Como si de la crónica de una muerte anunciada se tratara, la UE enterró la denominada ‘tasa Google’ después del bloqueo efectuado por Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) corroboraron la falta de unanimidad necesaria para crear un impuesto europeo que grave la actividad de las multinacionales digitales y ahora sus impulsores fían su adopción en el futuro a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para finales del próximo año.

En este sentido, la OCDE vela por el cumplimiento de los tratados de doble imposición y por evitar que en el tráfico internacional se produzcan supuestos de sobreimposición (doble imposición, por ejemplo) o de desimposición. En realidad, hay una tela de araña de convenios internacionales que evitan que esto suceda, por lo que si cada Estado -de forma unilateral- empieza a crear tributos independientes que graven una determinada renta, se podría llegar a gravar una misma renta en 2 estados, o a deslocalizar actividades para evitar el impuesto, con la consiguiente destrucción de empleo que conllevaría.

Un trabajo, en esta línea, es el que ya está realizando la Unión Europea para crear un Impuesto sobre Sociedades Consolidado para todos los miembros de la UE, pero resultaría prácticamente imposible alcanzar un acuerdo que permitiera que las empresas declararan en Europa un IS por sus rentas europeas. Y, de haberlo, tampoco afectaría a las compañías que fueran residentes fuera de la UE. Es decir,el problema seguiría sin resolverse.

"La forma de luchar contra la evasión fiscal ya existe, y está en determinar cuál es el valor que cada compañía aporta en cada fase de la cadena de valor"

Sin embargo, en el imaginario colectivo merodea la opinión de que hay empresas que, gracias a su capacidad de deslocalización, son capaces de crear una estructura que les permite pagar pocos impuestos en ciertos territorios. Pero la forma de luchar contra la evasión fiscal ya existe, y está en determinar cuál es el valor que cada compañía aporta en cada fase de la cadena de valor, y los Precios de Transferencia (Transfer Pricing) u Operaciones Vinculadas, como se les llama en España, ya se encargan de evitar que el trabajo realizado por una empresa en un Estado no sea objeto de la oportuna retribución. 

En otras palabras, con la utilización adecuada de las herramientas disponibles a nivel nacional e internacional, no haría falta crear nuevos impuestos; pese a que resulte más sencillo imponer un 'forfait' para que todas las compañías abonen una cantidad fija, de manera que se recaudaría más rápido, se evitarían conflictos y, de paso, se llenarían las arcas del Estado. Y es que si los Tribunales decidieran posteriormente tumbar la regulación ya serían otros los obligados a devolver el dinero.

En resumidas cuentas, si Google España es una mera intermediaria de la publicidad que consigue clientes para su matriz o su grupo -que acaba de recibir una multa de Bruselas de casi 1.500 millones por prácticas abusivas en su negocio publicitario- y que es objeto de retribución por su función, no se le puede hacer tributar por la venta total de publicidad que hace la matriz en nuestro país, con sus propios medios, ya que en ese caso habría que permitir también que Google España se dedujera los gastos de la matriz fuera de España y que le facilita tener esa estructura que posibilita vender servicios publicitarios en todo el mundo. Gravar sólo los ingresos es querer ver únicamente una parte de la realidad. 

La llamada 'tasa GAFA' (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon) era una de las propuestas estrella del Gobierno, que sigue erre que erre con su implantación, como ya ha expresado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, al asegurar que España no renuncia a adoptar un impuesto por ciertos servicios digitales a escala nacional y que la medida estaría incluida en los Presupuestos Generales de Estado que presentaría Pedro Sánchez si volviera a formar un nuevo gabinete tras las elecciones generales del próximo 28 de abril.

España fue pionera al crear, en solitario, un impuesto a los gigantes digitales que facturen más de 750 millones en el mundo y más de tres millones en nuestro país, para recaudar unos 1.200 millones de euros. Pero este impuesto naufragó al no encontrar tierra firme en la que anclarse y sostenerse. Y es que la solución sería crear un Impuesto de Sociedades mundial, que luego se distribuyera en de cada país, en función del margen neto de ventas. Pero esta situación ni siquiera se vislumbra en el horizonte largoplacista. De ahí que lo escrito sobre este impuesto pudiera haberlo firmado García Márquez, pues no ha sido más que la crónica de una muerte anunciada. Habrá que esperar hasta finales de 2020 para comprobar si resucitará... o ver lo que nos deparan las próximas elecciones.

* Abel García es socio de Life Abogados.