De ahí, precisamente, la importancia de impulsar la productividad. El Gobierno de PSOE y Sumar, sin embargo, además de no entender ni atender lo más mínimo a este concepto, contribuye eficazmente a hundir aún más el auténtico motor económico del país mediante abusivas subidas fiscales, un creciente despilfarro de gasto público y regulaciones absurdas y contraproducentes que dificultan enormemente el crecimiento del PIB.

Prueba de ello es que la productividad ha bajado cerca de un 4% desde 2019, la mayor caída del mundo rico, mientras que ha aumentado en una proporción similar en el conjunto de la OCDE. Y lo más grave es que no se trata de una situación meramente coyuntural, sino de un problema estructural, propio y endémico de la economía española. No en vano, a poco que se amplíe la perspectiva temporal, se observa que la productividad acumula un retroceso superior al 7% desde el año 2000, mientras que en EEUU ha crecido más de un 15% y en Alemania casi un 12%.

Esto significa, entre otras muchas cosas, que todos los intentos del Gobierno por elevar artificialmente los sueldos, tal y como viene sucediendo con el salario mínimo interprofesional (SMI), resultarán en vano, traduciéndose en destrucción de empleo, precios más altos y menos inversión empresarial que, en última instancia, acabarán perjudicando a los más vulnerables. Pero es que, además, a la baja productividad del sector privado, se añade la negativa productividad del público, cuyo deterioro es alarmante en los últimos años.

España cerró el pasado año con un total de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), un nuevo récord histórico y cerca de 340.000 efectivos más que en 2019, justo antes del estallido de la pandemia. De hecho, el empleo público ha crecido en más de 600.000 puestos desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, pero el empleo privado cuenta hoy con 90.000 trabajadores menos que entonces.

La productividad ha bajado cerca de un 4% desde 2019, la mayor caída del mundo rico

La paradoja de semejante incremento, de casi el 20% en 16 años, es que los servicios que ofrece la Administración Pública, lejos de mejorar, han empeorado de forma muy significativa. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2022, España gasta 156.000 millones de euros en sueldos públicos, lo que representa el 24% del gasto total, un 15% más que en 2019 y hasta un 45% más que en 2007.

Asimismo, el gasto en servicios básicos como Educación y Sanidad ronda los 152.000 millones de euros en la actualidad, un 21% más que antes del coronavirus y un 46% extra respecto al pico de la burbuja. Es decir, el Estado destina muchos más recursos personales y económicos que tiempo atrás, con el consiguiente aumento de los costes para el contribuyente en forma de impuestos, tanto presentes como futuros (deuda pública).

Sin embargo, al mismo tiempo, la calidad de los servicios prestados ha empeorado. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 53% de los españoles considera que la Administración funciona mal o muy mal. En concreto, el 42% está insatisfecho con la educación pública, el 45% con los servicios sociales, el 50% con la sanidad y un llamativo 66% valora negativamente el funcionamiento de la Justicia. La mayoría de encuestados también coincide en que tanto los procedimientos administrativos como el tiempo a la hora de resolver gestiones ha empeorado en los últimos años.

España gasta 156.000 millones de euros en sueldos públicos, lo que representa el 24% del gasto total

Si España destina hoy muchos más trabajadores y dinero al sector público y los servicios que se consideran básicos funcionan mucho peor, esto significa, ni más ni menos, que la productividad de la Administración ha caído y mucho. Dicho de otro modo, los empleados -funcionarios, en su mayoría- trabajan poco y trabajan mal, en términos generales. España tiene un problema de productividad económica, sí, pero esta particular deficiencia resulta especialmente grave en el sector público.

Y la culpa, en este caso, no es del personal, sino de su dirección, es decir, de la clase gobernante. Casi todo en la vida es cuestión de incentivos. Trabajar poco y mal en el sector público sale gratis. Al igual que es urgente mejorar la productividad de las empresas aplicando reformas estructurales para incentivar su crecimiento mediante rebajas fiscales y más libertad económica y seguridad jurídica, es fundamental reformar, igualmente, la función pública con el mismo fin.

Ya es hora de que España acabe de una vez con la rémora del trabajo seguro y de por vida que disfrutan la mayoría de empleados públicos a costa de los contribuyentes, sin atender lo más mínimo al desempeño. Funcionario que no trabaje o trabaje mal, a la calle. E, igualmente, ya es hora de que la gestión y la atención de la Administración recuperen la normalidad. La pandemia acabó hace años, pero parece que en buena parte del Estado, CCAA y ayuntamientos todavía no se han dado cuenta, manteniendo anomalías como la exigencia de “cita previa”, lo cual es un dislate y un despropósito. ¡Pongan a sus trabajadores a trabajar! Para eso, al menos en teoría, les pagamos.

*** Manuel Llamas Fraga es analista económico y director del Instituto Juan de Mariana.