A fin de cuentas, Ferrovial se va a poder marchar a los Países Bajos, destino que resulta poco verosímil suponer ajeno al liviano tratamiento tributario que allí se procura a las multinacionales ajenas, gracias a los esfuerzos que en su día llevaron a cabo muy notorios socialistas europeos, como Jacques Delors o Michel Camdessus, con el objetivo expreso de facilitar las migraciones de los capitales por encima de las lindes de los Estados.

¿A qué viene ahora, pues, tanto llanto hipócrita desde el establishment de la izquierda hispana? Por lo demás, también resultan ser nuestras inconsolables plañideras socialdemócratas las que igual vienen propiciando que los pequeños jugadores ventajistas dentro de la Unión Europea - lugares como Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo o Malta- perviertan a diario el principio de la unidad de mercado por la vía del dumping fiscal.

Y es que la inseguridad jurídica permanente que comenzará a sufrir Ferrovial justo a partir del instante en que se consume su deslocalización, una incertidumbre legal derivada del contenido del célebre artículo 116 del Tratado de la Unión Europea, es bien probable que no llegue a acarrear consecuencias mayores para la compañía en el futuro gracias a la deliberada inacción de esos mismos desolados socialistas.

Recuérdese que el 116 representa la teórica espada de Damocles - tan teórica que nunca se ha aplicado en la práctica- que pende sobre las estrategias de los países miembros que fuerzan la interminable carrera a la baja de los impuestos que gravan a las empresas en el plano nacional, obligando de facto a los 27 a transitar por la senda impositiva que ellos determinen.

Una incertidumbre legal derivada del contenido del célebre artículo 116 del Tratado de la Unión Europea

Al cabo, y al margen de llorar al desconsolado modo cada vez que otra gran compañía hace las maletas con rumbo a los consabidos destinos de siempre, los socialdemócratas, todos los socialdemócratas, igual los ibéricos que los del otro lado de los Pirineos, siempre se han abstenido de forzar la activación en Bruselas de la prerrogativa jurídica que posibilitaría poner freno a esas huidas recurrentes dentro de la UE.

Porque lo que facilitaría el 116, si alguna vez se llegase a utilizar, sería acabar con la exigencia de la unanimidad en la toma de determinadas decisiones comunitarias, además de con su corolario habitual, el recurso al veto que utilizan los Países Bajos, entre otros, para practicar la competencia tributaria desleal contra los demás socios.

En concreto, el 116 habilita a la Comisión para abrir una ronda de consultas entre los Estados miembros en el supuesto de que crea identificar prácticas nacionales que distorsionen el funcionamiento del mercado interno. Un proceso, el que abre el recurso a ese artículo, que llevaría a la eventual aprobación de una directiva comunitaria que, contra lo que establece principio general, fuese susceptible de ser elevada a norma de obligado cumplimiento con el aval de una simple mayoría cualificada de los Estados.

Algo que, a efectos prácticos, requeriría contar con únicamente el voto favorable del 55% de los países que, a su vez, representen al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Además, la decisión debería contar con el respaldo de la Eurocámara. A esos efectos puramente demográficos, repárese en que Alemania y España, dos de los países más poblados de la Unión, están gobernados ahora mismo por partidos socialdemócratas.

No obstante, ni el presidente Pedro Sánchez ni su ministra de Economía, Nadia Calviño, han ofrecido el menor indicio hasta el momento de querer acogerse a esa vía a su alcance y proponer ante el ECOFIN, que sería la instancia pertinente, que se active el 116 a fin de impedir la marcha de Ferrovial. Acaso tanto llanto se lo impida.

El 116 habilita a la Comisión para abrir una ronda de consultas entre los Estados miembros

Casos como el que nos ocupa ratifican que la socialdemocracia vive hoy encerrada en un callejón sin salida ideológica. Porque las políticas de pleno empleo promovido por el Estado y financiado con cargo al déficit, en su tiempo las canónicas de la izquierda en todas partes, se convirtieron en inviables desde el momento en que el capital fue libre para desplazarse a través de las fronteras. La socialdemocracia surgió dentro de un contexto histórico definido por la existencia del Estado-nación soberano y únicamente pudo realizar su programa clásico mientras continuó existiendo el Estado-nación soberano.

Pero desde que el Leviatán fue desposeído, en gran medida gracias al empeño de la propia socialdemocracia, de los atributos tradicionales que definían su autonomía en todos los ámbitos, un ocaso que en Europa encuentra su clímax con la firma del Tratado de Maastricht, la izquierda se ve ante la obligación de elegir el camino a seguir frente la encrucijada de eso que Dani Rodrik bautizó en su momento como “el trilema”.

O bien mundialización sin cortapisas, suprimiendo las trabas que los órdenes políticos nacionales todavía oponen a esa tendencia (léase subordinación del sufragio universal a la soberanía plena de los mercados). O bien retorno de la preeminencia absoluta de los poderes políticos legitimados por las urnas, lo que implicaría forzar el repliegue al anterior ámbito prioritariamente estatal y doméstico de los mercados.

O, tercera y última posibilidad, afianzamiento de la expansión transfronteriza de los actores económicos, pero, en nuestro caso particular, acompañado de la perentoria fundación de los Estados Unidos de Europa, lo que debería llevar asociado la transferencia íntegra a ese nuevo sujeto político de la soberanía residual de los Estados. Y bueno sería que, en cuanto terminen de secarse las lágrimas por lo de Ferrovial, nuestros afligidos socialistas, ya más serenos, comenzasen a pensar un poco en ese asunto.

*** José García Domínguez es economista.