La ley 12/2023 de 24 de mayo mal llamada “por el derecho a la vivienda” es ejemplo de los efectos perversos de la demagogia.

Dos meses y medio después de su promulgación se reduce la oferta de vivienda en venta y suben los alquileres. La frase “por el derecho a la vivienda” se ha convertido en “menos vivienda y precios más caros”. No era difícil prever estos efectos si a una ley demagógica se añaden los intereses crecientes del BCE.

Las hipotecas de tipo variable se han encarecido y las que se firman con tipo de interés fijo también. Disminuyen las compras de vivienda.

Los grandes tenedores han cambiado su estrategia por una ley de vivienda que topa la subida de alquileres y es “amable” con los okupas; sacan inmuebles del mercado de alquiler y los venden sin prisa. El resto de los inversores (¿pequeños propietarios?), si tienen viviendas para alquilar, saben que tendrán difícil subir sus rentas al ritmo de la inflación y hay riesgo de alquilocupación (inquilinos que no pagan).

Muchos los sacan del mercado a la espera de mejores tiempos. En 2024 se espera que la construcción de vivienda se estanque o disminuya. No es extraño con esas perspectivas.

Por tanto, lo lógico sería cambiar una ley que crea estos efectos perversos.

En 2024 se espera que la construcción de vivienda se estanque o disminuya

¿Es posible en la próxima legislatura? No será sencillo. La demagogia es difícilmente reversible. Podrían darse tres situaciones: a) gobierno en minoría del PP; b) gobierno en coalición y apoyo parlamentario de Sánchez; c) nueva convocatoria de elecciones.

Con un gobierno del PP, en minoría, podría haber apoyos parlamentarios suficientes para cambiar la ley (probablemente el PNV lo apoyaría). Sin embargo, la movilización de la izquierda demagógica en la calle haría difícil el cambio legislativo, que no sería antes de las elecciones vascas, con el PNV fuera de presiones electorales.

Con un gobierno de Sánchez la rectificación de la ley sería más difícil. Parte de su gobierno no querría ni oír de ello, con Ada Colau (¿okupa?) influyendo. Se podría hacer con la ayuda del PP o Vox, como ya se hizo con la ley del “Sí es sí”; pero no habría presión mediática suficiente a favor de ese cambio.

Si hay nuevas elecciones, serían a final de año y se perdería tiempo. Hasta saber su resultado, el sector inmobiliario y de la construcción no reaccionarían. Incluso si fuera posible un cambio legislativo por un gobierno del PP con amplia mayoría. Las inversiones en construcción tardan en planificarse y, más aún, en ejecutarse.

De manera que el daño está hecho y, aunque fuera posible corregirlo, se tardará tiempo en rectificar.

Las inversiones en construcción tardan en planificarse y, más aún, en ejecutarse

Es el problema de la demagogia. Tienen que verse muy claros sus efectos para que se produzca la rectificación. 

¿Son los números son suficientemente significativos para la rectificación?:

-El mes de julio los alquileres subieron un 0,9% y en el trimestre anterior el 3,7%. Es el séptimo mes de subida consecutiva. A este ritmo la subida en 2023 será superior a la del año pasado (9,3%). Hay capitales de provincia, como Alicante que la subida anual es del 20%.

-Eso a pesar de la limitación de las subidas de las rentas a los actuales inquilinos. El Gobierno, en base a la ley, las topó en el 2% para este año y el 3% para el siguiente. Solo se puede superar ese tope en viviendas de “pequeño propietario” si hay acuerdo entre arrendatario y arrendador.

-Entonces ¿por qué sube tanto el alquiler? Porque los propietarios no prorrogan los contratos y a los siguientes inquilinos le ponen uno más alto en previsión de topes. Siguientes inquilinos que tienen que aceptar dada la escasez de oferta.

-En cuanto al precio por compra ha subido en julio el 0,3% lo que supone una subida anual de casi el 9,7% anual, debido a la escasez de oferta. También porque se venden las caras, no las sociales, que no hay. Produciendo un efecto antisocial. Lo contrario que pretende la ley.

¿Es suficiente? Parece que aún no, porque el Gobierno (en funciones) no dice nada y, por lo que se vio, los electores tampoco. No hay más ciego que el que no quiere ver.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.