Competencia no tenía obligación de comunicarlo para señalar a las tres empresas -cuyos nombres trascendieron en minutos- en una fase preliminar del proceso de este tipo de investigaciones.

¿Casualidad? Se puede pensar bien. Y se puede pensar mal. El problema es que la crisis institucional en la que está sumida España no aconseja que organismos independientes, como la CNMC, muevan sus comunicaciones al son de la música que conviene al Gobierno.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. EP

Y, en este caso, hay motivos para sospechar que la noticia no viene mal a un Ejecutivo que lleva meses centrado en la estrategia de culpar a las empresas de los males económicos que padecen los ciudadanos por la inflación.

Se vio con el impuesto a la banca y a las energéticas -petroleras incluidas- y se podría ver pronto con los supermercados.

"La inspección a las petroleras no viene mal a un Ejecutivo centrado en la estrategia de culpar a las empresas de los males económicos"

El próximo 31 de diciembre es el último día de la bonificación actual a los carburantes. El precio del petróleo en los mercados internacionales ha caído y el Gobierno ve en ello una oportunidad para poner fin a una medida que supone un esfuerzo fiscal, que anima el uso de combustible (en contra de su agenda ecológica y de la necesaria contención del consumo frente a la inflación) y que no está focalizada en los más vulnerables.

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Todo apunta a que, a partir del 1 de enero, solo podrán acceder a las ayudas del carburante los colectivos más afectados por la crisis energética, entre ellos, los transportistas -y veremos si son capaces de incluir a personas vulnerables, aunque con el tren gratis prorrogado en 2023, el Ejecutivo ya estaría dando soporte al transporte de buena parte de la población española-.

No se sabe qué ocurrirá entonces con las ayudas a los carburantes que las grandes petroleras han estado dando de manera adicional a sus clientes en este tiempo. Unas ayudas que han acompañado a la política del Ejecutivo pero que han tenido un impacto en la cuenta de resultados de las empresas. Por ello, no es descartable que, sin la bonificación, se acabe con ellas.

Algo que provocaría que los consumidores notaran aún más la subida del precio de la gasolina y el gasoil a partir de enero, cuando entremos en año electoral sin esta ayuda generalizada.

A dos semanas para acabar el año, la incertidumbre sobre este descuento preocupa a sectores afectados por él y también a las gasolineras, que ya vivieron un caos tremendo cuando entró en vigor sin que estuvieran los sistemas preparados el pasado 1 de abril. Es lo que tienen las prisas...

La denuncia de operadores independientes de gasolineras ante estos descuentos que les han perjudicado se enmarca dentro de la estrategia empresarial de estos pequeños surtidores y gasolineras 'low cost' que legítimamente defienden sus intereses.

La CNMC debe investigarlo, pero con reglas claras. Y aunque la comunicación afirme que esta investigación no "prejuzga", el daño reputacional a las empresas es evidente. En un momento, además, en el que la estrategia electoral del Gobierno pasa por señalarlas como culpables a los males de la inflación.