Rivas y el peligro de la inseguridad jurídica en el urbanismo

Rivas y el peligro de la inseguridad jurídica en el urbanismo

La tribuna

Rivas y la inseguridad jurídica en el urbanismo

El director general de Asprima advierte de la huída de inversión de la localidad por la consulta popular para paralizar las licencias con el aval ciudadano.

22 octubre, 2021 06:55

Cercanos al final del año, el sector inmobiliario se enfrenta a una nueva etapa llena de retos, como la futura Ley de Vivienda, nuevas tendencias, como el build to rent, la importancia de la colaboración público–privada, el acceso de los jóvenes a la vivienda o la industrialización. Pero también a una gran oportunidad, como la que supone los Fondos Europeos Next Generation, una ocasión única para dotar al sector de la construcción de un modelo productivo más digital, innovador y sostenible para responder así a nuevas inquietudes sociales y demandas de nuestros clientes.

Una de las tendencias más evidentes es el modelo de ciudad que queremos desarrollar, tendencia que se ha acelerado durante la pandemia: ¿En qué ciudades queremos vivir?, ¿cómo nos desplazamos en ellas?, ¿son nuestras ciudades realmente sostenibles?

En el sector somos plenamente conscientes de la importancia de este nuevo modelo de ciudad demandado por la sociedad, que está indudablemente ligado con la  lucha contra el cambio climático. Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) conocemos nuestra responsabilidad y sabemos que el impacto de nuestra actividad va mucho más allá de nuestras edificaciones. Es por eso por lo que desde hace unos años estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad y apostamos por un enfoque cada vez más sostenible y eficiente no solo en nuestros proyectos, si no también en todo el proceso de construcción, como nos demandan nuestros clientes.

Otro aspecto clave con el que estamos implicados es el urbanismo de las ciudades y por ello, colaboramos con los ayuntamientos, siempre con la premisa del respeto  y el diálogo, porque entre todos mejoramos y construimos las ciudades.

Debemos trabajar con los poderes públicos, y esperamos de ellos, con independencia de su color político, una relación correcta y fluida, que evite cuellos de botella que acaben perjudicando a los ciudadanos.

Esa buena voluntad mutua es muy importante en este periodo de recuperación de la actividad tras la pandemia, en el que la promoción inmobiliaria está siendo un motor de creación de empleo. El 80% de los madrileños cree que la promoción y construcción de viviendas influirá de manera directa en la recuperación económica, según se desprende del reciente estudio Percepción y valoración del sector promotor y la vivienda en la Comunidad de Madrid, elaborado por GAD3  para Asprima.

Nos resulta especialmente preocupante lo que está sucediendo en Rivas, una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid.

Son tiempos difíciles en los que debemos remar juntos hacia una misma dirección: la recuperación. Por eso nos resulta especialmente preocupante lo que está sucediendo en Rivas, una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid, ubicada al este de la capital y con casi 100.000 habitantes. Allí, el Ayuntamiento decidió, a finales del pasado julio, paralizar la concesión de licencias en el sector SUS PP del barrio de Cristo de Rivas por un periodo de un año, prorrogable a otro.  

Sorprendentemente, la suspensión también afecta a las licencias ya en tramitación, con las consecuencias para la generación de empleo inmediato además de la problemática causada en las personas que ya han reservado sus viviendas, sustentado en la supuesta falta de sostenibilidad de la ciudad y la necesidad de debatir sobre el modelo urbanístico tras la pandemia.

Asimismo, desde el propio Ayuntamiento han puesto en marcha una consulta popular, sin ninguna base legal, para que sean todos los habitantes de la ciudad los que avalen la drástica paralización de las licencias.

Lo que está en juego afecta a los derechos de los ciudadanos y crea un peligroso precedente en un ámbito en el que la seguridad jurídica es fundamental.

Las consecuencias de esta decisión, que genera una gran inseguridad jurídica son la huida de la inversión por parte de las promotoras en la localidad y una ralentización e incluso paralización de la actividad económica y de los desarrollos urbanísticos. También implica una reducción de los recursos públicos de la localidad, por lo que resultará más complicado realizar una gestión proactiva al contar con menos ingresos económicos.

Por otro lado, puede provocar destrucción de empleo en la zona y el empeoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Además, al paralizarse la oferta se incrementará el precio de los inmuebles y se acentuará el problema de acceso a las viviendas de los jóvenes, que no cuentan con el ahorro inicial necesario para la compra de un piso.

Nos gustaría enfatizar que nuestro sector es una fuente de generación de empleo y se muestra siempre dispuesto a colaborar con las Administraciones públicas.

Más allá de lo que termine sucediendo en Rivas, desde ASPRIMA queremos, una vez más, destacar el compromiso de los promotores madrileños con la calidad de la construcción, el urbanismo sostenible y eficiente y el diálogo con las Administraciones.

Somos parte de la solución, no del problema. Y es importante que los poderes públicos y la sociedad lo tengan claro, para que lo que está sucediendo en Rivas-Vaciamadrid sea la excepción, no la norma.   

 *** Daniel Cuervo es director general de Asprima.

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