En la última década, España ha experimentado mejoras significativas en términos estructurales que permiten afrontar el futuro en una mejor posición competitiva. Se ha producido una fuerte reducción del endeudamiento de hogares y empresas; se ha saneado nuestra balanza exterior con superávit por cuenta corriente continuados y se mantiene en condiciones favorables el acceso a las fuentes de financiación en los mercados internacionales y a los fondos comunitarios (que a su vez se fondean a través de las emisiones de deuda conjunta, un paso relevante para una mayor integración europea, siendo España uno de los principales beneficiarios).

Sin embargo, no es menos cierto que el endeudamiento público acumulado tras la crisis de la Covid es muy elevado y el nuevo Gobierno tendrá que realizar esfuerzos para ajustar las cuentas públicas y aproximarlas al equilibrio presupuestario (en 2024 entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales para la Unión Europea). Todo ello en un contexto de demanda de políticas que favorezcan la equidad (según Eurostat, un 26% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social) y de presión demográfica sobre los servicios públicos fundamentales que, sin duda, van a tensionar el gasto público (pensiones, gasto sanitario, dependencia, etc).

Es obvio que será difícil mantener las tasas de crecimiento de los ingresos públicos de los últimos dos años y que tampoco se podrá contar con la complicidad de los tipos de interés como en ejercicios anteriores, que volverá a elevar el coste del servicio de la deuda.

Quedan algunas asignaturas pendientes desde varias legislaturas atrás, como la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, caducado desde 2014 y cuya demora sigue sin resolver el desequilibrio entre Comunidades Autónomas en la prestación de servicios básicos como sanidad y educación. Otros retos son más recientes, como el compromiso con el Pacto Verde de la UE para descarbonizar la economía y conseguir la neutralidad climática en 2050. Los fenómenos climáticos extremos se han convertido en crónicos, siendo especialmente dañinos para la economía española, con fenómenos adversos de sobra conocidos (sequía, incendios, desastres naturales, etc).

Será difícil mantener las tasas de crecimiento de los ingresos públicos de los últimos dos años y tampoco se podrá contar con la complicidad de los tipos de interés

La transición ecológica es una oportunidad única para España, que podría convertirse en una potencia en energía eólica y fotovoltaica y adoptar una posición pionera en el almacenamiento y el hidrógeno verde. No obstante, esta transición debe ser justa. De no ser así, la desafección y animadversión, sobre todo de los más vulnerables, puede suponer un freno para la acción política.

Para abordar esta agenda e impulsar el PIB potencial de nuestra economía, el nuevo Gobierno contará con el apoyo de los fondos de recuperación (NextGenerationEU). La digitalización y la transición ecológica serán las palancas para conseguir mejoras de competitividad, pero su éxito dependerá de la capacidad de las administraciones para: (i) agilizar la ejecución eliminando obstáculos burocráticos y normativos que limiten la atracción de inversión privada y (ii) evitar la improvisación en los proyectos, maximizando la rentabilidad social y económica de los mismos.

Por tanto, si bien se antoja complicado una legislatura tan convulsa como la actual (con fenómenos que en Europa no se producían desde hace casi un siglo), la próxima tampoco será sencilla y comenzará con vientos de cara relevantes. Las condiciones de financiación se encuentran significativamente endurecidas y el apoyo de la política monetaria será menor; las presiones sobre la inflación subyacente continúan siendo muy elevadas afectando al poder adquisitivo de los hogares y algunos de nuestros principales destinos de exportaciones se encuentran en una situación recesiva, que terminará impactando en la dinámica de crecimiento de la economía española.

*** Salvador Jiménez es profesor de Afi Escuela.