El excesivo peso del sector de la construcción hizo que la crisis financiera iniciada con la burbuja inmobiliaria de 2008 nos afectara sobremanera. La pandemia de la Covid-19 exigió restricciones a la movilidad y frenó en seco el turismo, lo que supuso una mayor caída del PIB de nuestro país respecto al resto de países europeos.

La economía española tiene por tanto el gran reto de diversificar su estructura productiva. Apostando por la agricultura y ganadería extensiva y sostenible, que se adapte al cambio climático y que contribuya al mantenimiento de los ecosistemas.

Promoviendo también un turismo sostenible, tanto cultural como rural, que cree puestos de trabajo de calidad para mejorar la cohesión social y territorial. E incrementando el peso de la industria, ahora ya 4.0, potenciando el sector de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Inteligencia Artificial.

Durante los últimos años se aprecia un ligero cambio de modelo hacia los sectores de servicios de alto valor añadido (TIC, actividades financieras, de seguros, profesionales y científicas).

La economía española tiene el reto de diversificar su estructura productiva y apostar por el turismo sostenible y la agricultura y ganadería extensiva 

La pandemia aceleró la transición digital en nuestro país y los fondos europeos Next Generation ofrecen una oportunidad para potenciar el desarrollo de una economía verde y digital. El reto está en lograr que sea más sostenible y circular, mejorando la producción y el consumo eficientes de los recursos naturales, para desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente.

En plena crisis energética, España es menos vulnerable a las sanciones y contrasanciones impuestas por la UE y por Rusia y puede garantizar en mejor medida el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna, gracias a la apuesta e inversión realizada desde hace años en energías renovables.

España posee uno de los mix energéticos más diversificado de Europa, y con un mayor porcentaje de energías renovables -el 46,7 % a finales de 2021, sobre todo por el incremento de la producción solar fotovoltaica que ha aportado un 80,4 % de la nueva potencia-.

En 2020, del consumo final total de energía en España, el 21,2% fue renovable, superando el objetivo del 20% establecido para España en la Directiva de Renovables 2009/28/CE. Sin embargo, la industria debe continuar su proceso de descarbonización, modernizando sus instalaciones, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

 España es menos vulnerable a las sanciones y contrasanciones impuestas por la UE y por Rusia

Por otro lado, en la transformación de nuestro modelo productivo hacia uno más sostenible, es preciso avanzar en la economía circular, optimizando el uso de los recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos, aumentando la proporción de residuos reciclados, minimizando la tasa de desperdicio de los alimentos y mejorando la gestión sostenible del agua y el saneamiento en España.

Finalmente, el reto de transformar el modelo productivo español necesita cambios en la gobernanza económica. Son necesarios instrumentos que actúen para reequilibrar el poder entre los agentes económicos, especialmente en sectores donde existe excesiva concentración y de facto funcionan como oligopolios.

Sólo mejoraremos la productividad y la competitividad de nuestra economía introduciendo competencia real en el modelo productivo, a través de la regulación de determinados sectores y de los mercados, fortaleciendo el papel del sector público en la economía, reforzando el sistema tributario y su capacidad redistributiva, y reequilibrando las relaciones laborales en las empresas.

El sector empresarial debe ser un motor fundamental del desarrollo sostenible, comprometido con la sociedad a través de la mejora de sus impactos en distintos grupos de interés. La responsabilidad social de las empresas conlleva que además de buscar la maximización del valor para los accionistas, se persigan objetivos sociales, laborales, medioambientales y de derechos humanos.

La RSC de las empresas conlleva maximizar el valor para los accionistas y perseguir objetivos sociales, laborales y de derechos humanos 

La mayor democratización en las empresas, para que los distintos agentes de interés, y fundamentalmente los trabajadores, participen en la toma de decisiones en las empresas, redunda en mejoras en innovación, productividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo económico.

Todo ello sin olvidar la imprescindible diversidad de género en esa nueva gobernanza empresarial, no sólo por justicia social sino porque la participación plena y efectiva de las mujeres a todos los niveles decisorios en las empresas contribuye a lograr una economía más sostenible desde los puntos de vista económico, social y medioambiental.

No olvidemos que España aún mantiene una productividad real, tanto por persona como por hora trabajada, muy por detrás de la media europea (99,2 frente a media UE de 105 en 2021). Y que la productividad no mejora con empleos precarios y salarios reducidos, sino que depende de la inversión en activos intangibles como la formación del capital humano, la investigación y la innovación. Se consigue, en definitiva, a través de un modelo productivo basado en el conocimiento, la investigación y la innovación.

A pesar de los avances en el fomento de la innovación, con aumentos de los gastos en investigación y desarrollo (público y privado) en proporción al PIB, desde el 2016 durante todos los años, hasta alcanzar el 1,41% del PIB en 2020, estamos a la cola de los países europeos, donde la media del gasto en I+D sobre el PIB en ese mismo año era del 2,36%.

Gastos en I+D en proporción al PIB (en%)

Fuente: INE

España tiene el reto de fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y reforzar los mecanismos de colaboración público-privada, para hacer avanzar el conocimiento y su aplicación a todos los sectores productivos. Es crucial un gobierno de las empresas que reinvierta parte de los excedentes empresariales en estos activos intangibles para aumentar la productividad y generar empleo de alto valor añadido y alta remuneración.

El reto, en definitiva, es lograr una prosperidad equilibrada y sostenible, para transformar la sensación de desafección hacia los poderes públicos en esperanza e ilusión en una sociedad más justa, con el Estado como principal garante de esa necesaria cohesión social.