Hace apenas tres años, Estados Unidos rechazó el Acuerdo de París sobre el clima y vimos cómo la explotación de los combustibles fósiles ocupaba un lugar central en la política energética del país. Desde entonces hemos asistido a un poderoso cambio de viento con la firma por parte del Congreso de Estados Unidos de la Ley de Reducción de la Inflación (LRI) el pasado mes de agosto.

Para algunos analistas, esta legislación, que prevé un gasto cercano a los 370.000 millones de dólares en tecnologías verdes, representa un gran éxito político interno para la administración Biden, un enorme impulso para la economía estadounidense y, sobre todo, una revolución en la lucha contra el cambio climático. En Europa, muchos dirigentes critican los efectos proteccionistas de la LRI y la Comisión Europea, que no quiere quedarse muy atrás, ya prepara su respuesta a través de su Plan Industrial Green Deal.

La LRI es un paquete legislativo multimillonario que, mediante subvenciones y exenciones fiscales a la industria de las tecnologías limpias, pretende "ecologizar" y hacer crecer una economía estadounidense que sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Además de abordar el aspecto climático, la legislación también pretende reducir el déficit presupuestario estadounidense mediante la introducción de un nuevo impuesto del 15% sobre los beneficios de las empresas estadounidenses, así como reforzar el sistema de seguridad social a través de una reducción de los precios de los medicamentos.

El paquete climático proporcionará créditos fiscales a la inversión y la producción para las empresas estadounidenses que se dediquen a las tecnologías verdes. Los principales -que no los únicos- ámbitos afectados son las energías renovables, la energía nuclear, los vehículos eléctricos, las baterías, la producción de hidrógeno verde, la eficiencia energética en los edificios, la captura de carbono y los biocombustibles.

Con la Ley de Reducción de la Inflación Estados Unidos está aplicando los acuerdos de París reduciendo drásticamente sus emisiones de CO2 y promoviendo la producción de tecnologías limpias "made in America". En otras palabras: anima a sus ciudadanos a comprar coches eléctricos de marca estadounidense compuestos por materiales electrónicos producidos en suelo estadounidense.

El paquete climático proporcionará créditos fiscales a la inversión y la producción para las empresas estadounidenses que se dediquen a las tecnologías verdes

El objetivo subyacente de esta estrategia es superar la dependencia de China para los componentes electrónicos utilizados en las tecnologías limpias. Por contextualizar, la Agencia Internacional de la Energía calcula que China controla el 60% de la capacidad de producción global de las baterías, paneles solares y turbinas eólicas.

Sin duda, la LRI supone un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos aborda la cuestión climática. Los expertos predicen que, si se combina con las políticas existentes, la nueva legislación podría suponer una reducción de las emisiones de alrededor del 46% para 2030 en comparación con los niveles de 2005 . Según el Foro Económico Mundial, esto dará lugar a la creación de varios cientos de miles de puestos de trabajo relacionados con las energías limpias, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de deflación que persigue el programa.

Más allá de la cuestión climática y del crecimiento económico, la LRI beneficia directamente a una serie de sectores y empresas punteros en materia de tecnologías limpias, tanto estadounidenses como con actividades de producción basadas en Estados Unidos. El sector del automóvil ofrece un ejemplo interesante. Gracias a una subvención gubernamental de 7.500 millones de dólares por la compra de un nuevo vehículo eléctrico, las marcas de automóviles estadounidenses, encabezadas por Tesla, se beneficiarán significativamente de esta ganancia inesperada.

Esto se aplica a toda la cadena de valor del sector del vehículo eléctrico, desde los fabricantes de componentes electrónicos (semiconductores como NXP Semiconductors) hasta los proveedores de minerales para las baterías (como el litio). Y no solo las empresas estadounidenses estarán interesadas en los incentivos fiscales, sino también las europeas que busquen invertir y trasladar sus actividades de producción a Estados Unidos.

Por ejemplo, en noviembre de 2022, ya aprobada la Ley, Iberdrola anunció su plan de invertir 36.000 millones de dólares en energías renovables y redes eléctricas con el objetivo de realizar el 47% de esta inversión en Estados Unidos. Volkswagen, Hyundai, Honda y Toyota también han mostrado interés en ampliar su producción en Estados Unidos para aprovechar estas subvenciones.

Y no solo las empresas estadounidenses estarán interesadas en los incentivos fiscales, sino también las europeas que busquen invertir 

La naturaleza "proteccionista" de la LRI, que ha sido plenamente respaldada por el Gobierno estadounidense, suscitó inicialmente la preocupación de varios líderes europeos, que la condenaron como una violación de las normas comerciales internacionales. Posteriormente, el pasado mes de febrero, la Comisión Europea dio a conocer su Plan Industrial de Acción Verde, diseñado para hacer frente a la Ley estadounidense y al dominio de China en la producción de tecnologías verdes.

El objetivo es crear un entorno más favorable para el despliegue de los conocimientos industriales necesarios para convertirse en el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, a diferencia de la estrategia climática estadounidense, que se basa únicamente en mecanismos de subvención fácilmente accesibles en todo el país, el plan europeo ya está siendo criticado por su complejidad política (27 Estados miembros que requieren coordinación) y una estructura excesivamente burocrática. Los próximos pasos, incluida la introducción de la Ley de Industria Neta Cero y la Ley de Materias Primas Críticas a finales de este mes, serán cruciales.

Aunque esta competencia económica y geopolítica en torno a la producción de tecnologías verdes pueda parecer feroz, tiene la virtud de ofrecer (por fin) respuestas a la emergencia climática y, sí, sin duda, es también una vía que puede reactivar la economía.

*** Simon Perrin es especialista en Inversión Responsable del Banco Mirabaud