El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de marzo un nuevo gran plan de ayudas por valor de 11.000 millones de euros dirigidos al rescate del autónomo y la pequeña empresa en España. El RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 supone un acuerdo para el reparto de tres grandes partidas presupuestarias procedentes de la Unión Europea y orientadas a reflotar la actividad de autónomos y pymes.

Lo que se ha aprobado es la distribución de la inyección de capital desde Europa. Ahora hay que ver en qué condiciones se reparte y cómo se determinará el proceso de acceso al nuevo plan de ayudas. Es probable que tengamos que esperar al inicio del verano para poder realizar la solicitud, y unos meses más, durante la resolución del expediente, para que la ayuda a disposición del negocio sea efectiva.

Aun con esta premisa, teniendo en cuenta que la llegada de los recursos podría prolongarse más de lo que los medios de comunicación han anunciado a bombo y platillo, es innegable que se trata de una muy buena noticia para el colectivo de emprendedores en nuestro país.

Aunque la inyección de capital europeo al tejido empresarial español llegará como agua de mayo, cabe reflexionar y detenernos en un par de aspectos fundamentales.

Por una parte, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado su intención de dedicar la mayor parte de las partidas a fondo perdido. Así declaró previamente a la publicación del RDL: "No se trata de dar más créditos, ya lo hicimos en noviembre ampliando el programa, ahora analizamos ayudas directas”.

Las ayudas directas ya se proporcionaban al asumir el Estado los salarios de los trabajadores o las cotizaciones de los autónomos. Sin embargo, este tipo de prestaciones no podrán dirigirse a la contratación de personal o a los costes relacionados con la generación de empleo.

La cuestión clase es la siguiente: ¿a quién llegarán esas ayudas en esta ocasión? Los recursos se destinarán a empresas y profesionales con negocios viables que han visto afectada su actividad por la pandemia. Dada la situación, la vicepresidenta dejó clara la necesidad de asegurar que las empresas en las que se inviertan los recursos sigan activas tras recibir el capital. Es decir, aquellas que, por inversiones en años anteriores y amortizaciones, no cuenten con un balance positivo, no podrán recibir nada.

Por otro lado, es evidente que en este contexto también quedan fuera de juego aquellos autónomos y pymes que hayan solicitado el cese o tengan deudas pendientes con Hacienda o Seguridad Social.

Quedan fuera de juego del plan de ayudas aquellos autónomos y pymes que hayan solicitado el cese de actividad

Además, el acceso a las ayudas estará sujeto a un compromiso de permanencia en el desarrollo de actividad hasta junio de 2022. ¿Qué ocurrirá entonces con la situación que atraviesan miles de pequeños negocios que ya se han visto obligados a echar el cierre?

Quizás un factor que pasa más desapercibido, sin dejar de ser por ello decisivo a la hora de determinar el éxito (o ineficacia) de este tipo de medidas, es la respuesta y dotación de recursos a las infraestructuras y equipos que se emplean en la solicitud y gestión de los expedientes.

A lo largo de la pandemia, el sector del despacho profesional ha visto su flujo de trabajo multiplicado, absorbiendo gran parte de las gestiones vinculadas a los nuevos trámites y procesos relacionados con la Covid-19 en un año marcado por la urgencia en la regulación jurídica.

Al margen del carácter ad hoc que podría atribuirse a su papel en estos últimos meses de pandemia, por su relación y obligaciones con las instituciones, cabe apreciar que esta situación ha remarcado no sólo la tendencia real y necesaria de la digitalización del propio sector para sobrevivir, sino también la obligación de las instituciones de salvaguardar la integridad de los negocios insertos en el sector de la gestión, una de las actividades esenciales para garantizar la cobertura administrativa durante la pandemia.

El proyecto promovido por la vicepresidenta económica no ha podido llegar en un momento más adecuado políticamente hablando. Con la reciente salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia y su paso del testigo a la ministra de Trabajo en el liderazgo del sector morado de la bancada, la izquierda parece querer trasmitir un mensaje contundente al colectivo de autónomos y tejido empresarial de nuestro país.

El plan de rescate va especialmente orientado a los sectores más duramente afectados por la pandemia: negocios viables desarrollados por empresas y autónomos del sector hostelero y la restauración.

Por otro lado, se integran también las empresas amparadas por la actual normativa de los ERTE. Serían cerca de 100 actividades económicas como la industria manufacturera, sectores auxiliares al transporte, mantenimiento y aeronáutico o las áreas relacionadas con la cultura y el deporte, entre otras.

Solo cabe estar atentos a la eficacia de los instrumentos articulados para la puesta en marcha del paquete de medidas y observar si las partidas de ayuda logran, efectivamente, sostener la actividad de miles de negocios vapuleados por la incertidumbre y los efectos económicos de la pandemia.

*** Alfredo Pérez Guerrero es CEO de Ayda T Pymes.