Pero por si acaso hubiera alguien capaz de desentrañarlas, la vicepresidenta 2ª y ministra de trabajo se ha empeñado en hacerla más compleja.

Para empezar este martes ha complicado aún más la jerarquía de los convenios. 

Una de las ventajas de la reforma laboral de 2012 era la prevalencia del convenio de empresa, sobre los demás. De esa manera se concedía a la empresa la posibilidad de adaptar su regulación interna a su estrategia competitiva. Empresa y sindicatos podían utilizar el convenio para competir mejor. De esa manera se consolidaban sus puestos de trabajo, se mejoraba su productividad y, en consecuencia la situación salarial de sus trabajadores.

Pero eso amenazaba el poder de la burocracia de los sindicatos y de la patronal. De manera que en cuanto pudieron, con el nombramiento de Yolanda Díaz como ministra, volvieron a la jerarquía anterior en la reforma laboral de 2021. A partir de ella los convenios sectoriales, negociados por los aparatos sindicales y patronales, vuelven a primar sobre los de empresa. Salvo casos muy tasados de posible “descuelgue temporal” ante amenaza de desaparición de la empresa. Así los “aparatos” sindicales, los liberados de la estructura, recuperaban protagonismo. También los expertos de las patronales.

Así los “aparatos” sindicales, los liberados de la estructura, recuperaban protagonismo. También los expertos de las patronales

Después del martes pasado, por un acuerdo político, se pretende que ahora sean los convenios de ámbito autonómico los que primen. El PNV lo ha impuesto ¿Por qué? Por razones de ideología nacionalista y por favorecer a sus sindicatos ELA/STV (PNV) y LAB (Bildu) y sus patronales locales. De esa manera se separan aún más de la normativa estatal. No es de extrañar que tanto los sindicatos más representativos (CCOO y UGT), como otros (USO, CGT, …) estén en contra de esta medida. Lo mismo la CEOE que es de ámbito estatal.

Eso complicará aún más la interpretación de la normativa a aplicar en cada autonomía. Como siempre al aumentar su complejidad los ganadores son: los abogados, en este caso los laboralistas. Al romper, por enésima vez, la unidad de mercado mediante la legislación se perjudica la competitividad de la economía española dividida en sus reinos de taifas autonómicos.

Lo grave en este caso es que la razón de esta decisión no es una racionalidad económica, sino la necesidad de “comprar” el voto del PNV para un decreto que ya fue rechazado. El de la reforma de las prestaciones sociales en el desempleo. 

Un decreto exigido por la UE para desbloquear otra remesa de fondos de Next Generation. 

No es de extrañar que tanto los sindicatos más representativos (CCOO y UGT), como otros (USO, CGT, …) estén en contra de esta medida

Pero si el acuerdo sobre convenios autonómicos hace compleja la legislación para las empresas, que verán aplicar distintas normativas en distintos territorios, el de la prestación y subsidio de desempleo hace más compleja la comprensión a los desempleados registrados en el Sepe.

Para poder aprovecharse de todos los derechos a los que se abre este decreto habrá que ser un verdadero experto. Por eso los abogados volverán a ser beneficiados. Aumentará el número de sus clientes. Ahora cuando un trabajador se apunte al Sepe deberá ir acompañado de su abogado para extraer todo tipo de ventajas. Por ejemplo para seguir cobrando el desempleo mientras percibe hasta 2.250 euros de salario al mes, según circunstancias.

Eso hace que se incentive la búsqueda y aceptación de trabajo aunque se esté “apuntado al paro”. Es un efecto positivo, flexibiliza el mercado de trabajo. Por otra parte hará que mucha gente acepte sueldos inferiores, porque lo completará con “la paguita”. Es decir que lo subvencionaran los contribuyentes. Mayor gasto para las arcas públicas.

O sea que por vía de lo que llaman el diálogo social, que no ha existido porque la CEOE esta en contra de casi todo y los sindicatos de parte, tenemos un nuevo intento de Reforma Laboral (RL2024). Esta vez encubierta.

Claro está que todo esto se discutió en el Congreso en diciembre y el gobierno sufrió una derrota parlamentaria; queda una esperanza: que no se apruebe ahora tampoco. Las leyes son necesarias. Pero la diarrea legislativa acaba creando inseguridad jurídica. La única ventaja de tener un gobierno débil en el Parlamento es que reduce su exuberancia legislativa.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.