El Plan de Recuperación presentado por el Gobierno combina un plan de inversiones públicas de 70.000 millones de euros en el período 2021-2026, financiadas con fondos europeos, y un conjunto de reformas cuyo objetivo es elevar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2% y crear 800.00 empleos netos.

El Ejecutivo prevé una inversión para 2021 de 27.000 millones de euros, lo que resulta aventurado a la vista de la ralentización del proceso de aprobación del programa de ayudas Nex Generation EU por los estados europeos. En cualquier caso, esos recursos se percibirían a finales de 2021 y su impacto sobre el PIB de este ejercicio sería inexistente. Pero eso no es lo fundamental.

El plan gubernamental tiene cuatro grandes ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. A lo largo de 212 páginas de texto programático y 107 de anexos se desgrana un abrumador número de iniciativas de gasto con la finalidad de transmitir una imagen de rigor, pero no deja de ser una declaración de intenciones ilustrada con grandes cifras. Para ser justos, es coherente con la teoría y la praxis de la política económica gubernamental.   

Las reformas planteadas son inconsistentes en unos casos -pensiones-, contraproducentes en otros -mercado de trabajo y fiscalidad- e inexistentes en dos puntos considerados fundamentales por la Comisión Europea en sus Recomendaciones: unidad de mercado y liberalización de los servicios profesionales.

Si en el proyecto definitivo que se envíe a Bruselas a finales de mes no se corrigen esas deficiencias-lagunas, las autoridades comunitarias dirán o deberían decir: "no es esto, no es esto".

El Gobierno quiere reducir a tres los contratos laborales: "estables" para el conjunto de las actividades, "temporales" para los que tengan esa naturaleza y de "formación" para promover la inserción laboral. Ni una sola línea explica su contenido.

La modernización de la negociación colectiva restaura la primacía a los convenios de ámbito superior sobre los de empresa; esto es, devuelve el poder a los sindicatos. Los ERTE se convierten en permanentes pese a la caída en picado de su capacidad para reincorporar a sus beneficiarios a la actividad productiva desde el tercer trimestre de 2020, a su elevadísimo coste y a ser un obstáculo para que las empresas restructuren su fuerza laboral. De hecho sólo sirven para camuflar el desempleo. Ni una sola medida introduce flexibilidad en el rígido mercado laboral español ni sirve para disminuir su dualidad.

Ni una sola medida introduce flexibilidad en el rígido mercado laboral español ni sirve para disminuir su dualidad

En el campo de la fiscalidad se reafirma la necesidad de llevar la presión fiscal española (39% del PIB) a la media de la UE (46% del PIB), lo que supone un aumento de siete puntos.

Esto conduce de manera inexorable a subir los impuestos existentes, a crear nuevas figuras tributarias o a realizar un cóctel con ambas. Elevar la tributación en plena crisis sólo contribuye a agudizarla, a prolongarla y a disminuir la recaudación. La Airef ha reducido a la mitad la previsión de ingresos tributarios en 2021 prevista por el Gobierno. A medio-largo plazo, aumentar la fiscalidad sólo contribuye a reducir el potencial de crecimiento de la economía.

En el campo de las pensiones, no se plantea nada para garantizar su sostenibilidad. El aumento del gasto provocado por la derogación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, 4 puntos del PIB en los próximos 25 años, no se ve compensado.

El retraso la edad de jubilación y/o elevar el período de cotización para acceder al 100 por 100 de la pensión, hipótesis no incluida en el Plan gubernamental, significaría un ahorro del 0,4% del PIB según cálculos de la Airef.

De ahí, la decisión de ajustar las cotizaciones de los autónomos a sus teóricos ingresos reales; esto es, subirlas. Pasar al Estado las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social eleva el gasto estructural de aquel en 7.000 millones de euros. Por último, gastar 3.502 millones de euros en 'cuidados' es introducir otra partida adicional de gasto estructural.

El Plan de Recuperación es más gasto, más impuestos y más regulaciones; un gran proyecto de modernización para la economía española. En eso se resumen las grandes palabras y principios que le inspiran, su épica y triunfalista retórica. La única esperanza es que la UE obligue a modificarlo.