ha provocado inquietud entre los vecinos. En barrios como La Casa de Campo o próximamente en el Parque de las Avenidas en Madrid, la apertura de estos centros ha generado protestas debido a la percepción de aumento de la inseguridad y la falta de información por parte de las autoridades.
La integración real de estos menores requiere más que alojamiento; necesita de políticas educativas, sanitarias y sociales que les permitan desarrollarse plenamente. Y la pregunta fundamental es ¿podemos permitirnos desarrollar esas políticas de manera eficiente? Porque ya tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Nuestro sistema educativo está en decadencia. Nuestro mercado inmobiliario, especialmente en las ciudades más grandes, es muy complicado.
Y, como señalaba Soto Ivars en su artículo de El Confidencial, el sistema de acogida se ha convertido en un negocio lucrativo para algunas entidades, con asignaciones de hasta 4.000 euros mensuales por menor, que emplea a trabajadores que atienden a estos jóvenes en situaciones de precariedad laboral, sin complementos por peligrosidad ni recursos suficientes.
¿Por qué no poner coto a esta situación? Por una pretendida y falsa solidaridad, detrás de la cual hay intereses creados y populismo. Nada más.
Pero, si miramos a nuestro alrededor, podemos observar que la tendencia está cambiando. El zeitgest tampoco es estático. Por ejemplo, en un contexto de creciente presión política y social, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado un giro significativo en la política migratoria del Reino Unido. Este cambio pretende reducir la inmigración neta y promover una integración más efectiva de los inmigrantes en la sociedad británica.
Mientras que Vox propone medidas de expulsión y eliminación de ayudas como respuesta a la inmigración ilegal, Starmer busca reformar el sistema migratorio para controlar y reducir la inmigración, promoviendo la integración y estableciendo requisitos más estrictos para la residencia y el trabajo
¿Cómo se hace eso, según Starmer? Pues aumentando el tiempo requerido para obtener la residencia permanente de cinco a diez años, aumentando los requisitos de idioma inglés para todos los solicitantes de visado y limitando la contratación de trabajadores extranjeros en sectores como el sanitario. Además, se ha establecido un nuevo Comando de Seguridad Fronteriza para coordinar las actividades de las agencias encargadas de la inmigración y combatir las redes de tráfico de personas.
Por descontado, este cambio ha despertado críticas dentro y fuera de su partido. Algunos miembros del Partido Laborista han expresado su preocupación por el uso de un lenguaje que consideran divisivo y por las posibles repercusiones en sectores que dependen de la mano de obra extranjera. Y es posible que haya que ser cautos respecto al mercado laboral. Pero ¿qué es eso del lenguaje divisivo?
Para ciertos miembros de su partido, la retórica de Starmer recuerda a la de Enoch Powell y su discurso de 1968, “Ríos de sangre. Mientras Powell advertía que los británicos se convertirían en "extraños en su propio país" debido a la inmigración, Starmer ha advertido sobre el riesgo de convertirse en una "isla de desconocidos". Suena parecido, pero no es lo mismo.
La diferencia estriba en el contexto y la intencionalidad. La misma diferencia que separa a quienes, desde la derecha más radical, quieren cerrar fronteras y a quienes abogamos por una racionalización de la inmigración. Los matices importan. Quienes reclaman “ya lo dijimos” señalan un hecho que es cierto, pero con matices. Porque si bien es verdad que Vox, por ejemplo, señalaba las consecuencias que la inmigración ilegal puede traer, sus propuestas son diferentes.
Mientras que Vox propone medidas de expulsión y eliminación de ayudas como respuesta a la inmigración ilegal, Starmer busca reformar el sistema migratorio para controlar y reducir la inmigración, promoviendo la integración y estableciendo requisitos más estrictos para la residencia y el trabajo. Los matices.
Una última cosa. Por supuesto que creo que se deben eliminar las ayudas que provoquen un efecto llamada. Y todas las demás: a partidos políticos y fundaciones, como incentivo para aumentar las familias o el número de mujeres en carreras STEM. Así que quienes piden eliminar ayudas deberían limpiar su casa primero.
