En una economía globalizada, en la que las recientes crisis nos hacen además más vulnerables por nuestra dependencia económica, ya sea energética o de determinados componentes industriales, se convierte en vital apostar por un modelo productivo que reconstituya el tejido industrial y recuperar la política industrial.

Apoyando a sectores de media y alta intensidad tecnológica, como son, entre otros, las energías renovables, la valorización de residuos, las tecnologías de la información y comunicaciones, el diseño, el sector aeronáutico y aeroespacial y la construcción naval. Todo ello pasa por apostar de verdad por la investigación, el desarrollo y la innovación.

La ley aprobada garantiza por primera vez una financiación pública de la investigación estable y creciente, para converger con Europa y llegar al 1,25% del PIB en 2030. De esta manera, junto con la inversión privada, se alcanzaría el objetivo europeo del 3% PIB. Actualmente, estamos a la cola de los países europeos respecto al gasto en I+D sobre nuestro PIB, con un 1,4% frente al 2,3 de la media de la Unión Europea, como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: Eurostat.

Esta crisis nos ha vuelto a recordar la importancia del papel del Estado en la economía, no sólo para regular y supervisar sectores de interés general, como el financiero o el eléctrico, sino para propiciar un cambio de modelo económico, apostando por la necesaria inversión pública productiva que favorezca la I+D+i y la formación de capital humano.

La inversión pública ha de servir de palanca para promover mayor inversión privada en investigación, desarrollo e innovación

Dicha inversión pública ha de servir de palanca para promover mayor inversión privada en investigación, desarrollo e innovación. La inversión empresarial en I+D en España supone tan sólo el 0,7% del PIB, la mitad de la media de los 27 Estados miembros de la UE, que se estima en un 1,67%, según el informe 'Investigación e innovación en España y Portugal' de la Fundación LaCaixa. Un dato que, aun así, es muy inferior al de los principales competidores de Europa, como Estados Unidos (2,05%) y Japón (2,60%).

La paradoja es además que España sí produce talento. Año tras año mejoran los resultados de la formación superior, tanto de graduados como de postgraduados. España presenta la misma proporción de nuevos doctores por cada 1.000 habitantes, que la media de la UE: 0,19 en 2019.

Sin embargo, nuestro país tiene pocos investigadores con relación a su peso económico y población ocupada. En 2019, en España había seis investigadores -equivalente a jornada completa– por cada mil ocupados, frente a nueve en la media de la UE. España tiene un problema de fuga de talento.

Para la atracción, retención y recuperación de talento resulta fundamental mejorar las condiciones laborales y las perspectivas de estabilización de los investigadores jóvenes.

[Entrevista, Diana Morant tras la aprobación de la Ley de Ciencia]

La nueva Ley de la Ciencia aborda la carrera científica, con medidas para reducir la precariedad con nuevos contratos indefinidos para científicos, nuevos itinerarios posdoctorales encaminados a la estabilidad y más derechos para investigadores jóvenes.

Además, que todo ello se haga garantizando la igualdad efectiva de género en la investigación que aún no está conseguida -la proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España se sitúa en el 41%-. Porque la ciencia no puede desperdiciar la mitad del talento y porque para que la ciencia avance es imprescindible la igualdad.

El binomio I+D+i y exportaciones es la solución para salir de la crisis. Sólo así mejoraremos la productividad y competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía. España, en productividad real, tanto por persona como por hora trabajada, ocupa casi el peor lugar dentro de la UE, tan sólo por delante de Grecia, como se nuestra en el siguiente gráfico.

Fuente: Eurostat.

En una economía globalizada, la productividad no mejora reduciendo salarios, sino cuando las empresas incorporan activos intangibles como son la investigación y la innovación. El sistema público de ciencia y tecnología ha de ser capaz de dar respuesta a la sociedad, transfiriendo el conocimiento al mundo empresarial.

La productividad no mejora reduciendo salarios, sino cuando las empresas incorporan activos intangibles como son la investigación y la innovación

La nueva ley de la Ciencia despliega nuevos instrumentos y formas de reconocimiento para los investigadores de la transferencia de conocimiento para promover la innovación. También se favorece reduciendo cargas administrativas del sector de I+D+I, en materia de subvenciones públicas y justificación de las mismas.

La situación económica actual no es favorable, con una inflación de dos dígitos y un escenario bélico que no vaticina reducciones de los precios energéticos. Ante la inminente subida gradual de tipos de interés, España debe ser capaz de ofrecer un plan de consolidación fiscal razonable y creíble a los mercados, que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo plazo.

Pero, al mismo tiempo, nuestro país debe aprovechar las oportunidades, tanto de la recaudación extra generada precisamente por la inflación, como de los fondos europeos Next Generation UE, para apostar de manera decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación.

Ante el carácter disruptivo de los desafíos económicos actuales no se puede demorar más la apuesta por la ciencia. Sólo así podremos recortar las distancias con el entorno comunitario y superar esta crisis.