Treinta y seis años después, un Gabinete social-comunista que impulsa una masiva intervención de la economía nacional, que hace de la expansión del gasto el eje de su actuación generando unos niveles de déficit y de deuda exorbitantes, que ha subido y pretende seguir subiendo los impuestos y las cotizaciones sociales invitan a la CEOE a participar en una negociación cuyo objetivo es “derogar” la Reforma Laboral de 2012 y, de este modo, acentuar las rigideces de uno de los mercados de trabajo menos flexibles de la OCDE en el país con mayor paro del mundo desarrollado. Este es el marco en el que hay que situar y evaluar la posición de la CEOE.

Nadie ha de llamarse a engaño. La coalición gubernamental pretende que la CEOE avale con su firma no sólo la derogación de una Reforma Laboral que, a pesar de sus insuficiencias, permitió crear 2,5 millones de empleos hasta la crisis producida por la pandemia, sino que respalde su acción socio-económica ante la Comisión Europea(CE). El Gabinete necesita el apoyo de la patronal para decir a la CE y al Consejo Europeo que los interlocutores sociales, en concreto los empresarios, están de acuerdo con los planes por él para diseñados para superar la crisis y sentar las bases de la recuperación. Sólo quedan fuera de ese clima de solidaria y patriótica armonía los radicales, por no decir, los antisistema.

Esa es la realidad que se esconde tras el “generoso” gesto gubernamental de condicionar la derogación de la Reforma Laboral al plácet de la CEOE. Se trata de una oferta trampa porque el rechazo patronal a la contrarreforma planteada por el Ejecutivo pondría en serio peligro su aprobación por las autoridades europeas y, por tanto, la recepción de los fondos Next Generation salvo que el Gobierno alterase de manera radical su propuesta. ¿Cómo va a decir Europa no a los cambios que aquel quiere introducir en el mercado trabajo si tienen el soporte de los representantes de los empresarios?

La tentación de la CEOE ante ese chantaje es esgrimir la tesis según la cual lo inteligente es aplicar una táctica de reducción de daños; es decir, cualquier pacto que se realice es un mal menor ante la eventualidad de que el Gobierno aplique medidas mucho peores. Esta actitud de apaciguamiento, lejos de ser una muestra de pragmatismo, sólo contribuye a incentivar la hostil política desplegada por el Gobierno contra las empresas, a perder todas las batallas y a olvidar o ignorar lo que de verdad está en juego: la preservación de lo que aún queda de una economía de mercado en España. Esta es la realidad y la patronal española ha de estar a la altura de este desafío.

No existe la opción de un mal menor cuando se trata de eliminar los escasos mecanismos de flexibilidad existentes en el mercado de trabajo español. No hay nada que negociar cuando la contrarreforma gubernamental es contraria no sólo as los intereses empresariales, sino lesiva para los millones de trabajadores en paro, para quienes aspiran a incorporarse a la actividad productiva y para la capacidad de crecimiento de la economía nacional a corto, medio y largo plazo. En este contexto, hablar de minimización de daños es ridículo y cobarde.

La CEOE es o, mejor, ha de ser la voz de las casi tres millones de empresas aún vivas en España y cuya capacidad de acción y defensa frente a un Gobierno manifiestamente hostil a ellas es inexistente o muy limitada. Esta es la razón de ser de la patronal, su única justificación. ¿Para qué sirve la CEOE si no es para eso? ¿Para convertirse en un cascarón vacío, en una estructura burocrática, similar a los sindicatos, cuya tarea es escenificar a toque de silbato un consenso ficticio al servicio de los fines del Gobierno a cambio de migajas? Los empresarios españoles, la mayoría terminarán por hacerse estas preguntas si la CEOE no asume su responsabilidad en esta hora. El Sr, Garamendi debería recordar a Cuevas y actuar en consecuencia.