La presentación del proyecto de Presupuestos es en sí misma una buena noticia tras las sucesivas prórrogas de los presupuestos elaborados por Montoro en un contexto completamente distinto al actual. Sin embargo, los nuevos presentan serios problemas en cuanto a la posibilidad de su cumplimiento. El primero, y tal vez el más importante, es la dificultad de que su cuadro macroeconómico se cumpla. En general se peca de un exceso de optimismo.

En 2020 existe un riesgo cierto de empeoramiento. Las nuevas medidas restrictivas de la movilidad hacen muy difícil llegar a un crecimiento del 1-2% intertrimestral previsto por la ministra Calviño. Más bien habría que pensar en una caída de la actividad en el cuarto trimestre cuyo tamaño dependerá del grado de confinamiento al que se tenga que recurrir y durante cuánto tiempo.

Una estimación más razonable estaría entre el 13 y el 14%. Por otro lado, la tasa de empleo en 2020 parte de la hipótesis de que las personas que están en ERTE se reincorporarán o bien se mantendrán en la situación actual hasta final de año.

En cuanto al PIB, el crecimiento en 2021 (que incluye los fondos europeos) es también extraordinariamente optimista. Por supuesto hay un efecto base, es decir, es fácil crecer mucho cuando en 2020 la economía ha caído tanto, pero por otra parte no parece que la recuperación vaya a ser en V, sobre todo partiendo de la base de que el propio Ejecutivo ha pedido un estado de alarma hasta mayo previendo una más que difícil Semana Santa.

No parece que la recuperación vaya a ser en V, sobre todo partiendo de la base de que el propio Ejecutivo ha pedido un estado de alarma hasta mayo

Las medidas de incremento de ingresos son también de difícil cumplimiento. En el proyecto de presupuestos aparecen algunas medidas y otras lo harán en otras leyes. Se prevé que la eliminación de los dividendos de filiales extranjeras supondrá casi 500 millones más de ingresos, pero aparentemente dado el contexto internacional y, también parte de una supuesta recuperación económica internacional rápida en 2021

La subida de dos puntos en el IRPF a aquellas rentas del trabajo mayores de 300.000 euros, cantidad que se supone irá bajando en 2021 hasta llegar a los 120.000 euros, afecta a un colectivo muy reducido de personas que podrían tener mayor facilidad para mover su residencia fiscal.

Una estimación razonable sería que en 2021 esa cifra rondara los 100 millones, tal vez algo menos, y para alcanzar las cifras de 2022 sería del todo imprescindible incorporar más cotizantes.

Algo similar ocurre con la subida de tres puntos a los que cuenten con más de 200.000 euros al año en rentas del ahorro. Se está suponiendo que estos cotizantes no van a maximizar su fiscalidad, sin embargo, muchos pueden optar por productos con diferimiento fiscal (por ejemplo, fondos de inversión) o directamente operar desde otros países o no repartir dividendos de sus sociedades.

La reducción de los límites de aportación individual en planes de pensiones supone un ahorro hoy, pero una reducción de ingresos en el futuro cuando estos pasen a cotizar como rentas del trabajo a la jubilación de los beneficiarios. Resumiendo, pan para hoy y hambre para mañana.

En un país con tanto estrés en el sistema de pensiones público, desincentivar de esta manera el ahorro privado es un error grueso de consecuencias a medio plazo graves.

Si nos centramos en las medidas sobre el diésel, las bebidas azucaradas o edulcoradas y los incrementos del tipo sobre primas de seguro, sí es bastante probable que se consigan los objetivos de recaudación.

Lo que es muy discutible es que cumplan con la condición de ser medidas sociales porque muy probablemente afectarán más a las partes de la población que, se supone, la ley presupuestaria quiere primar.

El tema del Impuesto de Patrimonio, es recurrente. Efectivamente se trata de un impuesto cedido a las CCAA y estas tienen la última palabra en cuanto a su bonificación. Y habrá otras medidas fiscales como la famosa tasa Tobin, los plásticos, residuos y servicios digitales, aunque esta última cuenta con la oposición de grandes empresas del sector de EEUU.

El apartado de lucha contra el fraude y otras medidas supone casi 1.100 millones que, a todas luces, es un objetivo muy exigente.

Por último, queda referirse a las partidas de gasto social que incluyen como tal el incremento de las pensiones y el sueldo de los funcionarios públicos. Lo más destacable son los 12.000 millones para I+D+i y los 11.000 para infraestructuras que, de usarse bien, suponen una gran oportunidad. Eso sí, sabemos la música, pero no la letra.

Como conclusión, se trata de unos presupuestos difíciles de cumplir en cuanto a ingresos, y con un nivel de gasto nunca visto. Es deseable que la inversión pública se dirija hacia actividades creadoras de riqueza a medio y largo plazo… veremos.

*** Javier Rivas es profesor de finanzas en EAE Business School.