Ante una pandemia, cualquier Gobierno tiene el derecho y el deber de solicitar el respaldo de la oposición y de la opinión pública, por encima de las diferencias partidistas, para combatirla. Algo muy distinto es recabar o exigir un apoyo acrítico a su política para enfrentar el impacto económico del Covid-19. La lealtad institucional ante una emergencia sanitaria no está reñida con la reprobación de un programa inadecuado para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía nacional ni para impulsar una recuperación rápida cuando aquella finalice.
España se va a enfrentar al mayor shock económico experimentado desde la Guerra Civil, mucho más intenso que el que desencadenó la Gran Recesión. El Covid-19 no constituye una amenaza gravísima, sino una dramática realidad que se va a materializar con toda su virulencia. Ahora, lo que está en juego, no es un breve ajuste recesivo, hecho inevitable, sino la entrada en una fase de depresión: una contracción intensa de la producción, del empleo y de la renta seguida por un largo período de estancamiento.
La naturaleza del shock, sus efectos combinados sobre la oferta y sobre la demanda, es inédita. Por un lado, la disrupción de las cadenas de valor interrumpe la producción de las empresas y su facturación, lo que pone en peligro su supervivencia si su estructura de costes no desciende. Por otro, la disminución de la demanda, causada por el confinamiento de la población, agudiza aún más la contracción de la oferta. Entender esto era y es vital para diseñar una estrategia económica efectiva.
La lealtad institucional ante una emergencia sanitaria no está reñida con la reprobación de un programa inadecuado
En ese escenario, las acciones orientadas a impulsar la demanda no sirven, no afectan a los determinantes esenciales de la parálisis del consumo y de la inversión privada. La política fiscal ha de limitarse a dejar funcionar los estabilizadores automáticos y concentrar sus esfuerzos en el ámbito sanitario y la monetaria ejercer de prestamista de última instancia para evitar un credit crunch. Ello implica actuar de manera contundente sobre la oferta: reducir las cargas sociales, fiscales y regulatorias de las empresas. De lo contrario, gran parte del tejido empresarial desaparecerá y se tardará mucho tiempo en salir de la crisis.
El Plan de Emergencia Económica del Gobierno no es efectivo ni para atenuar la intensidad de la caída ni para sentar las bases de una reactivación post Covid-19. No introduce ninguna disminución real de la carga tributaria de las compañías, ni siquiera durante la crisis (la postpone). Las cuotas a la Seguridad Social sólo se eximen de manera temporal y a cambio de mantener el empleo y las medidas destinadas a facilitar las flexibilidad interna de las empresas adolecen de excesos burocráticos y de plazos potencialmente muy largos para su ejecución. Así, por ejemplo, los procesos para suspender contratos o reducir jornada pueden dilatarse casi un mes. En este marco, las empresas preferirán despedir a mantener empleo y utilizarán los ERTES como transición hacia el despido definitivo.
España se va a enfrentar al mayor shock económico experimentado desde la Guerra Civil
El Gobierno anuncia la mayor movilización de recursos de la historia económica: 200.000 millones de euros. En la práctica, la inyección real de gasto público son 6.600 millones de euros. El resto de las medidas no supone una inyección de liquidez, sino la idea (buena) de habilitar un sistema de garantías de hasta 100.000 millones de euros para suministrar liquidez a las empresas, cuya operativa está pendiente de concreción. Ello se complementaría con una aportación del sector privado, 83.000 millones de euros, que no se especifica de donde saldrán. Tampoco añade recursos a la actividad, errónea afirmación del presidente del Gobierno, los 14.000 millones de euros derivados de la postergación en el pago de las obligaciones tributarias… A los 3,2 millones de autónomos se les aplica directamente una eutanasia darwinista. Los ejemplos podrían ampliarse mucho más, pero no parece necesario.
Con la previsible evolución de los acontecimientos y con esta política económica, proyectar una trayectoria en V -caída/rápida recuperación- es una ficción. Todo sugiere un perfil cíclico en L; esto es una intensa caída de la actividad seguida por un periodo de estancamiento. Quizá parezca antipatriótico, pero tenemos el peor Gobierno posible, en el momento más inoportuno. Entonemos el eterno lamento orteguiano: "No es esto, no es esto".
