El precio de un bien o servicio, y su evolución en el tiempo, contienen mucha información que permite adaptarse a los productores y consumidores. Es, en última instancia, la "mano invisible" de la que hablaba Adam Smith ya en el siglo XVIII.

Cuando un precio sube, invita a los compradores a moderar su consumo y a buscar sustitutivos. Incentiva a los suministradores a aumentar la oferta, o a buscar alternativas que puedan cubrir esa necesidad. Por otro lado, informa a los reguladores de posibles ineficiencias en el correcto funcionamiento del mercado, como las prácticas monopolistas.

Además del rebote de los hidrocarburos, la subida de la electricidad este año se debe al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 (de 31 a 53 EUR/tm en la UE).

Es precisamente el mecanismo económico -la "mano invisible"- ideado para incentivar a las eléctricas a reducir la generación en centrales térmicas y de ciclo combinado, y pasarse a fuentes renovables (que no están sujetas a la tenencia o compra de dichos derechos). Este modelo está siendo adoptado en cada vez más países, y pronto se extenderá en forma de aranceles por la "huella de CO2" de ciertas importaciones.

Unos precios más altos de los combustibles y de la electricidad -sea por la carga impositiva o por los derechos de emisión- son también una señal inequívoca para que las empresas y los ciudadanos moderen el consumo y mejoren su eficiencia energética.

Unos precios más altos de los combustibles y de la electricidad son una señal inequívoca para que empresas y ciudadanos moderen el consumo

No basta con los vehículos eléctricos para lograr la descarbonización del planeta. Por esto uno de los grandes pilares del plan europeo NGEU es la rehabilitación de edificios y factorías para evitar el despilfarro de energía, que tanto contribuirá a la recuperación económica en este lustro.

Se aducen, con razón, motivos de "justicia social" en estas medidas. Pero la reducción del IVA y la suspensión del impuesto especial a la generación se aplican a la inmensa mayoría de los usuarios.

En términos de política fiscal -además de aumentar un déficit ya desbocado- es un cambio claramente regresivo, ya que beneficiará más a quien más consuma, con independencia de su renta y de su eficiencia energética.

Existen otros mecanismos -como el 'bono social' y la Renta Mínima de Inserción (que bien podría incrementarse temporalmente para compensar la subida del recibo de la luz)- que protegerían mejor a los segmentos vulnerables, tendrían un coste menor, y evitarían dar una señal equivocada sobre la transición ecológica.

Las distorsiones causadas por el uso de la tributación de la energía son de sobra conocidas en muchos países emergentes. India e Indonesia representan el paradigma de intentos de controles de precios que acaban deteriorando sus balanzas fiscal y comercial, y merman su eficiencia energética.

Otros ejemplos son Venezuela y los productores de Oriente Medio. Los países desarrollados cuentan con sistemas tributarios más sofisticados para reducir la desigualdad creada por incrementos súbitos de ciertos precios.

La mejor política económica es la que se orienta al medio y largo plazo, y no reacciona nerviosamente a oscilaciones temporales. Esto es más cierto cuando se trata de gestionar o promover transformaciones estructurales. Porque, aunque resulte paradójico para muchos, unos precios altos de la energía son una señal muy potente para luchar contra el cambio climático y para avanzar en la transición ecológica, y no conviene distorsionarla con medidas contraproducentes.

*** Roberto Scholtes, Director de Estrategia de UBS en España.