La igualdad de resultados se justifica por razones de "equidad" y tiene como objetivo final que todos tengan más o menos lo mismo, más allá de sus distintas circunstancias, habilidades y esfuerzos. La búsqueda de esa igualdad de resultados está detrás de la idea de "justicia social", de las políticas de redistribución y de los impuestos progresivos, a la herencia y al patrimonio.

La búsqueda de la igualdad de resultados tiene un primer problema básico: solo puede hacerse por medios violentos. Por eso, dicha búsqueda es contraria a la libertad individual. Igualar los ingresos solo puede hacerse quitando a unos para dar a otros. Esos unos solo entregan lo que el gobierno les exige porque están amenazados de multa y cárcel. La entrega se hace por la indefensión del individuo frente al poder coactivo del estado. El ejercicio de ese poder coactivo para fines redistributivos, ajenos a la financiación de los servicios gubernamentales básicos, es lo que constituye la acción violenta.

Tomar medidas para conseguir una igualdad de resultados tiene otro problema fundamental: a medida que se avanza en esa meta, se van diluyendo los incentivos para trabajar e invertir. Si se puede obtener lo mismo trabajando o sin trabajar, lo lógico es intentar hacerlo por la vía del ocio. Por eso, las políticas igualitaristas tienden a ser económicamente insostenibles.

Siendo grave lo anterior, aún hay más: perseguir la igualdad de resultados va erosionando la igualdad ante la ley. Por tanto, erosiona un elemento central del estado de derecho. Sobran los ejemplos.

En España hay un régimen laboral para los funcionarios, otro para los asalariados fijos y otro más para los que tienen un contrato temporal. Además, los funcionarios son el único grupo que tiene derecho a elegir si prefiere atender su salud en el sistema público o a través de un prestador privado.

En España hay un régimen laboral para los funcionarios, otro para los asalariados fijos y otro más para los que tienen un contrato temporal.

El sistema público de pensiones es insostenible, pero por captar el voto de los millones de pensionistas actuales se toman medidas que acabarán por empeorar las pensiones del futuro. El Gobierno gasta y se endeuda hoy, supuestamente en beneficio de las generaciones presentes; la deuda pública será asumida por las generaciones futuras, que ni se benefician del gasto y ni siquiera han votado a los gobiernos gastizos.

El Gobierno protege a unos sectores de la competencia (notarios, farmacias, etc.), pero no a otros. Del mismo modo, a la hora de regular los alquileres, diferencia según el número de inmuebles que se posean entre grandes y pequeños tenedores.

Las comunidades autónomas son otra fuente de desigualdades. Con la excusa de proteger lenguas regionales, se dificulta a los ciudadanos del resto del país el acceso a plazas públicas a las que tienen derecho. Las cuantías a pagar por IRPF y por los impuestos de Patrimonio y Sucesiones dependen del lugar de residencia. También son distintos en cada autonomía los horarios comerciales y los domingos de apertura permitida.

Estos pocos ejemplos bastan para ilustrar lo que quiero subrayar: con el pretexto de la "justicia social" (igualdad de resultados), el gobierno discrimina según criterios arbitrarios. Esa discriminación arbitraria es lo opuesto a la igualdad ante la ley. Entonces se da la paradoja de que cuanto más igualitarista es el gobierno, menos libre van siendo los individuos. La búsqueda de la igualdad socialista destruye la igualdad liberal.

Quienes leímos Rebelión en la granja, de George Orwell, sentimos lógica indignación al leer aquello de que "todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros". Cámbiese "animales" por "individuos" o "españoles" y es exactamente nuestra realidad.

*** Diego Barceló Larran es economista e investigador del IESE.