La crisis causada por la paralización económica derivada de la pandemia del Covid-19 ha reabierto el debate sobre si España será "rescatada" o no. Es un tema muy mediático y, desgraciadamente, también político, en un país donde la tendencia es a simplificar los debates políticos y reducirlos a peleas pueriles sobre "a ti te rescataron", "yo evité el rescate", o "el rescate está al caer".

Pero, ¿qué entendemos exactamente por "rescate"? Mucha gente habla de ello, pero casi nadie lo define. Aquí voy a intentar una definición: un "rescate" de un país (bail out) es un programa de apoyo financiero externo a un país que exige como contrapartida, más allá del compromiso de repago futuro, el cumplimiento de una serie de condiciones o medidas de política económica a corto o medio plazo, lo que se conoce como la "condicionalidad".

Tras la II Guerra Mundial se creó el Fondo Monetario Internacinonal (FMI) precisamente para que acudiera en ayuda de los países que sufrieran crisis de balanza de pagos, evitar los impagos de deuda externa o defaults o las salidas inflacionistas de las crisis de balanza de pagos basadas en fuertes devaluaciones.

De 1973 a 1988 tuvieron lugar más de 69 rescates de países en desarrollo por parte del FMI, cuyo impacto fue posteriormente estudiado por un equipo de la propia entidad dirigido por Mohisin Khan, director para Medio Oriente y Asia Central de dicho organismo.

El balance de esta primera etapa de rescates fue bastante positivo. Se trataba de planes con objetivos muy concretos: evitar la crisis de balanza de pagos y las hiperinflaciones, es decir, acompañar las devaluaciones necesarias para ajustar el déficit externo de medidas de restricción fundamentalmente monetaria (subidas de tipos de interés).

Los problemas vinieron después, en los años 90, con la aparición del llamado "Consenso de Washington", en el que se empezó a incluir una fuerte condicionalidad a los programas de rescate en América Latina. Y ello pese a que muchas de estas crisis cambiarias habían sido provocadas por la fijación del tipo de cambio de las monedas, las "dolarizaciones", que habían sido promovidas, entre otros, por muchas cabezas pensantes de dicho “Consenso de Washington”.

La condicionalidad, al contrario de los 80, se basaba no sólo en medidas de ajuste monetario, sino en verdaderos programas de "reformas" que incluían la desindustrialización de los países, el recorte de programas sociales básicos, incluyendo la Sanidad y la Educación, la apertura comercial no gradual y la privatización de buena parte de los servicios que en Occidente seguían en manos públicas.

Este tipo de condicionalidad produjo un fuerte aumento de la desigualdad, provocó un auge del populismo, desencadenó una ronda de defaults y no favoreció el crecimiento a largo plazo de la región. Es decir, justo lo contrario de la razón de ser del FMI desde su creación: ser un prestamista de última instancia que favorezca la provisión de liquidez y la estabilidad financiera y económica a largo plazo en todos los países.

En la Tabla 1 presento algunas experiencias recientes de rescates de países. En la parte inferior de la tabla, la experiencia de algunos rescates llevados a cabo fundamentalmente en Asia durante la crisis de 1997 y el estallido del régimen de tipo de cambio fijo. También la de México en 1995, tras el llamado "efecto Tequila".

Al contrario de lo que ocurrió en buena parte del Cono Sur, estos rescates en Asia fueron exitosos. Su condicionalidad no llevó consigo medidas de asfixia económica, sino que tuvo un horizonte de largo plazo, potenciando la modernización de estas economías, el desarrollo de infraestructuras, incluyendo las turísticas, la industrialización y el avance tecnológico y el crecimiento de su renta per cápita y, por tanto, del bienestar social.

También lo fue el de México. Su principal objetivo fue incorporar a este país al NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, con los EEUU y Canadá. Contribuyó a favorecer la inversión extranjera que saneó y modernizó una anticuada banca nacional, de la mano, entre otros, de los principales bancos españoles. Se mejoraron las infraestructuras y el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. Y se posibilitó el desarrollo de una industria nacional.

Y en la parte de arriba de la Tabla 1 presento los principales rescates de la zona euro a partir de 2010, cuando los aumentos del endeudamiento público como consecuencia de la Gran Recesión de 2008 provocaron unos ataques de los mercados financieros que no encontraron respuesta por el Banco Central Europeo (BCE).

La respuesta de la Troika (BCE, Comisión Europea y FMI) fue aprobar unos planes de rescate de unos países que ya llevaban dos años de recesión, con fuertes ajustes fiscales (subidas de impuestos y recortes de gasto público) que agravaron y prolongaron la crisis económica.

Además de esta "condicionalidad de la mala", estos rescates no tenían un objetivo claro como los que había hecho el FMI en las cuatro décadas anteriores. Porque aquí, en teoría, no había problemas de "balanza de pagos".

El propio diseño de la unión monetaria suponía que se impedían los problemas financieros derivados de la existencia de déficit por cuenta corriente entre los estados miembros. Es decir, que los déficits exteriores son irrelevantes, como lo es el déficit exterior de Murcia, pongamos por caso, o de Minnesota u otro estado miembro de los EEUU.

Entonces, si no se trataba de corregir un problema de balanza de pagos, ¿qué pretendían estos planes de rescate? Claramente reducir el déficit y la deuda públicos. Es decir, lo que había sido un instrumento en los rescates financieros de los países en desarrollo por el FMI, en el caso de la eurozona se convirtió en un objetivo en sí mismo.

Un objetivo erróneo, además, porque es bien sabido que la política fiscal debe ser anticíclica, nunca procíclica. Es decir, se debe permitir el endeudamiento en los momentos malos del ciclo y forzar los ajustes en los momentos de bonanza. Justo lo contrario de lo que se hizo en 2010-2012. Condicionalidad de la mala.

En la Tabla 2 presento los resultados de esos planes de rescate en términos de este implícito objetivo de deuda pública. Los rescates fracasaron porque hundieron a las economías que los recibieron, provocando una espiral de deterioro de las cuentas públicas. También contribuyeron a que se desplomara el PIB nominal (caída del PIB real y deflación), elevando las ratios de déficit y deuda pública que tienen a esa variable en el denominador.

Salvo Irlanda, que consiguió una modesta reducción de la ratio de deuda pública, lo cierto es que a los cuatro años de su implantación, los planes de rescate fueron un fracaso rotundo, en lo que se refiere al objetivo que perseguían.

Grecia, pese a unos ajustes brutales que pusieron al país al borde de la salida del euro, no redujo su ratio de deuda pública. Portugal, Chipre y España los elevaron significativamente. Los casos de España y Chipre son llamativos, pues terminaron 2011, después e tres años seguidos de recesión con pinchazo de burbuja inmobiliaria, con una ratio de deuda pública inferior a la de Alemania y Francia.

¿Cuál es, entonces, el criterio que justifica la condicionalidad de estos programas de rescate para unos países y no para otros? De la tabla se deduce que, una vez se levantaron los criterios de ajuste fiscal y empezó a actuar el BCE con su expansión cuantitativa incondicional, los ratios de deuda de los países se redujeron, aunque no al mismo ritmo en todos ellos. Irlanda y Portugal fueron los más exitosos. España no ha hecho un buen papel, pero no peor que el de Italia y Francia, que no sufrieron rescate.

España no ha hecho un buen papel, pero no peor que el de Italia y Francia, que no sufrieron rescate

En la última columna de la Tabla 2 se recogen las previsiones que ha publicado recientemente el FMI, en su Fiscal Monitor 2020, para la deuda pública de los diferentes países de la zona euro, duramente castigados por la crisis del Covid-19.

Debería haber financiación incondicional para todos ellos, a través del BCE o de los instrumentos de reconstrucción europeos que están pendientes de aprobación. Pero, en caso de haber programas de rescate, estos no deberían tener "condicionalidad de la mala", es decir, obligar a hacer ajustes fiscales (subidas de impuestos, recortes de gastos) a corto plazo como en 2010-2012.

Ejemplos de "condicionalidad de la buena" serían poner condiciones para que estos países inviertan bien el dinero recibido, más allá del gasto sanitario. Es decir, a invertir en proyectos que contribuyan a la modernización de nuestra economía y el aumento de nuestra productividad, que es nuestro problema crónico.

Entre otros, inversión en I+D, en la transición ecológica, en un buen modelo educativo, en la digitalización, en el apoyo a una industria competitiva, la modernización de nuestro sector turístico y el apoyo a la industria agroalimentaria productiva. Y es que el problema no es el rescate, sino su condicionalidad. Porque, como en el colesterol, hay una "condicionalidad mala" y una "condicionalidad buena".