¿Son responsables las redes sociales de los contenidos de sus usuarios?

Para hacer frente a esta grave amenaza, adelantó “tres medidas que propondrá a todos los líderes europeos en la próxima reunión formal del Consejo que tendrá lugar en Bruselas”. Unas medidas que calificó de ‘audaces’.

En primer lugar, “acabar con el anonimato en las redes sociales, porque está allanando el camino a la desinformación, los discursos de odio y el ciberacoso, el uso de ‘bots’, y que la gente actúe sin tener que rendir cuentas de sus actos”.

La segunda propuesta es “forzar la apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales, de una vez por todas… con el fin de que pueda examinar el funcionamiento de las redes sociales sin limitaciones”.

La tercera y última propuesta es “que los CEOs (directores generales) de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas”.

Dudas y desambiguación

Como quiera que, en su discurso, el presidente del Gobierno dice algunas cosas de una forma ambigua, creo que es necesario, como hace la Wikipedia, comentar algunas de sus afirmaciones para ‘desambiguarlas’ y resolver las posibles dudas.

1. Anonimato y pseudonimato

El presidente del Gobierno admite que los usuarios pueden utilizar seudónimos si quieren, pero, en caso de delito, las ‘autoridades públicas’ deberían poder relacionar esos seudónimos con personas reales y exigirles responsabilidades”.

Eso ya se hace, porque, en la investigación de un delito cometido a través de las redes sociales, los jueces (y sólo los jueces, y no otras ‘autoridades públicas’) pueden pedir que se levante el velo del pseudónimo para identificar al culpable.

Por eso no parecen equiparables las comparaciones: “nadie puede caminar por la calle con una máscara en la cara, o conducir un coche sin matrícula”, porque, justamente, un pseudónimo es una máscara y tenemos el derecho de utilizarlo.

Así se recoge en la Carta española de Derechos Digitales (apartado IV), que el propio Gobierno impulsó, aprobó y el presidente del Gobierno presentó en 2021, aparte de ser un derecho moral del autor históricamente reconocido (art. 14 LPI).

La novedad que propone el presidente es “obligar a estas plataformas a vincular cada cuenta de usuario a un registro europeo de identidad digital” y eso es algo que ni siquiera prevé el Reglamento europeo de identidad digital (eIDAS2).

2. Transparencia algorítmica

Respecto a la “apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales”, como bien dice el presidente, ya está contemplada en la ‘Ley’ o Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA), que “se tiene que aplicar en su totalidad”.

En efecto, como establece la DSA, se deben revisar por el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT), con sede en Sevilla, los algoritmos tanto de moderación como de recomendación de contenidos (y los de publicidad).

Lo que no dice el Presidente es que el pasado 16 de diciembre de 2024 España fue emplazada por la Comisión Europea por no haber puesto en marcha aún la autoridad nacional que debe hacer cumplir el Reglamento de Servicios Digitales.

Pero el problema no es sólo -ni principalmente- tecnológico (cómo se suprimen o se priorizan unos contenidos sobre otros por los algoritmos de cada red social), sino ideológico (con qué criterios se hace) y jurídico (derechos fundamentales).

¿Quién decide qué mensajes constituyen desinformación o discurso de odio, y si hay que ‘moderarlos’? ¿La Comisión Europea? ¿Los gobiernos nacionales? ¿Las redes sociales? La propia DSA otorgó un gran poder a éstas para hacerlo.

3. Responsabilidad de las redes sociales

Las redes sociales nacieron bajo el principio de exoneración de responsabilidad por los contenidos de sus usuarios (Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996 en EEUU y directiva de Comercio electrónico de 2000 en la UE).

Las redes sociales, en origen, eran plataformas digitales neutrales en las que los usuarios intercambiaban libremente contenidos, en ejercicio de su derecho a la Libertad de Expresión, y ellos eran los únicos responsables de lo que decían.

A las redes sociales no se las consideraban medios de comunicación (como los periódicos, la radio o la televisión), porque no tenían línea editorial ni poderes editoriales para decidir lo que se publicaba y lo que no se publicaba en ellas.

Pero eso ha cambiado con los años, y ya no se puede decir que sean neutrales, muchas veces impulsadas por los propios gobiernos a moderar contenidos que NO son ilegales. Por lo que cabe replantearse su régimen de responsabilidad.

Lo novedoso de la propuesta del presidente del Gobierno es que los dueños o CEOs (directores generales o ejecutivos) de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas.

Conclusiones

1. Éste no es un problema tecnológico; es un problema ideológico y, sobre todo, jurídico, de Derechos Fundamentales: según nuestra Constitución (art. 20.4), el único límite de la Libertad de Expresión es la Ley.

2. Las redes sociales siguen teniendo en el Reglamento de Servicios Digitales (art. 6) la obligación de retirar los contenidos ilegales, si tienen conocimiento efectivo de ellos. Y son responsables -y se les puede multar- si no lo hacen.

3. Las redes sociales NO tienen una obligación general de monitorización o de búsqueda activa de actividades ilícitas (art. 8), aunque sí deben evaluar los riesgos sistémicos (art. 34) y adoptar medidas para reducirlos (art. 35).

4. La DSA da ‘carta blanca’ a las redes sociales para ‘moderar’ contenidos que sean ‘incompatibles con sus condiciones generales’ (art. 3.t), aunque éstos no sean ilegales. Lo cual va en contra del derecho a la Libertad de Expresión.

5. La única responsabilidad personal que podría exigirse a los dueños o CEOs de las redes sociales (como ya ocurrió con el CEO de Telegram en Francia), es si no retiran contenidos ilegales o no colaboran con la Justicia.