La destrucción de puestos de trabajo generada por el Covid-19 se superpone a la presencia de una elevada tasa de paro antes del inicio de la crisis. Tras seis años de expansión de la economía, el desempleo español doblaba al finalizar 2019 la media del existente en la zona euro y en Francia, y triplicaba el de Alemania y el Reino Unido

Esta divergencia con el área económica europea y con los grandes estados del continente se ha agudizado desde finales del primer trimestre de 2020, tendencia que se ha confirmado en el segundo. España lidera los rankings de pérdidas de puestos de trabajo de la OCDE, de la UE y de la eurozona. Sin embargo, contra toda evidencia, el Gobierno se muestra optimista respecto a la marcha del empleo con un voluntarismo encomiable.

De entrada, en el segundo trimestre de 2020 perdieron su ocupación algo más de un millón de trabajadores. Sin embargo, solo se contabilizaron como parados a 55.000 personas. La razón es técnica: el cierre de empresas y el confinamiento han impedido a los individuos que se quedaron sin trabajo buscarle de manera activa, por lo que no se les considera parados sino inactivos. Si la realidad se hubiese reflejado en las estadísticas, la tasa de paro en el anterior trimestre se hubiese colocado en el 19 por 100 en vez del 15,6 por 100 arrojado por la EPA.

Pero ahí no termina la historia. Tampoco cuentan como desempleados (aunque cobran la prestación correspondiente), sino como ocupados, los individuos acogidos a los ERTE. Este singular instrumento se ha convertido en una válvula de escape para encubrir o, mejor, para paliar de manera artificial el volumen real de desempleo y, al margen de otros efectos quizá deseables, constituye una patada hacia adelante del problema.

Un porcentaje significativo de los ertistas es improbable que se reincorporen a la actividad laboral a la vista de la negativa evolución y perspectivas de la economía y, es muy probable, que otro número relevante de los que se han incorporado a aquella sean despedidos en los próximos trimestres por la persistencia de la crisis.

A ese tenebroso panorama es preciso añadir dos factores adicionales de suma importancia. Por un lado, hay unos 255.000 empleos estacionales que no se han creado a raíz de la recesión; por otro, el número horas trabajadas, quizá el indicador de mayor poder explicativo para conocer el comportamiento del mercado de trabajo ante la confusión generada por la EPA ha caído un 22,6 por 100.

En otras palabras, el escenario laboral es mucho peor que el reflejado por los datos oficiales. En consecuencia, no hay motivo alguno para ser optimistas respecto a la trayectoria del binomio empleo-paro en el horizonte del medio plazo.

Esta historia no es una novedad. La economía española no logra reducir hasta los niveles existentes en otros estados desarrollados su nivel de desempleo durante los auges y aquel se dispara cuando entra en recesión.

Esto no obedece a ninguna una maldición bíblica ni es una consecuencia del azar o de del modelo productivo, sino tiene una causa directa y fundamental: la rigidez del mercado laboral que, a pesar de la reforma de 2012 se sitúa entre los menos flexibles de la OCDE. Este hecho no ha sido corregido por el actual Gobierno, sino que se ha agudizado de una forma sustancial desde los comienzos del presente ciclo recesivo y por razones puramente ideológicas.

Con una habilidad-desparpajo extraordinarios la coalición gubernamental amenaza o amaga con derogar la reforma laboral y numerosos sectores de la opinión respiran aliviados porque gracias a Europa eso no ocurrirá. Ahora bien, esa creencia es un espejismo.

De facto, los cambios introducidos por el Gobierno del PP en el marco de relaciones laborales han desaparecido casi en su totalidad. Ya no rige la primacía de los convenios de empresa en la negociación colectiva; no se puede ejercitar el despido por causas objetivas; se ha reintroducido la ultraactividad y, eso sí, es posible realizar despidos improcedentes cuyo coste es el más alto de la UE.

En este contexto, la tendencia del paro será al alza y se consolidará en tasas muy abultadas cuando la economía se recupere. En materia laboral, este Gobierno sí puede dar al mundo una provechosa lección: evitar a toda costa seguir su ejemplo.