El viernes de la pasada semana un grupo de 100 economistas europeos publicó un artículo-manifiesto titulado “Anular la Deuda Pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”.

Durante seis años de expansión económica ha estado en nuestras manos reducir el binomio déficit-deuda para enfrentar la actual crisis desde una posición presupuestaria sólida como hicieron otros estados de la UE y de la zona euro. Sin embargo, se eligió el camino contrario: gastar sin freno; lo que se tradujo en unos niveles de déficit y de deuda pública inauditos en una economía con un sexenio de altas tasas de crecimiento.

Que, en estos momentos, la presidenta del PSOE y algunos altos cargos del Gobierno estampen su firma en aval de esa propuesta refleja a partes iguales la voracidad gubernamental, la insostenible posición de las finanzas estatales y la voluntad de no hacer nada para enderezarla.

De entrada, cancelar la deuda soberana en manos del BCE es ilegal porque vulnera el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Por añadidura, es también una fuente de conflicto político porque exige a los países que han sido responsables librar de sus obligaciones a los pródigos, que son los principales beneficiarios de un programa de socorro dotado con 750.000 millones de euros.

Para más inri, los firmantes del opúsculo ni siquiera se molestan en plantear la necesidad o deseabilidad de corregir los errores cometidos por los grandes deudores. Anuncian que la condonación de sus compromisos se emplearía para aumentar el gasto público; es decir, para reproducir la política que les ha llevado al borde de la insolvencia.

Eliminar de raíz cualquier incentivo para no incurrir en los mismos errores del pasado avala los del futuro

Al margen de su ilegalidad, anular la deuda soberana atesorada por el BCE crea una situación de riesgo moral de libro. Lanza a los gobiernos la señal de que sus derroches presupuestarios no tienen ninguna consecuencia negativa. Pueden endeudarse lo que quieran porque, al final, Mamá Lagarde y quienes la sucedan al frente del instituto emisor europeo los acogerán benignos en su seno para evitar su quiebra.

Esto conduce de manera inexorable a eliminar de raíz cualquier incentivo para no incurrir en los mismos errores del pasado, sancionar los del presente y avalar los del futuro. Por tanto, la condonación supone respaldar la irresponsabilidad y premiarla.

El mensaje lanzado a los mercados es muy negativo. Si los gobiernos deudores logran forzar al BCE a cancelar su deuda, qué garantía tienen los acreedores privados de que ellos no se verán obligados a hacer lo mismo, esto es, a a negociar una quita de los bonos soberanos en su poder o a afrontar un default. Esta expectativa es real, consistente y se traduciría bien en un incremento muy considerable de la prima de riesgo sobre la deuda de los estados con una peor situación presupuestaria o bien en la negativa a seguir prestándoles.

Esto abocaría a una crisis de deuda con un solo garante para evitar la quiebra de los estados castigados por los inversores: el BCE. Sin duda, un panorama ilusionante y generador de confianza.

Todas estas fórmulas solo conducen a alimentar la espiral derrochadora de los gobiernos

Los firmantes del Manifiesto afirman que la anulación de la deuda en posesión del BCE liberaría recursos para relanzar la economía mediante inversiones estatales. Al margen de la discutible, discutida y creciente evidencia teórica y empírica en contra de la efectividad de ese tipo de medidas para impulsar el crecimiento, cabe plantear algunas preguntas básicas: ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿De subir los impuestos o de recurrir de nuevo al endeudamiento?

Estos interrogantes no tienen respuesta alguna en el texto de los brillantes adalides de la condonación que con toda seguridad estarán pensando en una combinación de esas dos inteligentes acciones.

Todas estas fórmulas, típicas de los gobiernos de los países en vías de desarrollo, solo conducen a alimentar la espiral derrochadora de los gobiernos, a destruir los fundamentos de un crecimiento sano y a fomentar comportamientos temerarios. Que además se sugieran por economistas de un área económica rica y para un área económica rica es ya de nota.

Por eso, es esencial decir un no rotundo a lo que es sólo una tramposa fuga hacia delante al servicio de una política económica agotada cuya principal expresión es un descomunal endeudamiento del Estado. Los defensores de la cancelación de la deuda tienen razón en una cosa, ese desequilibrio es un obstáculo para crecer, pero olvidan otra: es su forma de entender la economía, las ideas por ellos defendidas, las que lo han generado.