Y lo hace en un contexto singular, pues a la presión económica y social derivada de la guerra en Ucrania (el peor conflicto en suelo comunitario desde la II Guerra Mundial), se une el telón de fondo de las elecciones generales del 23 de julio, con una campaña electoral inminente en un terreno político sumamente convulso y polarizado. Sin embargo, desde el Gobierno y las instituciones europeas lo tienen claro: el progreso y la estabilidad corren parejos a la calidad institucional y, en este sentido, unas elecciones no deberían afectar (en teoría) al normal desarrollo de la Presidencia. De hecho, países como Francia, Bélgica o Polonia, por ejemplo, ya han enfrentado esta situación con anterioridad.

Ahora bien, ¿Cuáles serán las prioridades y problemáticas económicas más acuciantes que habrá de enfrentar el Gobierno (presente o futuro) que se conforme tras el 23J? Ahí estriban los principales dilemas, pues la incomunicación de los líderes de los principales partidos con opciones de gobierno (Sánchez y Feijóo) es evidente, y la agenda de prioridades y reformas políticas dista sustancialmente entre una formación y otra, ergo el cambio de color del Ejecutivo podría trastocar la hoja de ruta prevista.

Reglas fiscales y marco económico de gobernanza

Una pandemia, una guerra, crisis energética, alimentaria y de suministros, una inflación galopante y unas hostiles condiciones financieras que han comportado una avalancha de dificultades para hogares, empresas e industria. En suma, una serie de elementos que han marcado el tablero de la gobernanza y han dibujado un entorno difícil y de gran incertidumbre en toda Europa.

En plenas negociaciones sobre las futuras reglas fiscales de la Unión Europea, ésa será la foto que empleará el Ejecutivo de Sánchez para defender la necesidad de justificar mayor gasto y flexibilizar los objetivos de consolidación fiscal en función de la realidad macroeconómica de cada país. En otras palabras, “una Europa más social para no dejar a nadie atrás” frente a la austeridad que caracterizó la política económica en la pasada década.

El Gobierno y las instituciones europeas lo tienen claro: el progreso y la estabilidad corren parejos a la calidad institucional

En este sentido, el Gobierno llega relativamente bien posicionado en los datos para defender su discurso político e ideológico: España creció un 0,6% en el primer trimestre de 2023 y recupera el nivel de PIB prepandemia (tras cuatro años y siendo la última economía de la UE y avanzada de la OCDE en lograrlo); España lidera el crecimiento en Europa (aunque, como bien han apuntado muchos analistas, cabe decir que más que crecimiento... convendría hablar de rebote, pues nuestro país se dejó más de once puntos de su Producto Interior Bruto en 2020, siendo también el país de la UE que sufrió el desplome más significativo de su economía); España se convirtió en junio en la primera gran economía europea en reducir la inflación por debajo del 2%, nivel de referencia del Banco Central Europeo para detener la subida de tipos de interés (aunque este dato es una mera ilusión estadística, marcado por “el efecto base” en la comparativa interanual, y se prevén incrementos en los próximos meses).

Todo ello en un contexto en el que España también defiende hacer de experiencias como el Plan de Recuperación y los fondos #NextGeneration un instrumento permanente de respuesta ante crisis futuras. Unos fondos europeos de los que todo el mundo habla, pero de los que la mayor parte de los actores empresariales e industriales alegan falta de transparencia, lentitud en la ejecución y un agónico impacto de resultados tangibles

Reforma del mercado energético y avance hacia la transición ecológica

Uno de los principales problemas revelados tras el estallido de la guerra en Ucrania y el consiguiente despliegue de sanciones es la alta dependencia energética del bloque comunitario de Rusia. En ese sentido, la hoja de ruta desde las instituciones europeas ha sido clara: garantizar la seguridad e independencia energética de la Unión a la mayor celeridad posible.

La Presidencia española de la UE tendrá que perfilar el tramo final de las directivas revisadas de eficiencia energética, renovables y dar un impulso claro a la regulación sobre el mercado del hidrógeno y las infraestructuras e interconexiones energéticas. Todo ello con el reto inminente de afrontar y acordar una reforma del mercado energético a fin de paliar y adaptar la respuesta europea ante posibles futuras crisis energéticas de la naturaleza reciente.

El reto inminente de afrontar y acordar una reforma del mercado energético a fin de paliar y adaptar la respuesta europea ante posibles futuras crisis energéticas

Sin embargo, hay voces que apuntan que una reforma estructural de semejante calado no es necesaria, pues la escalada de precios empieza a remitir y eso prueba que se trató de un shock excepcional, peor que el mercado realmente funciona. Asimismo, el Gobierno tratará de defender el mecanismo de la excepción ibérica (muy criticado internamente), y deberá afrontar un liderazgo climático y energético en un momento incómodo por la falta de consenso en política doméstica, pues Feijóo ha anunciado que, si sale elegido, prolongará la vida activa de las centrales nucleares existentes en España.

Reindustrialización de Europa y apuesta por su autonomía estratégica

Una autonomía que dote al club comunitario de las herramientas necesarias para actuar, incrementar su resiliencia y jugar un papel geopolítico relevante en un contexto internacional cada vez más volátil y convulso. Un enfoque de industrias 'Made in Europe' en ámbitos clave de la economía europea donde la Unión converja hacia una mayor integración y producción dentro de sus fronteras: energía, materias primas, infraestructuras, ciberseguridad, salud o seguridad alimentaria.

El hecho de que la UE solo ostente una cuota del 10% del mercado mundial en la fabricación de microchips, esenciales para la mayoría de productos tecnológicos; o la importación de más de un 70% de los paneles fotovoltaicos de países como China, Corea del Sur y Malasia (en un contexto en que el sol y el viento son el pilar más relevante para el impulso de las renovables) son evidencias muy representativas del alcance de estas dependencias. En este sentido, España tratará de reforzar los vínculos comerciales económicos con potencias de África y, muy especialmente, de América Latina.

Lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal

La Presidencia española desembarcará en un momento clave, pues las negociaciones sobre la futura autoridad europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) se encuentran a pleno rendimiento. Dicho fraude fiscal le cuesta a la UE un promedio de 1,5/2 puntos de PIB cada año, mientras que sólo en España el fraude fiscal se sitúa cerca de los 100.000 millones de euros, según estadísticas del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Retos y desafíos económicos imponentes con una prioridad de fondo: el apoyo incondicional a Ucrania cueste lo que cueste. Y una preocupación: el auge progresivo de las fuerzas extremistas que, a izquierda y a derecha, ya condicionan y que, con toda probabilidad, condicionarán aún más no sólo el gobierno de España, sino también la propia gobernanza europea. Frente al extremismo que, en palabras de María Zambrano, “destruye todo lo que afirma”, la mejor consigna es la unidad, más integración europea y más democracia.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.