Desde Keynes, y antes Benjamin Franklin o Stuart Mill, la reflexión de una rebaja significativa de la jornada laboral semanal siempre ha estado presente a la hora de analizar el mercado de trabajo, la productividad y los deseos naturales de un mayor tiempo de ocio para los trabajadores de las empresas.

Keynes ya preconizaba la idea de que en el 2030 (lejano para aquella época pero tan cercano para la nuestra) solamente se trabajarían 15 horas semanales. Henry Ford dio un paso más, y redujo considerablemente la jornada de sus operarios con la finalidad de conseguir una mayor productividad y a la vez un número superior de horas de ocio que implicaría un consumo más considerable, que lógicamente le volvería a repercutir favorablemente cuando los americanos compraran más sus automóviles Ford.

Más próximo a nuestro tiempo, la gran promesa de Nixon (1956) de que los estadounidenses sólo tendrían que trabajar cuatro días por semana, en un futuro no muy lejano, no llegó a materializarse de forma generalizada.

Pero, a pesar de todos estos presagios e intenciones, a la postre y a día de hoy, la jornada fordiana de 40 horas semanales es la norma común en todos los países de nuestro entorno, habiéndose hecho algún intento famoso en Francia (Jospin, con la Ley de 35 horas semanales en el 2000), que ha ido descafeinándose con el paso del tiempo.

A la postre y a día de hoy, la jornada fordiana de 40 horas semanales es la norma común en todos los países de nuestro entorno

No obstante, y lo acabamos de comprobar en nuestro país, el debate no está del todo cerrado. Existen partidarios (políticos y economistas más de corte de izquierdas) de reducir la jornada semanal de trabajo dado que ello supone un avance social y una reducción de la tasa de desempleo (nunca objetiva ni firmemente demostrada, como sucedió en el caso francés).

En el otro lado, figuran aquellos otros que desestiman efectos positivos en la creación de puestos de trabajo, provocando daño en la competitividad de las empresas y mayores costes empresariales por la necesaria contratación de empleados, generando igualmente o bien rebajas de salarios en los nuevos contratos (menos horas de trabajo) o bien exigiendo un sobresfuerzo a los ya contratados para la realización (finalmente obligatoria) de horas extraordinarias.

Sea como fuere, siendo en sí misma una idea atractiva e interesante, la posibilidad de reducir las horas de trabajo debería partir de unas premisas básicas que no se deberían olvidar.

Primero, se precisaría de un debate sosegado y profundo, alejado de cargas ideológicas, donde se contemplasen realmente las ventajas para el empleo, las empresas y los trabajadores, extrayendo conclusiones serias.

Se precisaría de un debate sosegado y profundo, alejado de cargas ideológicas, donde se contemplasen realmente las ventajas para el empleo

Segundo, se deberían evitar concepciones, a veces simplistas, de que el empleo se va a crear dejando libres días semanales para que los "ocupen" otros trabajadores. El mercado de trabajo no se reparte de forma tan sencilla, como hemos visto en multitud de ocasiones.

Tercero, se ve razonablemente imposible una generalización, vía ley, de una jornada semanal más corta, sin contar con las peculiaridades de cada empresa, de cada sector y máxime en un país como el nuestro dónde el sector servicios es preponderante.

Y cuarto, se deberían promover, más bien, prácticas voluntarias de empresas que, por su propia realidad productiva o sus necesidades de atención a clientes, vean esta opción como una realidad factible, competitiva y realizable.

A mi modo de ver, el camino hacia la mayor empleabilidad y conciliación debe ser el de una mayor y mejor flexibilidad horaria (consensuada), limitación de horas extraordinarias innecesarias, un trabajo a tiempo parcial plenamente incentivado (que elimine las jornadas extras), real y aceptado voluntariamente, y, finalmente, un cambio de la cultura del presentismo laboral que tantas veces nos ha acompañado en nuestro país.

*** Iñigo Sagardoy de Simón es presidente de Sagardoy Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Francisco de Vitoria.