Se trata de un proceso que se puede alargar meses y en el que hay muchas variables en juego (situación de vulnerabilidad de los ocupantes de la vivienda, la existencia de menores de edad…) que pueden complicar la búsqueda de una solución satisfactoria para todas las partes.

Lamentablemente, el fenómeno de la okupación ilegal va más allá de las segundas residencias y puede afectar cada vez más a cualquier propietario de vivienda. Los datos confirman esta tendencia y, según el Gobierno, la cifra de viviendas ocupadas ha pasado de poco más de 6.200 en 2011 a más de 17.000 en 2021.

La cifra de viviendas ocupadas ha pasado de poco más de 6.200 en 2011 a más de 17.000 en 2021

Estas cifras nos aportan un contexto de inseguridad y miedo que lleva a muchos propietarios a desistir a la hora de alquilar una vivienda y a optar por dejarla vacía. Según datos del INE, en 2021 había en España 3,4 millones de viviendas vacías, lo que representa casi el 14% del total.

 Sin embargo, el riesgo de okupación ilegal aumenta en el caso de una vivienda que permanece desocupada durante un largo período de tiempo. No en vano, según la I Encuesta sobre el Impago del Alquiler realizada por Lovys, más del 80% de los españoles considera que el problema de la ocupación ilegal tiene un impacto directo sobre el número de propietarios que deciden alquilar sus viviendas.

En el caso de los propietarios que optan por dejar vacía una vivienda, otra de las consecuencias para el mercado es la reducción de la oferta de vivienda y el consiguiente impacto en los precios del alquiler.

Por su parte, los propietarios que sí deciden alquilar sus viviendas corren el riesgo de que sus inquilinos pasen a ser okupas cuando, tras acceder a una vivienda mediante un contrato de alquiler, dejan de realizar el pago de las mensualidades.

Si bien es cierto que existen circunstancias personales y económicas que pueden llevar a un inquilino a incurrir de forma temporal en el impago de una renta de alquiler, no cabe duda de que es un riesgo que cualquier propietario quiere y debe evitar. 

En este sentido, tanto la ocupación ilegal de una vivienda vacía como la derivada del impago de la renta de alquiler constituyen un problema para el que hay que buscar soluciones tanto desde la esfera pública, con legislaciones y garantías públicas justas y eficientes, como desde la iniciativa privada, con productos y servicios que contribuyan a aportar seguridad a los propietarios.

Una protección para que aquellos propietarios con viviendas vacías y en riesgo de ocupación ilegal se sientan seguros para arrendarlas si así lo desean y para que aquellos propietarios con viviendas en alquiler estén protegidos frente a la ocupación derivada de un posible impago de la renta.

De esta forma, entre todos estaremos poniendo nuestro granito de arena para aumentar el parque de viviendas de alquiler, contribuir a reducir los precios del alquiler y atajar el problema de la ocupación ilegal de viviendas.

*** Joao Cardoso, CEO de Lovys.