En las últimas semanas, cada vez más voces señalan el enorme deterioro de las instituciones democráticas de nuestro país. Especialmente, después que la izquierda desprestigie a los jueces que se limítala. Aplicar la ley. Me refiero a la polémica en torno a la 'Ley del sí es sí', la mejora de las condenas de violadores y la inculpación de los abogados y jueces que han cumplido con su obligación. Porque los abogados defensores tienen la obligación de lograr las condenas más favorables para sus defendidos. Y, por su parte, los jueces deben aplicar la ley de la manera adecuada.

Les han llamado machistas. Les han acusado de tener falta de formación en género. Curioso, teniendo en cuenta que en España hay más juezas que jueces, y cada año salen más mujeres que hombres en la carrera judicial. Paralelamente, en redes, se culpa a los abogados por ejercer de abogados. Finalmente, entra en escena la Fiscalía al rescate de los legisladores. La guinda del pastel lo pusieron los titulares y redes sociales apuntando a los jueces de Madrid, como los más machistas.

Pero este episodio no es el único. Ya venía arrastrando el caso de la modificación del delito de sedición y la propuesta de modificación del delito de malversación. No solamente es el qué. También es importante el cómo. La abogada en ejercicio y amiga, Guadalupe Sánchez, ya denunciaba que Pedro Sánchez está acabando con el orden constitucional, entre otras cosas por utilizar el sistema judicial como puerta giratoria para colocar a 'los suyos', por ejemplo, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo o Laura Díaz.

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Esta denuncia, que se suma a un clamor por parte de gran parte de la prensa, está perfectamente justificada. Sin embargo, una reflexión acerca de lo que significa el Estado de derecho y la importancia de las instituciones de justicia ponen de manifiesto la gravedad del asunto y el daño a futuro de esta secuencia de hechos.

Escribí sobre ello en Votasteis gestos, tenéis gestos (Deusto, 2021). La tercera parte está dedicada al Estado de derecho y se titula La casa común. Porque ese es el sentido que tiene: servir de paraguas y blindaje para garantizar una convivencia exenta de abusos, tiranías e injusticias.

"Es fundamental que las instituciones que componen el sistema judicial sean invulnerables a las presiones políticas"

Por eso es fundamental que las instituciones que componen el sistema judicial sean invulnerables a las presiones políticas. Asegurar la independencia del poder judicial beneficia a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos menos cercanos al poder, sea éste político o económico. Que haya jueces imparciales que aplican la ley que ha sido votada y aprobada en el Parlamento, órgano que supuestamente representa lo votado por los españoles, es una garantía de convivencia.

¿Cuál es el panorama si no existe Estado de derecho? Jueces religiosos, jueces al servicio del dictador, leyes que se aplican de diferente modo dependiendo de tu casta o tu privilegio. Y eso no es un marco adecuado para una convivencia pacífica a largo plazo.

Pero hay más.

Tanto el austriaco Friedrich Hayek como el italiano Bruno Leoni, consideraban que el surgimiento del socialismo y de los sistemas económicos de planificación central en el siglo XX coincidió con una erosión notable del Estado de derecho.

Los dos estaban convencidos de que la libertad y la prosperidad dependen de un marco legal que proporcione tanto la estabilidad y la previsibilidad necesarias para que todo el mundo pueda aprovechar los beneficios del comercio y la innovación.

Ambos autores, que además eran amigos, se dedicaron a estudiar cuál debe ser el marco legal que permite que los ciudadanos vivamos con mayor libertad, y que facilita que cada cual explote las oportunidades que aparezcan en su vida para prosperar.

¿Por qué el socialismo y la planificación central son perversos desde este punto de vista? Porque permiten tomar decisiones políticas arbitrarias, precisamente como las que estamos viviendo.

"¿Por qué el socialismo y la planificación central son perversos? Porque permiten tomar decisiones políticas arbitrarias"

Pero Hayek y Leoni consideraban las leyes sujetas a la evolución, al servicio de la sociedad. Esta visión evolucionista es muy atractiva pero implica que una sociedad, y por tanto sus leyes, pueden avanzar, pero también pueden retroceder. No es un camino lineal, exactamente como la evolución, que no siempre conduce al paraíso de los unicornios, sino que a veces lleva al desastre. Y ahí, las especies, las sociedades, han de adaptarse o perecer.

Por eso desconfían de la visión occidental del Estado de derecho como algo estático, como un estatus que, una vez logrado no puede desaparecer. Al revés. Para Hayek, solo el Estado de derecho garantiza el «gobierno del derecho» . Todo lo demás es «gobierno de hombres» sujetos a decisiones arbitrarias. Y va más allá. La ley y el Estado de derecho están para proteger al ciudadano y por eso afirma: La soberanía de la ley no debe confundirse con la soberanía del Parlamento.

Lo contrario lanza a los ciudadanos el mensaje de que la norma está asociada, no solamente al partido en el poder, sino a la persona que decide. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Presupuestos Generales para el año que viene, el líder real ha sido Arnaldo Otegui, quien explícitamente no persigue fines favorables para España, sino para su propia causa.

¿Qué implica esta situación de cara a inversores y consumidores nacionales y extranjeros? Esa fijeza y previsibilidad de las leyes, tan necesario para que cada cual haga sus planes, también económicos, se deteriora. Las decisiones de inversión de grandes capitales, la confianza de las familias y empresas, la percepción de lo que se puede esperar de este Gobierno por parte de los ciudadanos, después de las diferentes actuaciones que comenzaron con la pandemia, no son las mismas que si se hubiera cuidado escrupulosamente el Estado de derecho.

Nos va en ello nuestra supervivencia como democracia. Si no reaccionamos ante esto, seremos cómplices de lo que venga.