El nivel de propaganda y pleitesía al poder político de la izquierda es aberrante. Ante las legítimas protestas de los agricultores, el gobierno ha lanzado a sus altavoces mediáticos a difundir que "no son trabajadores, son terratenientes". "Son empresarios".

La culpa no es de la dañina Agenda 2030 y de las desastrosas políticas del Gobierno, sino de "los supermercados". Todo mientras el ministro Puente, el que no ve terrorismo en los asaltos de los CDR y Tsunami, amenaza con cargar contra los manifestantes. Siempre igual, mentir, reprimir y propaganda.

Agentes de la Guardia Civil dialogan para llegar a un acuerdo con los agricultores tras el intento de cortar el tráfico en la autovía A-42 Diego Radamén Europa Press

Decir que no son trabajadores sino terratenientes es una vergüenza. Un grupo de políticos burócratas que jamás han creado una empresa o cultivado el campo, que vive de expoliar a los demás, diciendo a los agricultores que se callen porque no tragan con la propaganda de que España es el paraíso cósmico. 

La realidad del campo es que, desde 2019, los beneficios de toda la cadena han bajado. Mientras, los impuestos han aumentado masivamente. ¿Por qué? Porque los impuestos encadenados se van aplicando sobre cada tramo de precio en una cadena masivamente atomizada. El mayor beneficiario del expolio a los agricultores es el Gobierno.

Ya basta.

El Ejecutivo, que se lleva en impuestos más del 41% del beneficio bruto de un agricultor medio, culpa de los problemas a un sector –los supermercados- que tiene márgenes que no llegan al 3%.

Los beneficios de toda la cadena han bajado mientras los impuestos han aumentado masivamente

Si tomamos el precio del tomate de ensalada en un supermercado (2,25 euros el kilo), restanis los costes de producción, almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización, salen 0,92 euros. Los beneficios de toda la cadena no llegan a 0,25 euros el kilo, mientras que los impuestos a toda la cadena –directos e indirectos- superan 1,08 euros por kilo, según cálculos de toda la cadena usando cifras de Asaja y Coexphal.

Los costes de contratación se han disparado un 50% desde 2019, mientras que los costes de producción han aumentado más de un 21% desde 2021. Los costes de manipulado han aumentado un 9,7% y los costes de salida del almacén han subido un 16,5%, según APROA.

Los costes se disparan y los impuestos han aumentado en toda la cadena, empezando por los costes de contratación, y sin olvidar la fuerte subida de cargas indirectas.

Así, en pocos años, el beneficio de la cadena completa ha bajado de 0,40 euros el kilo a 0,25 euros el kilo mientras los impuestos han subido de 0,70 euros el kilo a 1,08 euros.

El beneficio de la cadena completa ha bajado de 0,40 euros el kilo a 0,25 euros el kilo

Estas cifras son aterradoras. El campo está esquilmado a impuestos, pero además se le asfixia a trabas burocráticas, con unas ridículas medidas mal llamadas "medioambientales" que ni ayudan al cultivo sostenible ni mejoran el medioambiente. Y mientras, los países subvencionan a otros Estados donde no se les exigen estos impuestos ni estas restricciones.

Un agricultor español no es un terrateniente, la media tiene un cultivo de menos de 28 hectáreas. Gana un salario de menos de 35.000 euros trabajando de sol a sol deslomándose para darnos productos de calidad, abundantes y sanos.

La Agenda 2030 no ha hundido la agricultura, ha sido la utilización política de unos objetivos completamente inocuos para imponer una política intervencionista. Una política que trata a ganaderos y agricultores como si fueran delincuentes y que usa al sector primario como cajero automático del poder político. Se aprovecha de que la cadena está muy desagregada y son fundamentalmente microempresas. Y así, expolia y enfrenta a la sociedad civil.

Los agricultores no tragan con la propaganda. Durante años se les ha engañado echando la culpa a los transportistas, a los supermercados, a los distribuidores, a los agricultores de otros países e incluso a los diferentes cultivos de cada país.

Un cuento de los oligarcas políticos extractivos para seguir expoliando a toda la cadena. ¿Agricultor? Impuestazo. ¿Almacenamiento? Impuestazo. ¿Tratamiento y manipulado? Impuestazo. ¿Frío? Impuestazo. ¿Transporte? Impuestazos ¿Distribución y almacenamiento? Más impuestazos. ¿Comercialización? Otro impuestazo. Y te dice el gobierno que apoya al campo porque se ha inventado que ha dado 4.000 millones de euros para el sector primario, que no ha visto ningún agricultor por ningún lado.

El Gobierno les dice a los agricultores que tienen que tragar con las salvajadas intervencionistas que imponen usando la excusa de la Agenda 2030 y con el expolio fiscal. Luego prometen que van a ponerle las mismas trabas e impuestos a los demás, pero no engañan a nadie. Todos sabemos que siguen subvencionando a otros países mientras expolian a los que producen aquí.

Ustedes se preguntarán qué interés tiene el Gobierno y los burócratas de destruir nuestro sector agrícola. Muy sencillo, convierten a la sociedad en todavía más dependiente del poder político y dinamitan a un sector de autónomos y microempresas en las que los partidos y sindicatos corruptos no tienen poder.

Ya basta. La Unión Europea se creó como un mercado común para defender la agricultura y se ha convertido en un erial burocrático que destruye la industria, la agricultura y la ganadería con una agenda intervencionista que solo hunde lo que finge proteger. A los agricultores ya no les engañan.