El 28M hay elecciones municipales y, en algunos territorios, también autonómicas. Se decide la Administración más cercana al ciudadano. La que ofrece los los servicios más directos.

Podría pensarse que la diferencia en los modelos económicos en este caso no es tan decisiva; que lo importante no es el tipo de ideología económica, sino si los servicios públicos propios de esas Administraciones se realizan bien o no.

Pero no es verdad. Una de las diferencias entre el modelo PSOE y el PP es fiscal. Los socialistas piensan que el dinero está mejor administrado en sus manos como gobernantes que en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras que los populares opinan lo contrario.

Esa diferencia no es banal e influye en la vida diaria de los ciudadanos. La extracción fiscal de los gobiernos socialistas-podemitas reduce la renta familiar. Esa reducción disminuye la libertad de consumo de los ciudadanos.

A cambio de ello, los socialistas-podemitas piensan que el dinero detraído al ciudadano se debe utilizar para lo que llaman “los servicios sociales”. Una de sus consecuencias es que, para ello, se necesita un aparato administrativo que absorbe parte de esos dineros en aumentar ese aparato.

Por el contrario, el centro-derecha/derecha piensa que hay que reducir al máximo los impuestos para dejar a los ciudadanos la decisión sobre cómo utilizar su renta familiar. Eso aumenta la libertad de consumo. También debería reducirse el volumen de la Administración y animar la economía a través de ese consumo creando puestos de trabajo.

*** José Ramón Pin es profesor del IESE. 

Esos son en síntesis los dos modelos que se enfrentan en las elecciones del 28M.

El modelo PSOE-UP alega que se preocupa de los más desfavorecidos de manera directa, por eso se denominan “progresistas” y tachan a los demás de falta de sensibilidad social.

El modelo del centro-derecha/derecha indica que evita el despilfarro, aumenta la libertad de consumo y la creación de trabajo, siendo esto lo mejor para combatir la exclusión social.

Ante ello debería pensarse que las familias de menor renta, deberían ser partidarias de la mayor presión fiscal, y viceversa en las de mayor renta, si solo actuasen por razones económicas. Como antes se decía, “no hay más tonto que un obrero de derechas o un rico de izquierdas”.

Un razonamiento tan simple conduce a errores. La economía es compleja. La práctica demuestra que ciertos colectivos necesitan de la asistencia social. También que, si se excede la exacción fiscal, acaba estrangulando la economía y aumentando los volúmenes de esos colectivos de manera innecesaria.

Los socialistas piensan que el dinero está mejor administrado en sus manos como gobernantes que en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras que los populares opinan lo contrario

Por eso, en la práctica los dos modelos no pueden aplicarse de manera pura. Lo normal es una situación mixta. Pero con un acento en el aumento fiscal en un caso y una menor menor presión fiscal en el otro. Eso se nota, por ejemplo, en las políticas sobre el tipo fiscal del tramo autonómico del IRPF o del IBI. En un modelo tiran hacia arriba, en el otro hacia abajo.

Lo mismo ocurre con el derecho a propiedad. La izquierda lo limita a lo que llama la necesidad social, de ahí que sea partidario de la congelación de los alquileres y tolerante con los okupas.

Mientras que, en materia de viviendas, el centro-derecha/derecha considera más importante el derecho del propietario, que muchas veces ha ahorrado para serlo. De ahí que prefiera libertad de mercado en el alquiler. Su teoría es que esa libertad incentiva la creación de viviendas y, por tanto, amortigua los precios de alquiler a largo plazo y crea trabajo. Pero, como en el caso de los tributos, ninguna de las dos posturas se pueden aplicar de manera radical en la práctica.

De manera que, si sólo se tratase de economía la decisión electoral, sería entre dos modelos antagónicos, pero matizados.

Sin embargo, cuando se miran los resultados a largo plazo, los resultados de un modelo y el otro son palpables. Algunos territorios han estado muchos años gobernados por el PP, mientras en otros territorios ha sido hegemónico el PSOE. El ciudadano debe analizar si en estos territorios las políticas fiscales y de vivienda han sido coherentes, o no, con sus modelos económicos de base y cuál ha sido el resultado.